El Perú ha registrado una de las mayores reducciones de pobreza y desigualdad en el continente en los últimos 20 años. Esto es producto del crecimiento inclusivo que creó más oportunidades a los hogares de menores recursos y permitió que la clase media se consolidara como el sector social más importante por primera vez en la historia del Perú.

Dicho avance fue impulsado por diversas actividades económicas, entre ellas, la minería. El enorme potencial minero es una de las más grandes oportunidades de desarrollo para el Perú. Esta actividad no solo ha permitido el surgimiento de otros sectores y la creación de empleos de calidad en las zonas de influencia, sino que también ha contribuido notablemente a las cuentas fiscales.

La falta de capacidades técnicas en el Estado, así como múltiples casos de corrupción de dominio público, han impedido que los enormes recursos generados por el crecimiento económico, especialmente en el caso del sector minería, se traduzcan en beneficios concretos para la ciudadanía. Esto ha sido agudizado por la fragilidad institucional producto del modelo de descentralización que se ha intentado en el Perú. 

CRECIMIENTO INCLUSIVO
El crecimiento económico peruano de las últimas décadas ha sido inclusivo. Entre 2001 y 2019, el Perú registró uno de los mayores incrementos del PBI por habitante en América Latina junto con significativas caídas de pobreza y desigualdad.

Estas mejoras han ocurrido en todas las regiones del país. Incluso considerando el retroceso producto de la pandemia, 19 de las 24 regiones disminuyeron su pobreza a la mitad entre 2004 y 2021, acompañado de una clara reducción de la desigualdad. En particular, un reciente estudio del Banco Mundial indica que el 85% de la reducción de la pobreza se atribuye al crecimiento económico.

La minería ha tenido un papel clave en ello. Dicha contribución también ocurrió a nivel regional, desde un aporte del crecimiento de 64% a la menor pobreza en Pasco hasta 96% en Loreto, según un estudio de Nikita Céspedes (2017).

IMPORTANCIA DE LA MINERÍA
La minería es uno de los principales motores de crecimiento del Perú: representa el 60% de las exportaciones, 11% de la inversión privada, 11% de la producción nacional, 8% de los ingresos fiscales y casi 5% de empleo del país.

Según cálculos del IPE, la minería formal empleó 230 mil trabajadores de forma directa y cerca de 1.9 millones de trabajadores adicionales a través de los fuertes encadenamientos productivos con otros sectores. De esta manera, la minería contribuye con la creación de puestos de trabajo de calidad en sus zonas de influencia.

La actividad minera también ha contribuido al desarrollo y la competitividad regional. Según un estudio de Norman Loayza (2016), los hogares ubicados en distritos productores de minerales tienen mayores niveles de consumo y menores probabilidades de caer en pobreza.

El caso de Apurímac evidencia los efectos de la entrada en operaciones de un proyecto de gran envergadura. Con el inicio de Las Bambas en 2016, el PBI por habitante de Apurímac se multiplicó por 2.4 veces hasta alcanzar niveles cercanos al promedio nacional. Como resultado, la pobreza pasó de 38.2% a 28.3% entre 2016 y 2021.

En el mismo periodo, la pobreza en otras regiones del sur como Ayacucho apenas se redujo de 37.5% a 36.0%. Además, Apurímac presentó una mejora en la competitividad regional, al escalar del puesto 20 de un total de 25 regiones, a la posición 15 en el Índice de Competitividad Regional (INCORE) en el mismo periodo.

DESAPROVECHAMIENTO DE RECURSOS GENERADOS
Según el FMI, la minería en el Perú tiene una carga fiscal de 41% de sus utilidades, muy por encima del 30% que paga el resto de las actividades económicas. Esto se debe a que, además del impuesto a la renta, la minería paga otros impuestos, gravámenes y regalías especiales.

De esta manera, los ingresos fiscales producto de la actividad minera sumaron cerca de S/120 mil millones en las últimas dos décadas. Gran parte de estos recursos se encuentran bajo responsabilidad de las municipalidades y gobiernos regionales y vienen registrando un fuerte incremento en los últimos meses.

Se calcula que en 2022 y 2023, las transferencias vía canon y regalías a los gobiernos subnacionales sumarán más de S/20 mil millones, lo que resulta equivalente a lo transferido durante los cinco años previos (2017-2021). Ello hace más urgente repensar la distribución y ejecución de estos recursos que se traduzcan en mayor bienestar social.

Sin embargo, la falta de capacidades de los funcionarios públicos y los numerosos casos de corrupción han impedido que dichos recursos se traduzcan en un cierre más acelerado de brechas en los servicios públicos. 

Sobre lo primero, la evidencia indica que cuanto mayor sea el monto transferido vía canon y regalías mineras a los gobiernos subnacionales, menor es el porcentaje de ejecución. En ese sentido, difícilmente se lograrán construir capacidades técnicas y asegurar la continuidad de las políticas públicas si es que, por ejemplo, más de un tercio de los funcionarios de las municipalidades está contratado bajo locación de servicios o si el gerente general de un gobierno regional dura apenas un año en el cargo.

Por otro lado, solo en el 2019, la Contraloría General de la República (CGR) encontró que uno de cada tres funcionarios designados en cargos de confianza tras el cambio de autoridades subnacionales no cumplía con los requisitos mínimos para sus puestos. Además, 18 de los 25 gobernadores regionales electos entre el 2018 y 2022 terminaron siendo investigados por corrupción, y cinco de ellos fueron vacados por motivos que van desde delitos de colusión agravada hasta la participación en redes criminales.

En agregado, el desperdicio anual por el uso redundante o improductivo de los recursos públicos se encontraría entre S/11 mil millones y S/16 mil millones, según estimaciones del BCRP. Ello equivale, aproximadamente, a la recaudación fiscal por minería en 2022 o el presupuesto público del gobierno nacional 2023 en educación.