En reciente comunicado, los fiscales especializados en materia ambiental de Madre de Dios se pronunciaron frente a las iniciativas orientadas a facilitar la minería informal e ilegal en desmedro de los intereses nacionales.

Los firmantes manifestaron su preocupación por la decisión del Congreso de la República de abrir nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), según lo contemplado en el dictamen que reúne a los proyectos de Ley 2172, 2519 y 3621.

En opinión conjunta, advirtieron que esta medida desnaturaliza su carácter excepcional y temporal, siendo perjudicial para la sostenibilidad del país y beneficia a la minería ilegal.

“Llevamos desde el año 2002, un proceso de formalización eterno, donde los operadores, asesores y representantes de los mineros informales, aducen lo «complejo del proceso» como una imposibilidad para lograr la formalización (…) o utilizan la excusa de que esta vez sí será posible lograrlo”, se lee en el oficio.

No obstante, los fiscales refutaron que a la fecha existen mineros que sí lograron resultados y que los argumentos de las anteriores ampliaciones solo desincentivan la formalización.

OTRO OBSTÁCULO
Asimismo, expresaron su preocupación por la aprobación por insistencia por la Comisión de Energía y Minas del proyecto de Ley 2715-2022, que modifica el Decreto Legislativo 1100, el cual regula la interdicción de la minería ilegal, y modifica los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7.

Según los fiscales, esta norma debilita el mecanismo de interdicción al incluir un procedimiento más que puede dilatar y comprometer las investigaciones del delito; además de poner en riesgo sus vidas cuando realizan labores en zonas de alto peligro y sumamente distante.

“Instamos al Congreso de la República su no aprobación y al Poder Ejecutivo, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Defensa y Ministerio de Interior, a estar atentos ante la insistencia de aprobación de esta norma que fuera observada por el Poder Ejecutivo”, amplía la carta.

SIN RECURSOS
También, expusieron que el personal dedicado a las acciones de interdicción no cuenta con los recursos económicos y logísticos para la custodia y traslado de maquinaria intervenidos en actos de minería ilegal, pues éstas se realizan en lugares con poco acceso y bastante alejados.

Por este motivo, los fiscales señalaron que trasladar esta competencia a los gobiernos municipales y regionales, que tampoco cuentan con dichos recursos para la disposición y traslado, debilitará este mecanismo frente a la lucha contra la minería ilegal.

“La propuesta atenta contra la autonomía del Ministerio Público y el carácter reservado de estas operaciones, puesto que todo operativo de interdicción tendría que ser previamente comunicado y coordinado con los gobiernos regionales y municipales, y de no darse estas condiciones logísticas tendrían que ser frustrados”, finaliza el comunicado.