LAURA VILLAHERMOSA

Según Víctor Gobitz, presidente y gerente general de Compañía Minera Antamina, para que el Perú supere la crisis política, será clave que Dina Boularte y su premier logren espacios de diálogo con todas las fuerzas políticas que permitan progresar a un sistema más maduro, con partidos políticos consolidados, menores en número y con dos cámaras legislativas.

El ejecutivo dio su punto de vista sobre la compleja coyuntura local y sus expectativas para superarla.

- ¿Cómo ve la nueva recomposición del Consejo de Ministros?

- Es positiva porque claramente el primer ministro tiene que ser un vocero que acompañe a la Presidencia de la República. Además, este vocero debe tener la capacidad no solamente de expresar las opiniones y de marcar la agenda, sino también de abrir el diálogo con otras fuerzas políticas. Creo que, la anterior persona (Pedro Angulo), profesionalmente pudo haber sido muy completa, pero no con esas cualidades.

- ¿Cómo diría que llega el Perú a la situación de crisis política actual?

- Somos una democracia en maduración. Tenemos atributos positivos, y hay una división de poderes marcada, que ha permitido responder de manera adecuada a la crisis que se está superando. Pero, por otro lado, somos conscientes de que, a nivel institucional, en el caso de los partidos políticos, necesitamos que estén mucho más consolidados, de manera que las diferentes corrientes de opinión sean representadas en dos, tres o máximo cuatro partidos.

Tenemos un Congreso con 14 o 15 organizaciones políticas y eso hace que su relación con el Poder Ejecutivo sea muy difícil. La independencia de poderes nos ha permitido manejar la crisis, pero el punto de atención es cómo logramos la madurez de nuestro sistema político.

- ¿Se necesita una nueva reforma del sistema de partidos?

- Primero, creo que está claro que en una democracia tienen que haber espacios de diálogo como pueden ser una cámara de diputados y una reflexión final que podría ser una cámara de senadores. Lo segundo es que el hecho de que un congresista por ley no pueda ser reelegido fue una salida poco pensada, muy populista.

Claramente, lo que sucede con eso es que no formamos institucionalidad y la experiencia se va perdiendo. El tercero es más complejo: cómo lograr que se consoliden en pocos partidos. Hay mucha oferta electoral y esa disparidad nos juega en contra de tener una discusión más profunda sobre los temas.

- El conflicto social no escaló en Áncash, ¿por qué diría que estuvo un poco al margen de lo sucedido en otras regiones?

- Hay varias hipótesis sobre el tema. Pero, si uno mira desapasionadamente lo que ha pasado, el componente ideológico de la protesta no es el único. En el gran universo de economía informal, hay un subsector de actividades informales-ilegales, que ha sido un vector que ha estado detrás de esta sonada.

Daba la impresión de que todos estaban a favor del presidente que había sido vacado, pero no es así. Tenemos que lograr identificar bien esas actividades y todos como país trabajar juntos en la formalización de estos sectores de la economía, que son formalizables.

- ¿Ese sector informal-ilegal es menos presente en Áncash, lo que justificaría que no prendiera tanto en la región?

- Esa es la conclusión. Hay una minería vinculada a la minería aurífera, que está presente en la zona sur, en Arequipa y Nazca. Lo mismo ocurre en el Norte, en la zona de Trujillo. Por razones geológicas, no hay oro en Áncash, y eso explica que no haya una actividad informal e ilegal. Eso, sin duda, ha permitido que Áncash esté fuera de este problema.

- ¿Cuál es su balance de la gestión del gobierno de Pedro Castillo?

- Este es una consecuencia de un sistema político muy fraccionado que hace que alguien llegue al gobierno en una segunda vuelta y no tenga todo el respaldo del Parlamento. Se presentan un sinnúmero de agrupaciones políticas y no necesariamente todas con la experiencia y un plan de gobierno. Ese es el caso del señor Pedro Castillo.

Él representa un sistema de votación electoral todavía inmaduro. No me voy a pronunciar por los actos de producción porque será el Poder Judicial el que investigue. Pero, sí creo que la reflexión es que esa lección en segunda vuelta es consecuencia de un sistema electoral y de partidos que debe madurar.

- Pero, ¿diría que fue perjudicial para la minería?

- El país, a pesar de estas crisis, tiene una institucionalidad muy bien diversificada y no es que elegimos a un presidente y luego tiene la capacidad de hacer lo que quiere y eso hay que reconocerlo. Y, por lo tanto, por más que puedas tener un programa “antiempresa”, eso no ha tenido el impacto que uno preveía.

(En el Estado) hay muchos organismos reguladores que han sido escogidos a través de un proceso de meritocracia y que han tenido la posibilidad de continuar en funciones. El país no ha estado a la deriva. (Pero) claramente, el Gobierno no ha sido un gran promotor de la inversión.

- ¿Qué expectativas tiene del gobierno de Boluarte? Las pugnas que había entre los poderes también se siguen dando.

- La tarea no es fácil, porque el fraccionamiento del parlamento sigue ahí presente. Será clave que la presidenta y el primer ministro logren espacios de diálogo con todas las fuerzas políticas para que la agenda electoral, parlamentaria y legislativa permita ir progresando a un sistema más maduro. Como decía, la bicameralidad y la reelección van a ser claves y van a generar un incentivo para que haya menos fuerzas políticas representadas en todas las vertientes ideológicas.

Y, en paralelo, en la acción ejecutiva, claramente si se tiene como se ve a profesionales que conocen sus carteras, se debe encontrar espacios públicos y privados con los que acelerar los programas de inversiones y generar un clima favorable.

- En el marco de esta crisis social ha salido de nuevo el reclamo de una Asamblea Constituyente, ¿le asusta que se pueda poner sobre la mesa?

- Debemos hacer el esfuerzo todos de mostrar el contexto de los años 90, que dio lugar a una nueva Constitución. Previo a esta teníamos un gasto público significativo en empresas públicas que no eran rentables y el estado invertía arriesgando dinero de todos en procesos que tienen altos riesgos. Descuidábamos todos los servicios públicos en educación y salud.

Hay que hacer visible este contexto a los jóvenes y que entiendan que la inversión privada no supone que no participe el estado. Dejar que inviertan privados no quiere decir que el Estado está ausente. Quienes hablan de una nueva Constitución piensan que el estado debe volver a invertir en negocios riesgosos, que no necesariamente van a dar resultados. Creemos que (el cambio de Constitución) es el santo grial y me va a cambiar la vida, y eso no es cierto. ¿Qué nos queda por delante? Explicar el contexto de los años 90, más allá de quién estaba en el gobierno, esa Asamblea que legisló y aprobó la constitución se constituyó a través de un proceso electoral, tuvo una mayoría, un consenso político.

Nuestra gestión pública y Estado deben madurar y eso no se va a lograr con una nueva Constitución sino cuando nos convenzamos todos de que el funcionario público tiene que ser una persona eficiente y si no se va a su casa. Debemos traer los mejores conocimientos para que los fondos públicos se invierten de manera coherente y se empieza a generar bienestar en la población.

POTENCIAR INVERSIONES BROWNFIELD
- A nivel de minería, ¿ve riesgo en que se incrementen los conflictos sociales en este escenario de adelanto de elecciones y nuevos gobernadores?

- La minería está en toda la zona altoandina del Perú y ha habido algunos conflictos que se han vuelto de alguna manera endémicos, pero en general, si uno mira desapasionadamente debemos trabajar todos juntos para lograr insertar en la agenda el plan de desarrollo de territorio.

El territorio altoandino ha estado aislado del mercado y a través de la minería se pueden integrar estos espacios. En los conflictos que ha habido la idea errónea de que estar en el territorio me da derecho a cobrar una suerte de peaje. Y todos sabemos que el peaje es una ilusión monetaria, porque doy el dinero, pero una vez que la mina cese las operaciones el peaje se va a terminar.

- ¿Qué percepción tienen del próximo gobernador regional de Áncash, Koki Noriega? ¿Tiene este enfoque de desarrollo territorial?

- Creo que ese es su enfoque. No hemos coincidido, pero que sí he escuchado de parte de los funcionarios de Antamina que su gran preocupación es el tema de infraestructura pública y en eso coincidimos.

- Si uno ve la cartera de proyectos mineros que vienen, más allá de Goldfields no hay mucho más. No dan pie a ser optimistas en el corto plazo.

- Es cierto, pero no hay que dejar que reconocer es que el Perú tiene una dimensión operativa minera no menor. Por eso el país es el segundo productor minero del mundo, el segundo productor de plata en el mundo...

¿Qué sucede entonces? La inversión minera es muy intensiva en capital y deberíamos tratar de impulsar son las mejoras operativas con las expansiones de las minas actuales. Es tratar de crear un sistema para que los brownfield sigan invirtiendo y nos dé tiempo para que generemos el puente para retomar el crecimiento de los greenfield.

- ¿De qué depende que se den estas inversiones?

- Los brownfield son operaciones existentes y persé debería ser más sencillo crear mecanismos que aceleren y promuevan esa inversión. Eso es lo que hay que trabajar alrededor del Ministerio de Energía y Minas, acompañado de Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Eso sería lo sagaz y está mucho más en manos del poder ejecutivo.

- El problema es que ha habido siete ministros de Energía y Minas y seis del Ambiente desde julio de 2021. Debe ser difícil trabajar con una gestión así.

- Sin duda. Hay una curva de aprendizaje. Se requiere escoger a las personas en base a la meritocracia y tiempo para que gane madurez y conocimiento y la preocupación es válida. Debemos tener continuidad en los funcionarios públicos a ese nivel.

- ¿Cómo va la aprobación regulatoria de la extensión de la vida útil de la mina?

- Queremos extender la vida útil de la mina del 2028 a 2036. En abril presentamos el estudio de impacto ambiental, que fue admitido. Previamente se hizo todo el proceso de participación ciudadana, y hace pocos días hemos recibido las observaciones. Tenemos tres rondas de respuestas a estas consultas, que deberían terminar en junio del próximo año.

Somos optimistas de que en esa fecha obtengamos la aprobación formal del estudio de impacto ambiental, lo cual va a suponer para Antamina y para la región Áncash la inversión de US$ 1.600 millones y todo un impacto económico en impuestos y canon minero.

- ¿Cuándo empezarían a ejecutar esta extensión?

- Inmediatamente. Esa es la ventaja de los brownfields porque ya estás instalado, ya estás operando, y tienen una velocidad de implementación mucho mayor que un greenfield.