ALESSANDRO AZURÍN

La meta de llegar a los 11.000 mineros formalizados en el 2022 se alcanzó, sin embargo, el camino aún es largo. Para este año los objetivos están centrados en sincerar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de acuerdo a Alberto Rojas, director de la Dirección de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

El funcionario brindó detalles de la hoja de ruta que han trazado en la cartera hasta el 31 de diciembre del 2024, fecha en la que el proceso de formalización minera termina.

Un proyecto de ley específico para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) es su principal apuesta. Realizar inspecciones en campo, junto a las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM), de todas las mineras suspendidas del Reinfo, el 80% del total de inscritas, también está en su radar.

LA PROPUESTA LEGISLATIVA
En noviembre último, se aprobó la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030 mediante un decreto supremo. Un paso significativo para el proceso de formalización, de acuerdo a Rojas de la DGFM.

Con ese respaldo normativo, la dirección del Minem ya está trabajando un proyecto de ley específico para este proceso que tendrá a la política aprobada como inspiración.

“Es la primera vez que se hará un proyecto sobre la base de una política. Con eso buscamos impulsar una ley con enfoque integrador que solucione de manera definitiva y no extemporáneamente, ni estableciendo plazos, el tema delicado de la MAPE”, asegura Rojas.

¿Qué incorporará esta iniciativa? El primer punto será incluir mecanismos para facilitar el acceso a la titularidad minera, principal cuello de botella de la problemática de formalización.

Uno de ellos sería establecer que los terrenos retornen al Estado si se constata que no son explotados. “Puede evaluarse. También hay que considerar incentivos y desincentivos. Por ejemplo, revisar el aumento de la vigencia de las concesiones y penalidades. Estarán en discusión”, puntualiza el funcionario del MINEM.

Además, otro factor clave será impulsar la celeridad en la evaluación de los documentos para acreditar el cumplimiento de requisitos por parte de los mineros. “Hay casos que son rapidísimos. En tres meses la autoridad regional emite la resolución, pero también he visto que, por carga documental, se pueden demorar el doble”, afirma Rojas sobre el estado actual del trámite.

La propuesta también precisaría medidas para la comercialización de oro, uno de los minerales más extraídos por la minería ilegal. “La idea es generar un mecanismo de trazabilidad. Es decir, que puedas saber dónde se extrae, hacia donde lo exportan, y conocer a todos los actores de esa cadena de valor”, explica Rojas.

El MINEM aún no tiene una fecha para entregar el proyecto al Legislativo, pero la idea es hacerlo antes de la fecha de caducidad del proceso legal de formalización minera: 31 de diciembre de 2024. Previamente, el borrador de la iniciativa sería prepublicado para recibir comentarios.

“No vamos a esperar hasta el último día para presentarlo. Sabemos que el Congreso también tiene sus tiempos para aprobar y debatir”, dice el director de la DGFM.

A FAVOR CON PROYECTO DEL CONGRESO
Si bien el MINEM trabaja un proyecto de ley, el Congreso de la República también elabora propuestas para la formalización minera. El pasado 5 de mayo la Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que propone que la inscripción al Reinfo se reabra por 90 días una vez entre en vigor de ser respaldada en el pleno de Parlamento.

El Reinfo es un proceso extemporáneo para la formalización que existe desde el 2012. De aprobarse la medida del Congreso, no sería la primera vez que el Legislativo extiende la duración del proceso o abre inscripciones al registro. Lo hicieron antes en el 2019 y 2021.

El dictamen establece tres nuevos requisitos para acceder al Reinfo, entre los que se encuentra tener el título de concesión minera. Esta novedad ha permitido que el MINEM respalde la propuesta legislativa, a diferencia de los periodos previos.

“Las anteriores aperturas simplemente abrían el Reinfo sin respetar derechos de terceros. Ahora el Congreso ha establecido plazos para que ingrese ya un minero formal. Prácticamente solo queda que la región reviste los documentos y lo declare como tal. Los requisitos más difíciles ya estarían superados”, explica Rojas sobre el respaldo ministerial.

Aunque reconocen el trabajo del Parlamento, el foco del Minem seguirá siendo afinar su propio proyecto de ley para formalizar la MAPE.

EL PANORAMA ACTUAL
Como se adelantó en Gestión, el 80% de los mineros inscritos en el Reinfo están suspendidos. Es decir, están cerca de ser excluidos del proceso de formalización. Sin embargo, esto no significa que no se haya avanzado desde la creación del registro hace 11 años.

Un momento clave en su historia se dio en 2021, cuando la DGFM impulsó la separación del registro por las categorías “vigentes” y “suspendidos”, mediante un decreto supremo. “Antes de esa norma, colocábamos en el mismo bolso a todas las personas que avanzaban en el proceso y las que no. Ni 3,000 mineros contaban con un instrumento ambiental. Ahora son más de 16,000 vigentes. Eso es realmente un avance”, destaca Rojas.

El funcionario también asegura que este 2023 es un año histórico para las DREM porque cuentan con mayores recursos para fiscalizar concesiones suspendidas. 

“Durante los últimos 10 años se transfería en promedio S/ 7.5 millones para formalización minera. Este año, por primera vez, hemos gestionado que se duplique la cifra”, afirma el director de la DGFM.

Con ese presupuesto potenciado, Rojas asegura que este año fortalecerán el sinceramiento del Reinfo junto a las DREM en una “segunda etapa” realizando mayores visitas a campo para constatar que los suspendidos del registro no sigan operando.

Además, están fomentando la especialización de la MAPE. El último viernes la comunidad campesina Llacuambamba recibió la certificación ISO 9001 de Bureau Veritas por cumplir con los estándares más altos de calidad para la comercialización de minerales.

Esta comunidad campesina obtuvo su resolución de inicio de actividades en 2015, siendo la primera de su tipo en realizar actividad minera. Actualmente la conforman más de 1,230 comuneros y genera más de 2.000 puestos de trabajo directo.