La ola de calor puso en evidencia el mal estado del sistema eléctrico argentino. La Secretaría de Energía instruyó al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) para que presente una denuncia penal contra los integrantes del directorio de Edesur por los delitos de malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas.

La alta tasa de subsidios a las facturas energéticas, impulsadas en continuidad por varios gobiernos, no sólo eleva el gasto público sino que restringen la posibilidad elevar las inversiones en infraestructura que permitan sostener un sistema decente. 

El economista Julián Rojo afirmó por Twitter que "Es un hecho relevante, de baja calidad institucional, que la Secretaría de Energía le instruya a un ente autárquico e independiente lo que debe hacer."

Días atrás se le solicitó al ENRE la realización de un informe técnico sobre el estado de la concesión de la empresa a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Concesiones de Servicios Públicos a los efectos de que ésta aconseje si corresponde dar por terminada la concesión de Edesur.

Cabe resaltar que en su última presentación de balance Enel confirmó la salida del país y por ende la venta de, entre otros activos, Edesur. 

Enel comunicó que la operación se llevará a cabo a través del banco Santander. Edesur tiene 2,6 millones de clientes y abastece de electricidad a siete millones de personas en el sur del área metropolitana de Buenos Aires (12 comunas de la Ciudad y 12 partidos de la provincia).

Walter Martello, interventor del ENRE, aclaró por Twitter que “El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informa que en virtud de la Resolución ENRE N° 237/2023, en los próximos 90 días elevará al Honorable Congreso de la Nación y a las autoridades competentes, el informe técnico resultante de la auditoría integral que dispuso la mencionada resolución y que evalúa el desempeño de la prestación del servicio público de distribución eléctrica por la empresa Edesur S.A y el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de concesión”

Y agregó que “La auditoría en curso considera la evaluación operativa y de gestión de la distribuidora que han derivado en la falta de atención en tiempo y forma de los reclamos de los usuarios y en la reposición del servicio, incumplimientos estos que, más allá de los indicadores globales e individuales de calidad, denotan cuestiones subyacentes que pueden afectar la continuidad de la concesión”.

Son muchos los años que la alta tasa de subsidios provocó que Argentina tuviera que importar energía para satisfacer la demanda cuando el país puede generarla pero no alcanza. A fuerza del FMI tal vez el plan de quita de subsidios beneficie al sistema.