Luego de realizar un análisis del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda, los gremios empresariales elaboraron un contundente informe que contiene la mirada empresarial sobre los cuatro ejes del documento del gobierno: propuesta tributaria, crecimiento económico, eficiencia del gasto público y mejor cumplimiento tributario.

En su informe, los gremios señalan que valoran que la autoridad recoja en su discurso la importancia del crecimiento y afirman que las propuestas de impulso económico van en general en la dirección correcta, aunque no son suficientes para el nivel y velocidad de reactivación que hoy se requiere. 

Plantean, de hecho, que la economía chilena se encuentra estancada, lo que golpea directamente a las personas, y agregan que “para que las chilenas y chilenos recuperen su bienestar, se creen empleos de calidad y los salarios vuelvan a crecer a una mayor velocidad, es urgente que Chile vuelva a crecer más y de forma sostenida, y para ello, es indispensable reactivar la inversión”.

PROPUESTA TRIBUTARIA Y CRECIMIENTO
Como alternativa a la propuesta del gobierno, los gremios empresariales presentaron una agenda pro crecimiento y de convergencia tributaria, que permitiría a nuestro país ser competitivo en esta materia con países vecinos y de la OCDE y, de esta forma, atraer nuevas inversiones.

Chile tiene una importante brecha tributaria con la OCDE en la tasa del impuesto corporativo, un 27% versus el 23,5% promedio de esos países. Además, los inversionistas nacionales enfrentan un impuesto total al capital que alcanza un 44,45%, generando una enorme disparidad con un inversionista extranjero que, dependiendo de su domicilio tributario, paga un 35%.

Así, la propuesta empresarial apunta a:

+ Reducir el impuesto de primera categoría de 27% al 23% (prácticamente el promedio de la tasa de impuesto corporativo en los países OCDE).

+ Avanzar en la reducción del impuesto total que paga el capital, de manera que converja desde el tope actual de 44,45% a 35%, que es la tasa que enfrentan inversionistas extranjeros en nuestro país, cifra bastante más alineada con el mundo desarrollado.

El presidente de la CPC, Ricardo Mewes, indicó que “para incentivar la inversión, el crecimiento, el empleo y mejorar la calidad de vida de las personas, es fundamental que nuestro sistema tributario sea competitivo en materia de las tasas y cargas tributarias del capital, lo que no ocurre desde hace 10 años. Reducir la carga máxima que enfrentaría una empresa o inversionista que se embarque en un nuevo proyecto de inversión nos permitiría tener tasas similares a los países OCDE o nuestros vecinos, lo que sería un importante incentivo a las inversiones que hoy tanto necesitamos”.

Si bien esta propuesta no es fiscalmente neutra, ya que la rebaja del impuesto de primera categoría en 4 puntos porcentuales implica 0,3% del PIB adicional a lo propuesto por el Gobierno, el documento plantea que se podrían explorar esquemas mitigadores. Por ejemplo, que una parte de la diferencia de 12 puntos porcentuales entre el impuesto de primera categoría (23%) y la tasa marginal máxima (35%) se pudiese recaudar anticipadamente por la vía de gravar los dividendos o retiros de utilidades, generando que todos estos pagos sean 100% crédito para efectos del máximo de 35%. De considerarse un impuesto al dividendo, se debe poner atención en aquellos contribuyentes que por sus rentas personales se encuentren bajo el 35% máximo de impuestos, de manera que no se vean afectados por esta propuesta.

ESFUERZO EN GASTO PÚBLICO
En materia de ahorro y reasignación de gasto público, de acuerdo con el informe solicitado a la OCDE, que arroja un total de solamente 0,11% a 0,13% del PIB como factible de ser ahorrado o redestinado, los gremios empresariales califican este objetivo de insuficiente y piden un mayor esfuerzo en ese sentido.

La presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, explicó que “como país necesitamos responder a los anhelos y necesidades de las personas en materias tan sensibles como seguridad, salud, educación y pensiones. Esto exige contar con un sector público más eficiente y moderno, que pueda responder a estas sentidas demandas. En este contexto, debiésemos apuntar a un esfuerzo mucho mayor en materia de ahorro o reasignación del presupuesto público”.

Al respecto, el documento menciona un estudio del BID y otro del Consejo Fiscal Autónomo que abordan áreas de ineficiencia del gasto público, como programas mal evaluados y duplicación de funciones en el aparato estatal. También se advierte de la gran cantidad de días de licencias en el sector público respecto del privado. Una disminución en esta línea podría llevar a importantes ahorros.

COMBATE A LA INFORMALIDAD Y EVASIÓN
En cuanto al pilar de cumplimiento tributario, los gremios relevan la importancia de reducir la informalidad y atacar con fuerza la evasión, ya que afectan fuertemente la recaudación tributaria y, con ello, los recursos fiscales para la provisión de derechos sociales y otras prestaciones del Estado.

El documento señala que la evasión se combate con medidas como la simplificación de trámites y reducción de costos de formalización, el aumento de la fiscalización, la promoción de los beneficios de la formalidad, el impulso a la educación y capacitación, la bancarización de las transacciones comerciales, y una mayor fiscalización y control.

“Sin perjuicio que las cifras de evasión tributaria del 5% del PIB anunciadas por el informe solicitado por Hacienda a Michel Jorratt, nos parecen poco fundamentadas, creemos que antes de seguir subiendo las tasas impositivas a quienes cumplen con sus obligaciones, se debe enfocar el esfuerzo en la captura de estos recursos que representan casi 10 veces lo que se recaudaría con el aumento de tasas que propone el proyecto de reforma tributaria del Gobierno recaudaría”, señalaron.

MODERNIZACIÓN Y PERMISOLOGÍA: HACERSE CARGO DE LOS PROYECTOS MÁS CRÍTICOS
Una de las iniciativas clave para reimpulsar la inversión y retomar el crecimiento económico es avanzar en una modernización y reforma al proceso de tramitación de permisos sectoriales, para lo cual el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley.

Al respecto, los gremios empresariales señalan que, si bien comparten los objetivos y la estructura general del proyecto, aún es necesario conocer mayores detalles, para tener una evaluación más certera de su capacidad para simplificar, agilizar y dar mayores grados de previsibilidad al otorgamiento de permisos sectoriales.

Por otra parte, el rediseño integral de un sistema de otorgamiento de permisos debe hacerse cargo de manera más directa de algunos permisos que son los más críticos a la hora de embarcarse en un proyecto de inversión, como los de concesiones marítimas o los relacionados con el Consejo de Monumentos Nacionales. Agregan que es relevante también que esta reforma sea armónica y coherente con las modificaciones propuestas a la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.

30 MEDIDAS SECTORIALES QUE NO IMPLICAN ALZA DE GASTO PÚBLICO
Adicionalmente, los gremios empresariales proponen un conjunto de 30 medidas sectoriales, que no implican grandes alzas de gasto público, son en su mayoría administrativas o de fácil despacho legal, y constituyen un incentivo a la inversión, el empleo y la productividad.

1. Reducir los tiempos de tramitación de proyectos para la obtención de una RCA identificando causas de suspensión de la evaluación, aplicación gradual de guías, instructivos y criterios (sin retroactividad), generar indicadores de desempeño y de cumplimiento, ordenar las competencias del SEA, etc.

2. Limitar el alcance de materias objeto de la evaluación ambiental, robusteciendo el rol del SEA y emitiendo un instructivo de limitación de pronunciamientos de las direcciones regionales y los Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.

3. Incorporar mayor proporcionalidad, mesura y costo-efectividad en la evaluación ambiental ajustando los estándares de información en función de la envergadura y monto de inversión del proyecto.

4. Agilizar la elaboración de líneas base, particularmente en la obtención de permisos asociados al levantamiento de información.

5. Asegurar un mejor proceso de elaboración de los Informes Consolidados de Evaluación para evitar interpretaciones.

6. Evitar contradicciones entre direcciones nacionales y regionales en reclamaciones administrativas en el SEIA vía instructivo.

7. Implementar recomendaciones de consultores ambientales.

8. Incorporar el concepto de flexibilidad en la interpretación de la vida útil de los proyectos.

9. Evitar iteraciones innecesarias que extienden plazos de evaluación, anticipando preocupaciones, contratando profesionales externos para reducir stock de permisos pendientes, establecer criterios de evaluación unificados, etc.

10. Ampliar la definición de empresa mediana a 1.000.000 UF de venta anual efectiva para construir un nuevo destinatario de políticas públicas de fomento productivo.

11. Establecer un fondo de financiamiento tripartito para las pymes y eximir del impuesto a la renta a las ganancias por intereses y venta de los derechos en el fondo por parte del inversionista.

12. Activar concesiones y obras públicas mediante acuerdos complementarios y otras medidas.

13. Reducir la informalidad financiera, considerando, entre otros, revisar la metodología de la Tasa Máxima Convencional.

14. Facilitar la evaluación de proyectos que aumenten la disponibilidad de agua, ampliando el límite de 50.000 m3 para que los embalses para riego y agua potable no requieran pasar por el SEIA.

15. Incluir proyectos vinculados a la transición energética como necesidades públicas impostergables, para que así reduzcan su tiempo de tramitación.

16. Fomentar las exportaciones y la imagen país, además de impulsar la atracción de turistas extranjeros.

17. Fortalecer el ingreso reglado de inmigración extranjera y ampliar el porcentaje máximo de extranjeros que pueden trabajar en una empresa.

18. Redefinir la pequeña minería en el SEIA, homogeneizando el umbral de ingreso al SEIA con definición utilizada en ley de Royalty.

19. Incentivar la exploración para la pequeña minería, particularmente en su fase de mayor riesgo, que es la exploración.

20. Crear fondos para el fomento de la pequeña minería adecuada al universo actual de actores en el rubro.

21. Mejorar el uso de propiedad minera de ENAMI vía opciones de compra, arriendos y joint ventures.

22. Simplificar procedimientos para proyectos mineros que extienden su vida útil, evitando o simplificando el reingreso al sistema de evaluación ambiental.

23. Destrabar pagos a empresas contratistas a través de la constitución de mesas de trabajo público privadas sectoriales y regionales.

24. Prorrogar la vigencia de permisos de edificación que vencerán en 2024.

25. Agilizar el procedimiento de recepción definitiva ante la DOM, permitiendo llevar adelante procesos en paralelo.

26. Incentivar el Registro Voluntario de Contratos Agrícolas.

27. Acortar los tiempos para la acreditación y pago de los proyectos de riego.

28. Establecer como criterio para compensaciones ambientales, soluciones técnicamente idóneas, en ciclos productivos distintos, y considerando el equilibrio económico del proyecto.

29. Mantener para las concesiones de acuicultura existentes en áreas protegidas las actuales condiciones de operación y tramitación, en tanto no se verifique la implementación total y definitiva de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

30. Resolver administrativamente aspectos que pueden impulsar un crecimiento sostenible de la industria de la salmonicultura.