ANAHÍ ABELEDO

América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables al cambio climático al contar con 13 de los 50 países más afectados por la emergencia, una cuota de fragilidad desproporcionada respecto a su contribución al cambio climático. Es que la región solo es responsable del  8.1% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI), porcentaje armónico con su cuota de la población mundial (8.4%) y ligeramente superior a su participación en el producto interno bruto (PIB) global (6.4%).  Las inversiones necesarias para afrontar un escenario de calentamiento global de 2.5°C podrían costar a la región entre el 1.5% y el 5.0% de su PIB de aquí a 2050. 

En total, de los 11.933 sucesos meteorológicos extremos relacionados con el clima que se registraron en todo el mundo entre 1970 y 2022, un 17.1% se produjeron en ALC, de acuerdo al reciente informe de CEPAL, "Perspectivas económicas de América Latina 2022 - Hacia una transición verde y justa".

Se prevé un aumento de la frecuencia e intensidad con la que se registran temperaturas cada vez más elevadas, precipitaciones extremas que provocan inundaciones y corrimientos de tierras, sequías, el aumento del nivel del mar, la erosión del litoral, la acidificación de lagos y océanos que conlleva la decoloración de los arrecifes de coral, y marejadas ciclónicas, lo cual tendrá consecuencias socioeconómicas adversas en la población.

La agenda verde podría ser el elemento aglutinador de un nuevo contrato social sostenible para la región ya que  el 68% de los ciudadanos reconoce que el cambio climático constituye una amenaza muy grave para su país de cara a los próximos 20 años, un porcentaje más alto que en otras regiones.

En el documento, CEPAL dice que "Para que la transición verde sea viable en el tiempo, los gobiernos de ALC deben garantizar procesos participativos e inclusivos. La multiplicidad de actores, sectores y colectivos afectados por la agenda verde requiere una plataforma compartida para la negociación y la búsqueda de consenso". 

Aumento del nivel del mar, uno de los efectos del cambio climático que afecta especialmente países de Centroamérica y El Caribe

EL APORTE DE UNA MATRIZ ENERGÉTICA TRANSFORMADA
La transformación de la matriz energética es clave para promover un mayor bienestar de los ciudadanos y fomentar sociedades más resilientes en ALC. La región está dotada de un gran potencial de recursos energéticos renovables. 

Las energías renovables representan el 33% del suministro total de energía de la región, frente a solo el 13% a nivel mundial. La inversión en tecnologías renovables puede reducir significativamente las emisiones de GEI, logrando, al mismo tiempo, un suministro de energía a menor costo y, en el caso de algunos países de ALC, una menor dependencia de productos importadosderivados de combustibles fósiles. 

El éxito de la transición hacia cero emisiones netas estará supeditado a una descarbonización sistémica a través de la electrificación de los diferentes sectores económicos. 

Paralelamente, las inversiones en hidrógeno verde y otros combustibles alternativos bajos en emisiones de carbono, tales como los biocombustibles sustentables, jugarán un papel fundamental en la descarbonización de aquellos sectores donde esta tarea presenta mayor dificultad. 

Un total de 17 millones de personas todavía no tienen acceso a la electricidad, en particular en zonas rurales. Garantizar el acceso universal a la electricidad es un aspecto primordial de una transición verde y justa, ya que puede ayudar a subsanar las desigualdades en el acceso a los servicios públicos básicos y estimular el crecimiento económico local. 

Las políticas industriales, circulares y azules deben ser también piezas centrales de la transformación productiva sostenible de ALC. El avance de la transición verde podría suponer un aumento neto del empleo del 10.5% en la región de aquí a 2030. Para ello, es preciso asegurar más inversiones públicas y privadas que permitan elevar en 3 puntos porcentuales el valor agregado de los sectores verdes.

La transición hacia nuevos empleos verdes en actividades no contaminantes implica el desarrollo de políticas activas en el mercado laboral, así como de políticas sociales debidamente orientadas a apoyar a los trabajadores y a los hogares que se vean afectados negativamente durante la transición.

LA REGIÓN SIGUE AUMENTANDO SUS EMISIONES DE GEI
A pesar de las consecuencias cada vez más acusadas del cambio climático, la región sigue aumentando de forma sostenida sus emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI). Entre 1990 y 2019, el nivel de emisiones aumentó en 1 223 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (Mt CO2e), lo que representa un incremento del 61%. 

El peso de ALC en las emisiones globales de GEI (8.1%) es proporcional a lo que representa su población en el total mundial (8.4%) y es ligeramente superior a su participación en el PIB global (6.4%), pero es inferior a las emisiones per cápita de otras regiones con niveles de desarrollo similares. Estos niveles de emisiones, junto con los elevados costos que comporta la inacción frente al cambio climático, ponen de relieve la necesidad de adoptar urgentemente políticas de adaptación y mitigación.

EL FUTURO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA REGIONAL
Una matriz energética más sostenible y diversificada ayudará a ALC a reducir las emisiones, a aprovechar el potencial de sus vastos recursos energéticos renovables y a impulsar el acceso universal a la energía. La región está dotada de un gran potencial de recursos energéticos renovables; en la actualidad, estos representan el 33% del suministro total de energía de la región, frente al 13% a nivel mundia. 

En las dos últimas décadas, muchos países de ALC han avanzado considerablemente en la creación de mercados de energías renovables y en la diversificación de su matriz energética. 

En 2020, las energías renovables representaban el 61% (952 TWh) de la generación regional de electricidad, y de esta cifra el 75% correspondía a energía hidroeléctrica, y el 25% a energía solar, eólica, de biomasa y geotérmica. 

Cabe señalar, no obstante, que hay importantes divergencias dentro de la región. Mientras que Brasil genera el 84% de su electricidad con energías renovables, Jamaica depende de derivados del petróleo importados para el 87% de su generación de electricidad. 

En el futuro, los países de ALC que generen electricidad a partir de energías renovables, gracias a su abundante energía renovable de bajo costo y a matrices eléctricas relativamente limpias, podrían erigirse en importantes centros de abastecimiento de hidrógeno verde a escala industrial.

La región también detenta una posición estratégica para suministrar minerales de suma importancia en la transición energética.

En 2017, ALC albergaba el 61% de las reservas mundiales de litio, el 39% de las de cobre y el 32% de las de níquel y plata. Finalmente, lograr el acceso universal a la electricidad es esencial. 

En toda ALC, hay 17 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, en particular en el ámbito rural y entre los hogares más pobres y las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

Las políticas industriales, circulares y azules pueden transformar la estructura productiva de ALC y son piezas centrales de una transición verde y justa. En este sentido, hace falta reformular las políticas industriales para fomentar y atraer inversiones en innovación verde. Hasta ahora, el gasto interior bruto en investigación y desarrollo (I+D) de la región ha sido de solo el 0.3% del PIB (2018), frente al 2% del PIB en la OCDE, y sigue siendo impulsado en buena medida por las Administraciones Públicas (56.5% del total).

Se prevé que la transición a una economía circular tenga efectos positivos netos sobre el crecimiento del PIB y el empleo, al tiempo que reduce las emisiones de GEI. Los efectos netos previstos para Chile, Colombia, México y Perú son un aumento del PIB (que iría del 0.82% en Chile al 2.03% en Perú) y la creación de empleo (del 1.1% en Chile y Colombia al 1.9% en Perú). 

Las tormentas tropicales originadas tanto en el Atlántico como en el Pacífico han devastado algunas áreas de México, Centro América y el Caribe

La economía azul también puede contribuir al desarrollo de ALC, pero su potencial sigue sin explotarse. En 2018, la contribución total al PIB de los servicios oceánicos se estimó en 25 000 millones de dólares para ALC y en 7 000 millones de dólares solo para los países del Caribe. En términos de empleo, la pesca y la acuicultura dan trabajo a más de 2.5 millones de personas

Las políticas industriales, circulares y azules pueden transformar la estructura productiva de ALC y son piezas centrales de una transición verde y justa. En este sentido, hace falta reformular las políticas industriales para fomentar y atraer inversiones en innovación verde. 

Hasta ahora, el gasto interior bruto en investigación y desarrollo (I+D) de la región ha sido de solo el 0.3% del PIB (2018), frente al 2% del PIB en la OCDE, y sigue siendo impulsado en buena medida por las administraciones públicas (56.5% del total).

FINANCIAR LA TRANSICIÓN VERDE REQUIERE POLÍTICAS FISCALES
La región de ALC necesita movilizar importantes recursos para financiar la transición verde. Un escenario de calentamiento global de 2.5°C podría costar a la región entre el 1.5% y el 5.0% de su PIB de aquí a 2050. 

Dado que el costo de la inacción es elevado, los gobiernos tendrán que retirar gradualmente los subsidios y aprovechar el potencial de los impuestos relacionados con el medioambiente, a la vez que potencian el uso de nuevos instrumentos financieros, como los canjes de deuda por naturaleza, las cláusulas sobre desastres naturales, los bonos para catástrofes y los bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a criterios de sostenibilidad (GSSS, por sus siglas en inglés). 

Entre 2014 y 2021, la emisión de bonos GSSS por parte de ALC en los mercados internacionales alcanzó un importe acumulado de 73 000 millones de dólares; de esa cifra, los bonos verdes por sí solos alcanzaron los 31 000 millones de dólares. 

Del importe total de GSSS emitidos, el 42% procedió del sector corporativo, el 37% de emisores soberanos, el 12% de emisores cuasi soberanos y el 5% de emisores supranacionales. 

Promover el papel activo de las instituciones financieras de desarrollo de ámbito subnacional, nacional e internacional puede contribuir a lograr la financiación verde necesaria, al movilizar y catalizar inversiones esenciales para transformar la economía hacia un modelo con bajas emisiones de carbono. 

En el contexto de ALC, facilitar la participación del sector privado es fundamental. Por último, también es crucial mejorar y desarrollar herramientas regulatorias, tales como normas y taxonomías de sostenibilidad o de bonos verdes.

EL IMPACTO SOCIAL DEL BAJO DESEMPEÑO ECONÓMICO DE ALC
Tras una fuerte reactivación en 2021, las economías de ALC están viendo ralentizado su crecimiento en 2022. Esto se debe a una coyuntura internacional cada vez más adversa, a la retirada de estímulos fiscales y monetarios y al bajo crecimiento potencial. 

Las presiones inflacionarias son intensas y la mayoría de los bancos centrales de la región están reaccionando con subidas de las tasas de interés oficiales. A nivel internacional, el panorama es complejo. 

Se prevé un crecimiento económico mundial más débil a causa de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y de la política de “cero COVID” de China.

La forma en que el complejo contexto internacional puede continuar afectando a ALC sigue siendo incierta, pero ya se han observado impactos a través de los términos de intercambio, así como de la volatilidad en los mercados financieros internacionales y la posible persistencia de presiones inflacionistas. 

Las modestas tasas de crecimiento también reflejan el limitado crecimiento potencial, un reto estructural que es previo a la pandemia. El crecimiento potencial del producto interior bruto (PIB) per cápita en ALC sigue estancado en niveles bajos (menos del 1% desde 1980), e inferiores a los de las economías avanzadas.

En los primeros cinco meses del 2022, los hogares extremadamente pobres de ALC soportaron un incremento medio de los precios 3.6 puntos porcentuales superior al de un hogar promedio a nivel nacional. 

Se estima que, a finales de 2022, el 33.7% de la población estará en situación de pobreza y el 14.9% en situación de pobreza extrema. En respuesta al deterioro de las condiciones sociales, la respuesta de política pública desde el ámbito monetario debe ser acompañada de medidas fiscales que incluyan apoyos focalizados en los más vulnerables.

HACIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL SOSTENIBLE
Avanzar en la transición verde requiere mecanismos institucionales que promuevan el consenso y permitan forjar un nuevo contrato social sostenible.

Para que la transición verde sea viable en el tiempo, los gobiernos de ALC deben garantizar procesos participativos e inclusivos. La multiplicidad de actores, sectores y colectivos afectados por la agenda verde requiere una plataforma compartida para la negociación y la búsqueda de consenso. 

La agenda verde puede ser el elemento aglutinador de un nuevo contrato social sostenible para la región, puesto que el 68% de los ciudadanos de ALC reconoce que el cambio climático constituye una amenaza muy grave para su país de cara a los próximos 20 años, un porcentaje más alto que en otras regiones. 

Incendios forestales, otra consecuencia

Las instituciones públicas tendrán que trabajar estratégicamente para encontrar un equilibrio entre objetivos económicos, sociales y medioambientales; promover el avance hacia las metas de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional; y garantizar una aplicación coherente y progresiva de estrategias con un horizonte temporal de largo alcance, como las definidas en los Planes Nacionales de Desarrollo. 

El involucramiento activo del sector privado, el mundo académico, la sociedad civil y las comunidades locales en todos los aspectos del ciclo de las políticas públicas es indispensable para tener en cuenta sus voces y desarrollar políticas participativas y transparentes.