KAREN PEÑA

Al rojo vivo está el conflicto que se gatilló por una carta enviada el 3 de febrero por un grupo de nueve empresas -entre ellas, Acciona Energía, EDF Renewables Chile, Ibereólica, Mainstream Renewable Power y GPG-Naturgy- al ministro de Energía, Diego Pardow, en la cual proponen una modificación en la normativa vigente de tarificación de la energía renovable para evitar una subinversión e insolvencias.

Luego que el 6 de marzo la Asociación de Generadoras de Chile se involucrara en el debate en una misiva dirigida al Ministerio, rechazando la propuesta y advirtiendo que la idea "adolece de graves deficiencias", el grupo de firmas que buscan las modificaciones arremetieron nuevamente. Esta vez, a través de una carta enviada el jueves al ministro Pardow en que se hacen cargo de los dardos lanzados por el gremio.

En la misiva, a la que tuvo acceso DF, no solo responden las críticas del gremio, sino también solicitan a Pardow someter a consulta pública, a la brevedad posible, la modificación de los artículos 166 y 167 del DS 125/2017 para "restablecer parcialmente los incentivos del modelo marginalista que permiten la consecución del óptimo social en el mercado eléctrico. Y, a la vez, facilitar la descarbonización de la matriz eléctrica nacional y una transición energética justa".

"Nuestra propuesta no produce los efectos adversos de largo plazo que describe Generadoras, debido a que la misma es de alcance transitorio y acotado, entendiendo que es necesario un cambio definitivo del modelo de formación de precios en el mercado de generación eléctrica, necesidad que toda la industria eléctrica comparte, y que debe permitir la mayor y oportuna integración de energía renovable en Chile", se defienden las empresas en el documento, agregando que "llama la atención que Generadoras apele a las mejores prácticas internacionales cuando es en Chile donde las empresas de energías renovables están en situación de insolvencia a diferencia de otros países".

Y lanzaron: "Es muy necesario aclarar que la carta de Generadoras adolece seriamente de sustento técnico". En este punto aluden a que los estudios que se mencionan fueron publicados los años 2018 y 2020 y en ningún caso consideraron los actuales escenarios de operación del sistema, por lo que -dicen- "no resultan de utilidad alguna para recomendar u oponerse a la implementación de una solución transitoria a la realidad que vive el mercado eléctrico de generación". De no tomarse medidas para gestionarla, recalcan, "provocará importantes efectos sobre el avance de la transición energética de Chile".

A través de una extensa carta, las empresas creen "indispensable" aclarar que la propuesta de cambio reglamentario, lejos de venir a alterar los fundamentos del mercado contenidos en la normativa vigente, "está basada justamente en los fundamentos originales del modelo marginalista, tal como fue concebido en la Ley General de Servicios Eléctricos el año 1982", época en la que -según dicen- no existían tanto unidades generadoras de Energía Renovable No Convencional (ERNC) como una alta presencia de unidades generadoras térmicas permanentemente despachadas a mínimo técnico con una inflexibilidad operacional muy alta pagada por los otros agentes del mercado.

Según explican, "la operación a mínimo técnico no obedece a un despacho en el mercado marginalista, sino por el contrario, impone la generación de plantas térmicas que afectan la tarificación a costo marginal, lo mismo que un esquema de pagos laterales para compensar los costos de operación que no son cubiertos con los costos marginales".

"Esto sí es una alteración arbitraria del mercado marginalista que compensa a las plantas termoeléctricas inflexibles que no están disponibles para entrar/salir de servicio durante el día", puntualizan.

A juicio de las firmas, esta diferencia entre la realidad existente a la fecha de concepción del modelo y la que se vive en estos días, redunda en que el modelo de tarificación imperante "esté totalmente desadaptado y desactualizado respecto de la composición de tecnologías que actualmente operan en el sistema eléctrico nacional".

En concreto, apuntan a que, dado que el modelo marginalista fue concebido para una realidad basada en una matriz hidro-térmica y que en su origen jamás contempló la existencia de operaciones a mínimo técnico, "los fundamentos del mismo se ven totalmente alterados en la actualidad, lo que provoca graves distorsiones que no permitirán que el modelo alcance ni la solución socialmente óptima ni la descarbonización de la matriz energética nacional".

Junto con reiterar que la propuesta de cambio reglamentario aplicaría transitoriamente por un período acotado a definir, indicaron que correspondería a un ajuste más de los que ya se han hecho al modelo de tarificación marginalista.

Incluso, agregan, con un alcance jurídico de mayor rango al aplicado para el caso de la inflexibilidad del GNL, pero cuyos efectos, dicen, a diferencia de lo que ocurre con la inflexibilidad del GNL que solo se enfoca en ayudar a las empresas que disponen de activos que operan con GNL, "tiene por objeto evitar que se detenga la transición energética de Chile soportando la continuidad operativa de todas las empresas de energías renovables, así como asegurar que nuestro país continúe atrayendo la inversión extranjera para el desarrollo de nuevos proyectos ERNC".

Las firmas insisten a que es necesario que el Ministerio de Energía adopte "medidas urgentes para solucionar esta distorsión de mercado". 

"Si no se implementan medidas urgentes se podría llegar a detener la transición energética justa de nuestro país, toda vez que los 'windfall profits' que obtienen las principales generadoras convencionales son soportados por el resto de los agentes del mercado, llevando a algunas compañías renovables a situaciones financieras críticas llegando incluso algunas de ellas a tener que salir del mercado de corto plazo, independientemente de que aún continúen inyectando su energía renovable a la red, e incluso que el prestigioso Banco Alemán KfW, especializado en financiar proyectos de energías renovables por todo el mundo, haya solicitado la declaración de quiebra de un proyecto financiado por ellos en Chile", advierten.

ARGUMENTOS CRUZADOS
Las empresas se defendieron frente a los argumentos planteados por Generadoras de Chile. En cuanto a que la propuesta cambiaría las circunstancias económicas de largo plazo no consideradas a la hora de postular a la adjudicación de contratos con clientes regulados, las firmas indican que la iniciativa busca -por el contrario a lo señalado por el gremio- "restablecer los incentivos del óptimo social haciéndose cargo de una característica inherente a la actual operación del sistema eléctrico nacional, como es "la presencia de unidades térmicas operando a un mínimo técnico por razones de seguridad, circunstancia que no era esperable, en estas magnitudes, considerando que la planificación de la transmisión con holguras y las condiciones idóneas de un mercado eléctrico común, comprometidas en la Ley Nº29.936 del año 2016 no se han cumplido".

Asimismo, las firmas se defienden frente al argumento que habrá un impacto negativo que afecte a los clientes finales (libres y regulados). Por el contrario, aseguran que se reducirían los pagos que deben asumir los clientes libres del sistema eléctrico nacional y los costos de los suministradores de clientes regulados, causados por las operaciones a mínimo técnico de las unidades generadoras térmicas.

De implementarse la propuesta -enfatizan las empresas- se reduciría el costo del suministro eléctrico a los clientes libres en 4,32 US$/MWh y se reducirán los pagos laterales que deben asumir los generadores que suministran energía a los clientes regulados en 4,3 US$/MWh.