JUAN SALDARRIAGA

El gobierno de Pedro Castillo pasará a la historia por sus iniciativas grandilocuentes e inefectivas, como la reforma agraria y las fallidas licitaciones de urea. No es el caso, sin embargo, de su propuesta para masificar el gas natural fuera de Lima (P.L. 679/2021), norma que ha recibido positivas críticas de los expertos en hidrocarburos.

Al menos, en su versión primigenia.

Y es que, desde que el proyecto fue remitido al Congreso de la República, en noviembre de 2021, ha experimentado una serie de modificaciones que han desvirtuado su espíritu original, cual es, “dar a las regiones la misma oportunidad que tienen Lima e Ica” de contar con un combustible barato para el transporte y los hogares, apunta Pedro Gamio, ex viceministro de Energía.

“Hablamos de pagar poco más de S/20 mensuales [por el servicio de gas natural] en vez de S/60 o S/70 por un balón GLP. Esa es la gran diferencia”, refiere el exfuncionario.

El problema es que esta diferencia es válida solo para los hogares de Lima e Ica, y no para los del resto del país, debido a que estos no reciben el gas natural por grandes redes de ductos sino a través de camiones cisterna (gasoducto virtual), modalidad de transporte que encarece las tarifas.

Como consecuencia, indica el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), existen “precios finales del gas natural muy diferentes a lo largo del territorio nacional”, que crean desigualdad y un potencial desincentivo del consumo.

De acuerdo a estadísticas del ministerio, el precio promedio del gas natural para un hogar limeño se ubica en US$ 11,2 por millón de BTU, mientras que el precio para un hogar en el sur y el norte del país asciende a US$ 19,1 por millón de BTU.

Esto es, una diferencia de 70%. Y otro tanto ocurre con las tarifas industriales, que son dos veces más altas en el norte y casi tres veces mayores en el sur.

PARCHES Y DEMORAS
Para eliminar estas distorsiones y promover la masificación del gas natural en las regiones, el gobierno de Pedro Castillo remitió al Congreso de la República el P.L. 679/2021, que “busca dos objetivos principales”, explica Renato Lazo, director de Energía ConTacto.

“Uno consiste en emplear los recursos del FISE, el SISE y el canon para construir y extender las redes de gas natural. Y otro es que las regiones paguen el mismo precio por el gas (tarifa nivelada) porque todas pagan más que Lima”, refuere el especialista.

De esta manera, Lima dejará de ser la única gran beneficiada con el uso de este energético, el más abundante y barato con que cuenta el Perú.

Hasta ahora, sin embargo, poco se ha avanzado en este esfuerzo. Y la razón, explica Lazo, es que la Comisión de Energía y Minas del Congreso viene demorando la aprobación del proyecto de ley con correcciones, muchas veces, innecesarias, como la que proponía excluir de los alcances de la norma a los concesionarios privados, medida que dejaba de lado a todas las regiones con servicio de gas natural.

“Otro absurdo fue el que limitó el beneficio a los usuarios más pobres, cuando se sabe que el mayor consumo [de gas natural] genera las economías de escala para financiar las conexiones de las familias humildes, ya que se trata de un subsidio cruzado”, anota Pedro Gamio.

Estas incongruencias fueron observadas por el Ejecutivo en agosto de 2022 y corregidas por la Comisión de Energía y Minas en un nuevo dictamen que fue presentado a debate el pasado 28 de diciembre, pero con nuevas modificaciones que vuelven a despertar la alarma de los agentes del sector gasífero.

La más perjudicial, a entender de estos, es la propuesta de la congresista Diana Gonzáles (Avanza País), la cual acota la implementación de la tarifa nivelada a los consumos menores a 100 mil m3 de gas natural por mes.

Esto significa que solo los hogares, los comercios y los usuarios de gas natural vehicular están incluidos, pero no las medianas ni grandes empresas, explica Walter Sciutto, gerente general de Contugas, concesionario del gas natural para la región Ica.

Francis Paredes Castro, congresista de Perú Libre, explicó la semana pasada que el objetivo de esta propuesta es “evitar que las grandes empresas se beneficien del subsidio que se va a dar para masificar el uso del gas natural”.

En la práctica, sin embargo, esta exclusión acarrearía adversas consecuencias para la competitividad de las regiones.

MODIFICACIÓN DISCRIMINADORA
Cabe recordar que el objetivo de la tarifa nivelada o tarifa estampilla es unificar las tarifas de todas las concesiones presentes y futuras de gas natural, para que sean igual de competitivas.

Para ello, la concesión que maneja el mayor volumen de gas natural, en este caso, la de Lima (Cálidda), deberá subsidiar a las demás concesiones en un monto que no supera los US$40 millones anuales durante el primer cuatrienio, según estimaciones del MINEM.

A entender de Erick García, ex director general de hidrocarburos del Minem, esto es “poco para lograr la masificación del gas a nivel nacional”, sobre todo, si se compara con los US$300 millones o US$400 millones anuales que demanda el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

De acuerdo al MINEM, esto se traducirá en incrementos anuales de entre 0,6% y 2,04% para los usuarios del servicio de gas natural en Lima y Callao. Y en incrementos más pequeños si la tarifa nivelada se acota a los usuarios con menos de 100 mil m3 de consumo mensual.

Tal, podría decirse, es el lado positivo de la propuesta congresal. La cara negativa es que esta modificación “atenta contra el desarrollo regional y el impulso de la masificación del gas natural”, advierte Quavii, empresa concesionaria para el norte del país.

¿Por qué la propuesta es negativa? En esencia, apunta Víctor Murillo, ex viceministro de Hidrocarburos, porque pone en inferioridad de condiciones a las industrias del interior del país que consumen más de 100 mil m3 por mes, versus sus pares de Lima que sí pagan un precio competitivo por este combustible, lo que constituye un abierto caso de discriminación.

La consecuencia, señala Murillo, es que las industrias de Puno o Arequipa no podrán replicar el precio más barato que se paga en la capital, por lo que “terminarán migrando a Lima o cerrando”.

Un segundo efecto negativo, agrega, es que la inexistencia de grandes consumidores (demandantes ancla) imposibilitará que se generen las economías de escala que, a la larga, “son las que pagan el consumo de los hogares, haciendo que se amplíe la base mediante los subsidios cruzados”. Como ocurre en Lima.

Lo peor de todo, remarca Lazo, es que no hay un estudio técnico que sustente que es mejor poner un techo de 100 mil m3 que uno de 17 mil m3 o uno de 900 mil m3.

“Esto va a generar mayor malestar social, sobre todo, en el sur del país, ahora que se está sacando a relucir el tema de la secesión”, refiere el especialista.

Así lo considera también Álvaro Ríos, socio fundador de Gas Energy y ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia.

UN TECHO PARA EL GAS
Ríos claro en señalar que la masificación del gas natural trae múltiples beneficios que, de haber sido aplicados con anticipación en las regiones más necesitadas del país, hubieran “atenuado la conflictividad social que estamos viendo”.

Entre estos beneficios se encuentran la creación de mano de obra, derivada de la construcción de redes de gas, la disminución de los costos de energía para hogares y comercios y, “lo más importante, el establecimiento de nuevas industrias”, indica.

En lo que respecta al norte del país el tema está claro: “Si tuviéramos una tarifa nivelada no conectaríamos 230.000 sino 470.000 hogares (al 20230)”, señala Juan Manuel Rojas, CEO de Quavii, concesionario para Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca.

Por estas consideraciones el MINEM ha propuesto a la Comisión de Energía y Minas fijar el techo para la tarifa nivelada en 900 mil m3 mensuales.

Esto es, el límite que separa a los consumidores regulados (menos de 900.000 m3) de los consumidores libres (más de 900.000 m3), caso de los generadores termoeléctricos, fundiciones y siderurgias.

Víctor Murillo considera, sin embargo, que esta sigue siendo una barrera discriminatoria que perjudica el desarrollo industrial descentralizado.

“Lo lógico es que se incorporen en la tarifa nivelada a todos los usuarios, libres y regulados, sin límites de consumo, porque eso es lo que se necesita para que la demanda de gas natural crezca. De lo contrario el Estado seguirá poniendo recursos”, concuerda Walter Sciutto.

La propuesta de poner un techo de 100 mil m3/mes a la tarifa nivelada es la más controversial de las modificaciones propuestas por el Congreso al P.L. 679, pero no la única.

¿INVERSIÓN PÚBLICA O PRIVADA?
Otra tiene que ver con el mecanismo de asignamiento de las nuevas concesiones de gas natural. Para esto, la Comisión de Energía y Minas recomienda priorizar la modalidad de “concurso de las empresas públicas y privadas”.

Esto es, lo contrario a lo señalado por el P.L. 679, el cual propone la figura de encargaturas a las empresas públicas (eléctricas y de hidrocarburos) para que sean estas las que administren los proyectos de masificación, a costo hundido para el Estado.

Es el caso de los proyectos de masificación para las regiones Ayacucho, Junín, Huancavelica, Apurímac, Puno y Ucayali, donde Pro-Inversión ha comprobado, a costa de infructuosos concursos público-privados desarrollados en los últimos quince años, que este mecanismo no funciona.

El ejemplo más conocido es el del proyecto Siete Regiones, que Pro-Inversión declaró desierto en 2020 tras un lustro de frustrados intentos.

“El dictamen del Congreso va a volver a hacer lo mismo que intentó hacer Pro-Inversión, lo cual significa que pasaran otros cinco o seis años en el intento de buscar inversionistas privados”, advierte Víctor Murillo.

Por esta razón, el exfuncionario recomienda incluir una disposición complementaria en el dictamen del Congreso donde se consigne que el MINEM puede proceder con los encargos especiales en las regiones donde “ya se hizo el trabajo de promover la inversión privada sin éxito”.

Un ejemplo es Ucayali, donde la eléctrica estatal Electro Ucayali ha mostrado su disposición a desarrollar la masificación.

La versión final del dictamen del proyecto de ley 679 será debatida hoy miércoles 4 de enero con los aportes del ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, y de representantes de Osinergmin y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).