Después de 30 años y dos días antes de las PASO finalizan los contratos de las hidroeléctricas de Argentina y hace tiempo generan un "tire y afloje" en el gobierno.
El eje está en que la nueva licitación no quede a manos del gobierno que asuma en diciembre y apuntan a una estrategia de nacionalización. Están en juego las represas del Comahue -los primeros en vencer- que incluye a las hidroeléctricas Alicurá (1000 MW), operada por AES; El Chocón (1220 MW) y Arroyito (20 MW), administradas por Enel; Planicie Banderita, operada Orazul, y Piedra del Águila, bajo la concesión de Central Puerto -vence el 29 de diciembre-.
En este panorama, el grupo de exsecretarios de Energía, integrado por Emilio Apud, Julio C. Araoz, Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raul Olocco, recomendó que se prorrogue la concesión por un año, para darle tiempo a la próxima administración para analizar la situación.
Entre las cinco centrales suman una potencia instalada de 4170 megawatts (MW), que representa el 10% del total de la oferta de energía eléctrica del país.
El grupo de exsecretarios de Energía indicó que interesa focalizarse en las cuatro centrales de gran porte ubicadas en la zona del Comahue, en las provincias de Río Negro y Neuquén, integrado por las centrales hidroeléctricas: El Chocón; Planicie Banderita, Alicurá y Piedra del Águila, donde el vencimiento de los plazos es inminente.
En noviembre el senador Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley para gestionar de manera estatal las siete represas eléctricas de Neuquén, Chubut y Río Negro. El proyecto de Parrilli ordena que “ENARSA deberá asociarse con las provincias del dominio del recurso hídrico comprometido en los aprovechamientos hidroeléctricos referidos en el artículo precedente, a través acuerdos bajo las condiciones y parámetros que las partes convengan”. Como opción, la inciativa abre la puerta para que se pueda “incorporar la participación del capital privado”.
“Estas centrales de gran porte reúnen alrededor de 4000 MW y cumplen un rol importante en el abastecimiento del sistema interconectado nacional. La operación de dichas centrales se realiza conforme lo establece el despacho nacional de cargas operado con la empresa Cammesa”, explicó el grupo en un comunicado.
“Debe ponerse de manifiesto que el grupo de centrales hidroeléctricas mencionado tiene una antigüedad de 50 años, en el caso de las Centrales el Chocón y Planicie Banderita, de 40 años en el caso de la Central Alicurá y de 30 años en el caso de la Central Piedra del Águila. Ello implica que al menos el 50% de dichas centrales ha cumplido su vida útil y el 25% la cumplirá en los próximos 10 años. Para prolongar esa vida útil, será necesario afrontar cuantiosas inversiones, como es de práctica habitual en este tipo de emprendimientos”, agregó.
“El actual Gobierno, a pocos meses de finalizar su mandato, pretende adoptar una actitud extemporánea, que condicionará al próximo. En efecto, ha anunciado que nacionalizará las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones están próximas a vencer, incorporándolas a los activos de Enarsa y con participación de los gobiernos provinciales”, advirtieron.
“Esta decisión es inconducente e inconsistente, ya que Enarsa no está en condiciones técnicas ni económicas. Tampoco reúne la experiencia para operar ni para proyectar y llevar adelante las grandes inversiones que demandará la extensión de vida de centrales del tipo del Chocón o Planicie Banderita”, agregaron.
Pidieron que la decisión debe ser tomada en el marco de la política energética del próximo gobierno por la trascendencia y los efecos en el largo plazo y así se contará con el tiempo suficiente para adoptar una meditada y racional decisión
“Además, durante el plazo de prórroga contractual de un año se deberán realizar auditorías técnicas a los efectos de determinar el estado real de las instalaciones y definir las inversiones necesarias para extender la vida útil de las centrales”, concluyeron.
