Rómulo Mucho, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y ex viceministro de Minas, invocó al gobierno central a realizar un trabajo de inteligencia coordinado y eficiente para reconocer a los culpables que promueven y subvencionan las manifestaciones en diversas partes del país.

En Exitosa TV, declaró que vivimos en un contexto de violencia desmedida cuyas exigencias de elecciones generales y asamblea constituyente no son más que pretextos de un grupo minoritario radical que busca perjudicar el Estado de derecho y la economía nacional.

Consultado sobre quiénes podrían ser los verdaderos impulsores de las feroces protestas, conjeturó que posiblemente se hallen actores vinculados a la minería ilegal y al narcotráfico, aunque enfatizó que eso deberán determinarlo las autoridades de investigación.

Precisamente, en referencia al proyecto de ley que faculta a las Fuerzas Armadas a hacer uso de la fuerza en escenarios donde se enfrenten a la minería ilegal, además del narcotráfico, terrorismo y otros, mencionó que solo los resultados dirán si fue una medida acertada.

Asimismo, consideró que no hay asidero legal ni económico para reclamar la renuncia de la presidente Dina Boluarte ni el cierre del Congreso ni nueva Constitución, por lo que es necesario tomar alguna medida para repeler las manifestaciones y devolver la paz social.

Para Rómulo Mucho, el extremismo de las protestas se ha debido en gran parte a que en el gobierno del expresidente Pedro Castillo se sembró el odio entre personas, con mensajes que apelaron a la desunión y a la lucha de clases, apartando el diálogo como vía de entendimiento.

En ese sentido, criticó a los falsos dirigentes que solo fomentan el fraccionamiento territorial, la destrucción de bienes públicos y privados, la paralización de la economía y el bloqueo de las principales vías y actividades productivas, con apoyo de actores políticos internacionales.

Es así que señaló que es difícil de creer que detrás de las protestas se encuentren peruanos de bien, pues ellos están más preocupados por trabajar y muchos son amenazados para participar en estos eventos, como sucedió con los mineros de Chala en proceso de formalización.

Sobre lo último, aclaró que es preciso diferenciar al minero informal del informal, pues el primero opera en territorios prohibidos por el Estado, mientras que el segundo opera en posesiones ajenas sin la debida autorización y está representado en colectivos civiles.

Finalmente, recordó que como viceministro de Minas impulsó la ley 27651 para formalizar mineros pequeños y artesanales; sin embargo, no tuvo el efecto deseado, pues los gobiernos regionales encargados del proceso no contaron con los recursos ni las capacidades necesarias.

“Además, los precios de los metales fueron escalando, lo que despertó el interés de cientos de miles de peruanos que buscaron dedicarse a esta actividad (de minería artesanal y de pequeña escala,) para mejorar su economía y la de sus familias”, explicó Mucho.