PABLO ICARDI

El gobierno de Mendoza impulsa la actividad minera; nuevamente. Como ocurrió en 2005, en 2007, en 2012 y en 2019; hay un plan para motivar a esa industria con pasos que van desde cambios administrativos, hasta una sectorización particular.

Jimena Latorre concentra gran parte de la responsabilidad porque tiene a su cargo la promoción de la actividad y también el control. Al defender el plan, Latorre asegura que no se promoverá una actividad "netamente extractivista" y que se convocarán a todos los sectores involucrados. 

- ¿Qué van a hacer distinto para tener otros resultados con la minería, teniendo en cuenta los antecedentes?

- La verdad es que Mendoza tiene una historia minera que no hay que olvidar. Las primeras minas de Paramillos, en la Cordillera, son de la época de San Martín. Tenemos una trayectoria que fue truncada porque faltó la visión, la estrategia y la decisión política para hacer las cosas dentro del marco de las normas para desarrollar una actividad productiva. La Provincia tiene la oportunidad y sobre todo la obligación de poder desarrollarla. No estamos en una situación en la que podamos despreciar ninguna oportunidad productiva.

- Pero no es a cualquier costo

- Estamos obligados por las normas a que sea con sostenibilidad; económica, ambiental y social. Creo que nos va a servir para la reactivación de la minería, encararla con las normativas ambientales que se exigen internacionalmente y que condicionan las inversiones. Ese concepto que se tenía de la empresa que venía y arrasaba con todo, se llevaba la riqueza y dejaba diezmado el territorio, que es el concepto típico de una economía extractivista, hoy está condicionado y vedado en todo el mundo. Esos condicionamientos también tienen que ver con la factibilidad económica de las empresas.

Las sociedades tienen que estar preparadas para recibir a las actividades productivas, no solo a la minería. Esto quiere decir que tenemos que tener el ecosistema productivo, el capital humano. La industria no viene, extrae el recurso y se va…sino que llega, se inserta, genera un valor agregado, una riqueza que queda. Eso es lo que queremos a largo plazo en Mendoza. Esto es a largo plazo: lo que vemos en San Juan es producto de 40 años de exploración.

- ¿Cómo va a ser el camino para desarrollar la exploración y luego el resto?

- La política minera que planteamos tiene acciones concretas que se tienen que concretar en la masa exploratoria que pensamos. Tiene que haber un volumen importante de exploración para escalar al siguiente peldaño, que es la producción. Esto que ha generado tanta riqueza en San Juan es lo que tenemos que poner en marcha en Mendoza.

Primero hay una planificación estratégica, que surgió desde el sector privado, porque lo hizo el Consejo Empresario Mendocino. Primero la geología, que la tenemos. La educación, la infraestructura, la gobernanza. Ninguna sociedad está preparada per se para ejecutar una industria y que no pase esto del extractivismo sino que sea una industria que agregue valor.

- ¿Hay mensurado el impacto económico que pueda tener en Mendoza este camino de la exploración?

- Hay que diferenciar de otras industrias, como los hidrocarburos. Nosotros estamos en una fase previa, que es explorar. No va a haber producción todavía, entonces no habrá regalías. Pero sí actividad económica. Ya tenemos cuatro proyectos que están explorando en Mendoza: Cerro Amarillo, El Burrero, Las Choicas y la Adriana.

Cerro Amarillo tiene una inversión de 20 millones de dólares en servicios, en el campamento. Acá no hay montaña dinamitada, ni caminos arrasados. Es una perforación, la apertura de caminos que luego sirven. Hay externalidades positivas de la minería. Si nosotros lográramos en 4 años tener 8 proyectos de exploración tendríamos como mínimo esos 20 millones por cada uno.

LOS CONTROLES
- ¿El Estado tiene la capacidad de control? ¿Qué garantías van a construir para la ciudadanía?

- Los controles son una garantía para la ciudadanía, sino también para las inversiones. Ese concepto de que la falta de control beneficia a las empresas, no es así. El mercado de capitales no funciona así. La mejora en los estándares de calidad, se pagan. Tienen que rendir cuentas en esas certificadoras. Estamos en una situación auspiciosa, es una oportunidad de reforzar los controles que nos corresponden.

La policía ambiental, la policía minera que se va a reforzar. Estamos trabajando desde la organización interna de la Dirección de Protección Ambiental, unificando el cuerpo de inspectores y trabajando en forma conjunta con el Ministerio Público, que acaba de crear las fiscalías ambientales. Estas fiscalías deberían trabajar en coordinación con los inspectores ambientales que ya tenemos ordenados. Vamos a tener ese doble control, ese control cruzado.

-Al Estado le falta músculo para controlar porque es una actividad que tenga trayectoria para controlar

-Hoy la ciencia ha avanzado mucho. Hay métodos de obtención de información que ahorran recursos y tiempo. Se puede tener cartografiado todos nuestros acuíferos, los cursos de agua, la infiltración. Es algo en lo que estamos trabajando. Los procedimientos le dan intervención a Irrigación y a Hidráulica. Tener información nos va a hacer más eficiente en los controles.

El Distrito Minero es un polígono donde se identifican más de 30 pórfidos de cobre y más de 200 permisos, que no significan que todos van a salir a explorar. El padrón te muestra que hay 200 permisos que hoy no están invirtiendo para explorar. Entonces este distrito toma una zona minera para hacerlo y luego cada una debería cumplir el informe de impacto ambiental. El hacerlo en conjunto y no por separado, permite tener estudios más profundos.

No es lo mismo ver una foto que toda la película. Tener los datos de los glaciares, la zona periglaciar, las comunidades, todo lo que hay alrededor. Nos da una información muy valiosa, una riqueza que no tendría de otro modo. Quienes se han mostrado como detractores no están viendo la complejidad positiva de tener estudios profundos de nuestra geología, la hidrología, por ejemplo.

- ¿Cómo van a ejecutar de manera particular cada exigencia o proyecto si se hace un estudio general?

- Una de las cosas que queremos cambiar es que el padrón sea público. Es una locura que hoy tengamos reservada esa información. Hay que pedir un pedido, acreditar interés…es arcaico. Lo que yo quiero es un link en la página de la dirección de minería donde se pueda saber qué propiedades hay, quién es el propietario…El recurso es de la provincia.

Todos estos estándares de transparencia también lo miran desde afuera. Que el padrón sea secreto, también pesa en el riesgo. El riesgo propio de la minería es encontrar o no mineral; todo el resto, como la demora en los permisos, que tenga que andar pagando en el camino para conseguir información…eso no debería existir. Esos son los estándares que se evalúan.

- Entonces están un paso más atrás porque hay un desorden importante

- Son acciones simultáneas. Si yo quiero ordenar el padrón minero, tengo que separar la paja del trigo, el que quiere invertir del que hace especulación. Por eso vamos a exigir que haya inversiones para separar el que quiere trabajar y el que especula.  

- ¿No puede haber trabas legales por presentar en una sola Manifestación de Impacto Ambiental todos los proyectos?

- No es inconstitucional porque en realidad ni la ley de ambiente, ni la 7722, exigen que sea de un solo proyecto. El Código que proponemos incorporamos una figura que tomamos de Río Negro que habla de Proyectos Mineros, con un marco más grande, que podemos tomar como un masterplan, donde quedan incorporados varios proyectos. Y en el Distrito Minero Malargüe si bien Impulsa Mendoza lo va a liderar, vamos a invitar a los propietarios a que sumen el mayor detalle posible de cada uno para darle más precisión al estudio.

- ¿Quién es el garante de esos estudios, del proyecto?

- Impulsa Mendoza es el garante del masterplan. Luego todo el procedimiento se aplica a cada proyecto. Cada uno va a hacer un aviso de proyecto específico. Es como una actualización de la DIA.

- ¿Sin pasar de nuevo por la legislatura?

- Claro. La legislatura evalúa los criterios de la DIA, eso ya va a estar aprobado. SE va a auditar cada proceso. Tienen que ir a la autoridad de aplicación, presentar su plan de inversión, de trabajos, la declaración jurada de buenas prácticas, la vinculación con la comunidad.

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