ISABELLA COTA

“No se dejen manipular”, dice el hombre uniformado a un grupo de personas en un mercado en Ayacucho, en el sur de Perú. Se presenta como un General de la Policía Nacional, de acuerdo con el video captado por uno de los presentes.

“Mañana empiezo a detener a todo el mundo que hace una movilización. Yo he venido acá, como estoy yendo a todos los mercados, indicando que funcionen con normalidad”, advirtió la autoridad.

En medio de una profunda crisis política, y las protestas sociales que la acompañan, Perú busca garantizar que la economía, tanto en lo macro como en lo micro, siga su curso. La sexta economía en Latinoamérica ha sido un ejemplo a seguir en las últimas décadas, reduciendo la pobreza, incrementando la producción, y lo ha hecho, según especialistas, separando el manejo de la política y de la economía en ‘dos vías’.

Sin embargo, como lo mostraron las protestas en Chile en 2019 y en Colombia el año pasado, las manifestaciones que bloquean carreteras y paralizan cadenas de producción dejan un detrimento económico inevitable, y muchas veces es difícil de restaurar. Desde el 7 de diciembre que el ex presidente Pedro Castillo fue arrestado tras un fallido intento de autogolpe de Estado, se acumulan pérdidas económicas por 3.200 millones de soles (unos 839 millones de dólares), según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

De no calmarse el descontento, la SNI advirtió en un comunicado, los daños pudieran alcanzar 6.400 millones de soles (1.600 millones de dólares). Entre los sectores más afectados están la agricultura y la minería, los cuales representan las actividades económicas más importantes en las regiones de Ica, Arequipa, Puno, Apurímac y Cusco, en donde las protestas han sido más violentas.

Veintiocho personas han fallecido, 22 de ellas de manera directa por la represión y el resto por accidentes o a causa del bloqueo de carreteras. Diez de ellos eran de Ayacucho, la región más golpeada y en la que el General visitó mercado por mercado, advirtiendo de un arresto si la economía no regresaba a la normalidad.

“Que la protesta se dé en el sur andino no es casualidad”, dice Luis Alberto Arias, economista y ex vicepresidente del Banco Central de Reserva de Perú.

“Es la región con mayor pobreza, en donde se ha reducido mucho pero persiste en un 40% de la población, es muy alta. Reducir la pobreza es el gran reto que tenemos porque si no va a persistir la inestabilidad social y va a persistir el riesgo de caer en un gobierno radical”, agrega el especialista.

La vista desde el extranjero, particularmente de los inversionistas en mercados globales, es diferente. Después de que el tipo de cambio fluctuara fuertemente el día del autogolpe, se ha estabilizado desde entonces e, incluso, los bonos soberanos de Perú, que cotizan en dólares a nivel internacional, han subido ligeramente de precio. Esto se debe a que durante décadas, instituciones como el banco central han funcionado de manera autónoma, explica Arias, también profesor en la Pontificia Universidad Católica del Peru y en la Universidad de Lima.

La calificadora de riesgo crediticio Fitch puso la calificación de Perú bajo perspectiva negativa en octubre, después de meses de inestabilidad política en el país. En el ranking global de gobernabilidad del Banco Mundial, Perú cayó del percentil 45 al 41, reflejando la falta de consensos entre el Congreso y el Ejecutivo en los últimos dos años.

“En el corto plazo, la débil posición política del nuevo gobierno podría aumentar el potencial de un cambio hacia el populismo fiscal y la expansión del gasto, aunque Perú tiene un historial de contención del déficit durante períodos anteriores de mayor inestabilidad política”, dijo Fitch en un comunicado.

Un ejemplo de medida populista reciente, según Fitch, ha sido permitir retiros anticipados de pensiones. “El congreso actual votó para permitir tales retiros en mayo de este año después de otras cinco rondas en 2020-2021″, destacó la calificadora, “tales políticas serían positivas a corto plazo para el crecimiento, pero también contribuirían a la inflación y a un mayor déficit en cuenta corriente. Más retiros de pensiones socavarían la profundidad del mercado local y afectarían negativamente las opciones de financiamiento corporativo y gubernamental”.

Perú terminará el año con un déficit cercano al 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB), que pudiera ser el más bajo en toda Latinoamérica.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo el 7 de diciembre, ha ofrecido varias entrevistas televisivas, algunas de ellas en los idiomas que se hablan en las comunidades andinas en donde se ha protestado la salida de Castillo.

“Eso ha contribuido a una relativa calma financiera”, asegura Arias, “que la presidenta sea percibida como alguien más hacia el centro, que haya logrado un acuerdo con la centro derecha para asumir el mando y que las instituciones democráticas como la Defensoría, el Tribunal Constitucional, las mismas Fuerzas Armadas y judiciales, todo eso ha mostrado al Perú, más allá de opiniones de un lado o de otro, que las instituciones funcionaron”.

El Congreso de Perú, una de las instituciones más desprestigiadas en el país, votó ayer por convocar a elecciones en abril de 2024, por lo que los parlamentarios y la presidenta permanecerán en sus cargos 20 meses más.