SOLOFO RAKOTOSEHENO

Las abundantes reservas de cobre y cobalto de la República Democrática del Congo han captado una atención generalizada, particularmente en medio del aumento de la demanda de tecnologías bajas en carbono durante la última década.

Se dice que el país representa el 70% de la producción mundial de cobalto y el 9% del cobre. Si los proyectos mineros se gestionan bien, los beneficios económicos potenciales para el país son grandes. Sin embargo, el sector minero de la República Democrática del Congo ha sido objeto de un escrutinio considerable, y últimamente destaca un proyecto específico de cobre y cobalto. 

En 2008, el proyecto Sicomines (abreviatura de minería chino-congoleña) generó grandes esperanzas para el país. El acuerdo fue firmado entre el gobierno de la República Democrática del Congo y un grupo de inversores chinos, que obtendrían una participación del 68% en la empresa conjunta de cobre y cobalto.

A cambio, la parte china construiría carreteras y hospitales financiados con los ingresos de la minería. Con una inversión valorada inicialmente en US$ 3.000 millones, el acuerdo fue considerado un símbolo de la excelente cooperación entre ambas naciones, denominado por la prensa como el “contrato del siglo”.

Años más tarde, sin embargo, el público congoleño empezó a tener dudas sobre los resultados del proyecto. Surgieron dudas sobre si se estaban cumpliendo las promesas de infraestructura y si el acuerdo realmente benefició al país.

Para abordar estas preocupaciones, el grupo de múltiples partes interesadas EITI de la República Democrática del Congo (ITIE-RDC) encargó un estudio para evaluar el acuerdo. Publicado en diciembre de 2021, el estudio llegó a la dura conclusión de que el acuerdo de empresa conjunta presentaba "un daño sin precedentes en la historia de la República Democrática del Congo".

Denunció el desequilibrio en la distribución del capital (32% para el gobierno congoleño), un estudio de viabilidad sesgado como base de la decisión de inversión y una infravaloración de las reservas de cobre.

Proyectos de infraestructura críticos siguieron sin realizarse, mientras que una modificación del contrato de 2017 –que no se reveló hasta después del plazo legal– desvió ganancias a los accionistas en lugar de reembolsar primero las inversiones, como se planeó inicialmente. A pesar de conceder exenciones fiscales bajo el supuesto de reembolso, el proyecto no cumplió con sus obligaciones.

Meses antes de la publicación del informe, el presidente Tshisekedi de la República Democrática del Congo ya había expresado su deseo de renegociar los contratos desequilibrados en favor de “acuerdos en los que todos ganen”.

Impulsado por el debate en torno al proyecto y las conclusiones del ITIE-RDC, instruyó a sus departamentos (el Ministerio de Minas y, más tarde, la Inspección General de Finanzas, un organismo de auditoría del sector público) a investigar el acuerdo de 2008 que dio origen a las Sicomines, así como los correspondientes anexos y modificaciones. También creó una comisión chino-congoleña encargada de encontrar un mejor equilibrio de intereses, con contribuciones de ITIE-RDC.

Los hallazgos del estudio de ITIE-RDC informaron y luego fueron corroborados por la auditoría de la Inspección General de Finanzas, lo que impulsó las renegociaciones con los inversores chinos. El informe destacó que las empresas chinas habían obtenido casi US$ 10.000 millones en ganancias, mientras que la República Democrática del Congo recibió a cambio sólo US$ 822 millones en infraestructura.

Se alcanzaron nuevos acuerdos, en particular tras la visita del presidente Tshisekedi a China, donde, según se informa, el proyecto se debatió al más alto nivel en mayo de 2023.

En enero de 2024, el gobierno de la República Democrática del Congo anunció que había aumentado con éxito el presupuesto de infraestructura de US$ 3.000 millones a US$ 7.000 millones gracias al acuerdo renegociado con inversores chinos, lo que supone un aumento sustancial con respecto al acuerdo original.

La quinta enmienda al acuerdo inicial se firmó este mes. Se espera que los préstamos, que cubren tanto el capital inicial como los intereses devengados, se paguen en 2028, antes de la renegociación de la nueva estructura de capital social de las Sicomines.

Si se gestiona bien, el acuerdo podría presentar una oportunidad formidable para el desarrollo económico en la República Democrática del Congo, que tiene una población de casi 100 millones y es considerada una de las naciones más pobres del mundo.

El caso demuestra el papel influyente que puede tener la EITI. Al alinear sus esfuerzos con las prioridades nacionales, ITIE-RDC aprovechó las divulgaciones del EITI para realizar análisis y estimular el debate público, con el objetivo de informar políticas que fortalezcan la movilización de ingresos, garanticen una distribución equitativa de recursos y fomenten el desarrollo sostenible.

Sin embargo, persisten desafíos. Han surgido preocupaciones en torno a la transparencia del nuevo acuerdo y si los nuevos términos realmente presentan un acuerdo favorable para el país. A medida que avanza el proyecto, el EITI sigue preparado para mantener su papel como mecanismo de rendición de cuentas, garantizando la supervisión de múltiples partes interesadas y fomentando la transparencia en beneficio de los ciudadanos congoleños.