En los últimos meses, distintas organizaciones a nivel internacional han expresado su preocupación por el aumento de la minería ilegal de oro en Latinoamérica. En el caso de Bolivia, se difundieron algunas estimaciones del volumen del preciado metal que se produciría de forma ilegal; sin embargo, un experto observó que esto es muy difícil de precisar debido a que el Estado no aplica los controles necesarios.

"El problema de fondo es que, como Estado boliviano, no se tiene una política para atacar la minería ilegal", manifestó el investigador especializado en temas mineros del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) Alfredo Zaconeta.

Añadió que existe debilidad del Estado para conocer la magnitud de la minería ilegal debido a limitaciones técnicas, humanas y políticas.

Este panorama contrasta con algunos países vecinos, como Brasil, donde se realizan controles satelitales de alta resolución, o Perú, donde se realizan operativos constantes sobre el terreno, dijo Zaconeta. En el caso boliviano, las mismas autoridades señalaron que no pueden hacer controles por temor a generar violencia y pérdida de vidas humanas.

Una publicación de 2021 de Science Panel for the Amazon (SPA) señaló que estimaciones recientes dan cuenta que la extracción ilegal del oro en Bolivia es igual al 30 por ciento de su producción. En el caso de Perú es del 28 por ciento, 77 por ciento en Ecuador, 80 por ciento en Colombia y hasta un 90 por ciento en Venezuela.

Asimismo, se calculó que el valor del oro ilegal comercializado es comparable al de las exportaciones de cocaína.

El Gobierno boliviano estimó en el proyecto de ley del oro que un 50 por ciento de las exportaciones de oro provienen de fuentes ilegales, principalmente por contrabando desde Perú. Según estos datos oficiales, la producción nacional de oro entonces fue de 11,3 toneladas, mientras que se importó 11,3 toneladas de forma ilícita para después exportarlas nuevamente.

Un mapa de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) muestra áreas de operación minera aurífera ilegal el norte de La Paz y el norte boliviano.

Asimismo, una publicación titulada "Las rutas del oro ilegal" resalta las contradicciones entre las normas promulgadas y las acciones de control de la minería ilegal en Bolivia. Enfatiza que los mineros ilegales "se han favorecido de las erráticas medidas estatales" y han multiplicado su producción.

Los Tiempos intentó conocer la posición de la AJAM al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.