JULIA SYMMES COBB

El gobierno de Colombia está considerando cómo modificar la distribución de las regalías de los proyectos extractivos para beneficiar más rápidamente a las comunidades, dijo el miércoles la ministra de Minas y Energía.

El gobierno del presidente Gustavo Petro, quien asumió el cargo en agosto, ha tenido hasta ahora una tensa relación con los sectores extractivos.

Los gremios empresariales criticaron a su administración por respaldar una reforma fiscal de US$ 4.000 millones recientemente aprobada, que impone cargos adicionales a las exportaciones de petróleo, gas y minería.

Datos de la industria argumentan que la reforma desalentará la inversión, al tiempo que resaltaron la incertidumbre sobre si el gobierno permitirá la firma de nuevos contratos de exploración petrolera, pese a que Petro prometió en campaña prohibirlos.

"Nos interesa propiciar las alianzas público-privadas y privados-populares de manera que esas comunidades con quienes ustedes conviven en el territorio perciban de manera directa esos beneficios que esa industria genera", dijo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en una conferencia de la industria petrolera en Bogotá.

"Eso quiere decir pasar de un modelo que en este momento genera redistribución a través de las regalías a un modelo que podemos llamar pre-distributivo", explicó. "Consiste en pensarnos cómo desde la generación misma de la riqueza podemos allí redistribuirla con aquellas comunidades y aquellas poblaciones que han sido históricamente marginadas".

Vélez no proporcionó ningún detalle sobre cómo podría cambiar la distribución de regalías y se negó a hablar con los periodistas tras su presentación en la conferencia.

El gobierno respalda un proyecto de ley en el Congreso que proyecta distribuciones de regalías combinadas de 31,3 billones de pesos (alrededor de US$ 6.500 millones) en 2023 y 2024, al tiempo que prometió publicar un plan para la transición a las energías renovables en seis meses.

"Estamos convencidos de que somos un aliado para el territorio, para los presupuestos de los departamentos y tenemos que seguir trabajando en equipo para poder ejecutar", dijo Nelson Castañeda, presidente del gremio de servicios petroleros Campetrol, al ser preguntado sobre los posibles cambios en las regalías.

El directivo tiene la esperanza de que el gobierno apruebe nuevos contratos petroleros luego de revisar el tema, debido a la importancia fiscal de la industria.

COLOMBIA PRIORIZARÍA CONTRATOS DE HIDROCARBUROS SUSPENDIDOS
En la inauguración de la V Cumbre de Petróleo y Gas de Colombia, la ministra de Energía de Colombia, Irene Vélez, mencionó que el gobierno priorizará los contratos suspendidos de hidrocarburos en el país.

De acuerdo con la jefe de la cartera, actualmente hay 35 contratos de este tipo que se encuentran suspendidos por diversas causas como conflictividad social, orden público y también trámites ambientales.

“Nuestra prioridad es entender cuáles de esos serían prioritarios para poder hacer esa gestión y poder desembotellar esos contratos de manera que lleguemos, a través de ese proceso, una mayor confiabilidad y seguridad jurídica a esos contratos existentes”, explicó Vélez.

Dichos contratos se encuentran entre los 380 que el MinEnergía identificó en el país los cuales estarían administrados por la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) y de los que tiene de manera exclusiva la administración de Ecopetrol.

De otro lado, la jefe de la cartera destacó otras iniciativas del sector de hidrocarburos que catalogó como “interesantes”.

“Veíamos que hay iniciativas desde la perspectiva social en términos de inversión, pero también de derechos humanos y de compromiso ambiental de las empresas que nos parecen importantes tanto porque pueden generar precisamente esa carbono-neutralidad de la cual hablamos”.

Finalmente, la ministra recordó que el gobierno impulsará las Alianzas público-privadas y publico-comunitarias para fomentar la participación de las poblaciones de los territorios en los que se realizan actividades del sector de hidrocarburos.