AXEL MANCINI

María Inés Brandt, socia del Departamento de Impuestos de Marval O’Farrell Mairal, presentó las claves del nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa, promulgada a principios de julio y efectiva desde su publicación en el Boletín Oficial, busca transformar el panorama de inversiones en el país.

"El RIGI representa un avance significativo con tres pilares clave: incentivos integrales a nivel tributario, aduanero y cambiario; estabilidad regulatoria por 30 años; y un sistema eficiente para proteger derechos internacionales", explicó Brandt durante su intervención en el encuentro organizado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

Brandt detalló los requisitos para adherirse al RIGI, que incluyen la formación de Vehículos de Proyecto Único (VPU) como SA y SRL; Sucursales de sociedad extranjera, Sucursales Dedicadas,  UTEs y otros contratos asociativos. Además, destacó que las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) tendrán un tratamiento tributario diferente bajo el régimen.

Brandt explicó que "existe un piso de inversión, según sector, que se va a reglamentar por el ejecutivo entre US$ 200 y US$ 900 millones y en los primeros dos años hay que invertir el 40 por ciento del monto comprometido".

El régimen considera como “Grandes Inversiones” a  proyectos de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas que cumplan con un grupo de características:

+ El proyecto de inversión debe revestir el carácter de largo plazo.

+ Debe involucrar una inversión mínima en activos computables igual o superior a US$  200 millones que debe cumplirse dentro del plazo propuesto por el adherente y aprobado por la autoridad de aplicación.  El Poder Ejecutivo está facultado a incrementar ese monto mínimo de inversión por sector, subsector o etapa productiva hasta US$ 900 millones

+ El Poder Ejecutivo determina un porcentaje mínimo de inversión que se debe cumplir dentro de los primeros dos años de desde la aprobación de la solicitud de adhesión. Ese porcentaje debe ser, al menos, del 40 % del monto mínimo de inversión. Excepcionalmente, el Poder Ejecutivo puede reducir dicho porcentaje hasta el 20 %. 

Sí la inversión en activos computables es igual o superior a US$ 1.000 millones y permite posicionar a la Argentina como nuevo proveedor de largo plazo en mercados en los que aún no tenga participación relevante, puede ser calificada como de “Exportación Estratégica de Largo Plazo” y obtener los beneficios e incentivos adicionales.

Las inversiones en activos computables son las que se realizan a partir de la entrada en vigencia de la Ley y que consista en la adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos afectados a actividades incluidas en el RIGI; para el desarrollo del proyecto de un VPU adherido. El cálculo de la inversión en activos computables debe analizarse caso por caso ya que se establecen distintas limitaciones

Uno de los aspectos innovadores del RIGI es la estabilidad cambiaria por 30 años y la protección contra cambios normativos desfavorables, con la posibilidad de aplicar la norma más beneficiosa vigente.

Para asegurar la efectividad del régimen, Brandt subrayó la importancia de la reglamentación y la designación de la autoridad de aplicación, así como la necesidad de coordinación con entidades financieras para garantizar las inversiones.

Con respecto a las expectativas regionales, Brandt mencionó que las provincias que adhieran al RIGI no podrán imponer nuevos gravámenes locales a los proyectos, salvo tasas por servicios específicos y bajo ciertas condiciones.

El régimen también contempla mecanismos de solución de conflictos, permitiendo a los inversores recurrir a arbitrajes internacionales si no se logra una solución amistosa en el ámbito nacional.

"El RIGI presenta una serie de incentivos significativos que buscan fomentar la inversión y el desarrollo sostenido en el sector minero. Entre los aspectos más destacados se encuentra la estabilidad cambiaria garantizada por 30 años y la protección contra cambios normativos adversos, adaptándose siempre a la normativa más beneficiosa vigente", afirmó Brandt.

Además, detalló ampliamente los incentivos fiscales que acompañan al RIGI: "Tenemos una alícuota fija del 25% en el impuesto a las ganancias para los beneficiarios del RIGI, lo cual representa una ventaja significativa frente a la estructura impositiva progresiva estándar. Además, se permite la amortización acelerada de activos como minas, canteras y otras infraestructuras, lo que ayuda a reducir el impacto inicial en los primeros años de operación".

Una de las innovaciones más destacadas es el tratamiento de los quebrantos fiscales: "Los quebrantos pueden ser actualizados por el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y transferidos en el tiempo sin límite temporal. Incluso pueden ser monetizados después de cinco años si no se han absorbido fiscalmente", explicó, subrayando la flexibilidad y la optimización de recursos que ofrece este régimen.

Por otra parte, el encuentro también abordó los beneficios adicionales en los pagos al exterior y la estabilidad jurídica garantizada por el RIGI: "Los proyectos bajo este régimen están protegidos contra cambios normativos desfavorables y disfrutan de exenciones de derechos de importación y otras cargas tributarias locales", indicó Brandt.

En cuanto a los mecanismos de resolución de conflictos, Brandt destacó la inclusión de cláusulas que permiten resolver disputas de manera ágil y efectiva: "Se puede recurrir a la justicia local, federal o incluso al arbitraje internacional sin necesidad de agotar previamente la vía administrativa, lo cual agiliza considerablemente los procesos".

Para finalizar, se llegó a la conclusión de que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) representa una oportunidad única para impulsar inversiones estratégicas y generar empleo en Argentina, marcando un nuevo hito en los esfuerzos del país por atraer capitales y fomentar el desarrollo económico sostenible.

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