LUCIANA PAZ

Cosas raras si las hay en Argentina. A la seguidilla de cortes por la ola de calor que afectaron en particular a los usuarios de Edesur, el gobierno nacional no sólo impuso una denuncia penal contra la operadora sino que ahora la intervendrá por 180 días.

¿Lo raro? El Ente Nacional Regulador de la Electricidad, más conocido como ENRE, tuviera que haber fiscalizado todos estos años, sin la necesidad de una disposición judicial, lo que hacían las operadoras energéticas.

El martes por la noche el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a la secretaria de Energía, Flavia Royón, anunció la intervención administrativa por 180 días en Edesur, tarea que será fiscalizada por el ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

En todos los discursos sobrevuela la amenaza de la quita de concesión, justo meses después de que Enel, la italiana que maneja Edesur, anunciara la venta de los activos en Argentina -y Perú- por falta de rendimiento. 

¿Por qué no es viable la quita de concesión? Tan simple porque Enel tiene como comprobar la falta de inversión: los subsidios. La falta de ingreso por los subsidios impuestos por el gobierno nacional limitaban la realización de las obras necesarias y con esta información basta y sobra para ganar cualquier juicio ante tribunales extranjeros.

Jorge Lapeña, ex secretario de Energía, afirmó en un hilo de Twitter que "Si la empresa tenia que ser realmente intervenida debería haberse elegido otro camino; la intervención por un funcionario experto en manejo de grandes empresas de servicios públicos que emitiera un informe fundado sobre el funcionamiento de la compañía intervenida y sus causas. La intervención light que ha dispuesto el ministro Massa; para no tener problemas mayores después en el CIADI es inocua; y el Informe del intendente Ferraresi seguramente confirmará que el Gobierno kirchnerista no aplicó la ley de Marco regulatorio 24065 para gestionar el sector".

En comparación con otros servicios, internet por ejemplo, las tarifas energéticas se quedaron por debajo de la media y sostenidas por subsidios que sólo elevaban el gasto público y debilitaban la capacidad de inversión.

No por nada una de las medidas incuestionables del FMI es la quita de estos beneficios para darle más respiro a las cuentas públicas. Es así que nace el RASE y la famosa segmentación tarifaria, que además sirve como un pequeño control fiscal. 

En su proceso de salida, Enel ya había fichado a Central Puerto para venderle su participación en Central Dock Sud pero, dado los hechos de los últimos días, YPF -quien junto a PAE forma parte de la sociedad- ejerció su derecho y compró a la italiana su parte en la central adquiriendo así la mayoría accionaria.

Según dijo Massa en la reciente conferencia, el proceso de salida genera incertidumbre y es una de las causas por las que se tomó la decisión de intervenir.

Indicaron que se ejecutarán $2.700 millones de sentencia a modo de devolución por parte de la empresa a todos los usuarios del servicio que se vieron afectados por los reiterados cortes.

El Estado ya posee una veedora en la administración de la empresa. A todo esto ¿y el ENRE donde estuvo?, además de la auditoría en curso,  los supuestos años de "mala concesión" deberían haber sido controlados por el instituto para tal fin y así se podría haber evitado los más de 180.000 usuarios que fueron afectados por los cortes de las últimas semanas.