Desde que el litio tomó relevancia como mineral necesario para la transición energética, el Triángulo que conforman Argentina, Chile y Bolivia se puso en el centro de la escena. Los tres países están en el podio de reservas de litio en el mundo.
Crear un precio de referencia no es un tema nuevo, la llamada "OPEP del litio" se discute desde que las metas Net Zero posaron sus ojos en el denominado "oro blanco".
Según cifras del 2020, Bolivia es el país con mayor reservas de litio en el mundo con 21 millones de toneladas, luego Argentina con 19.3 millones y Chile con 9.6 millones. El stock es importante pero la capitalización lo es aún más.
Los tres países trabajan para impusar la industrialización del litio y así lograr un mayor rédito que sólo la exportación, donde la inestabilidad de los precios globales podrían trabar una industria exitosa.
En lo que respecta a producción a nivel global el ranking cambia de podio. Primero está Australia (55% de toda la producción excepto la de Estados Unidos), Chile (26%), China (14%), Argentina (6,2%) y Brasil (1,5%) fueron los grandes protagonistas de 2021, tal y como muestran los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Según consignaron altas fuentes de la Casa Rosada a El Cronista, el canciller Santiago Cafiero avanza en las negociaciones con sus pares de Bolivia, Rogelio Mayta y de Chile, Antonia Urrejola Noguera, en la redacción de un documento para alcanzar un acuerdo tripartito sobre la producción y comercialización del litio que surge del triángulo donde está concentrado más de 50% del mineral a nivel mundial.
"Es momento de ponernos de acuerdo y establecer un acuerdo de precios comunes. Sabemos que no será fácil pero debemos coordinar esta base de acuerdos", explicó un funcionario de jerarquía del gobierno de Alberto Fernández que sigue de cerca las negociaciones con la administración de Chile del socialista Gabriel Boric y la Bolivia de Luis Arce.
En el documento conjunto que se está trabajando entre las Cancillerías también está contemplado una suerte de manual de "Buenas prácticas" para el desarrollo sustentable de la extracción de litio al mismo tiempo que se intentan fijar reglas de juego clara para la que haya un proceso productivo en común.
El litio, cuya producción mundial se ha triplicado entre 2015 y 2021 hasta alcanzar las 100.000 toneladas el pasado año, va camino de convertirse en una de las commodities más demandadas del mundo
TRABAS Y RECHAZOS EN ARGENTINA
Particularmente en Argentina la mayor de las trabas para impulsar la nacionalización, que permita constituir esta fijación de precios con Bolivia y Chile, es la gobernanza sobre los recursos.
Tal como publicaron recientemente Mining Press y EnerNews (Ver Lea También) son las provincias la que legislan sobre sus salares. Argentina cuenta con un régimen de gobernanza federal multinivel: ciertas competencias son potestad exclusiva de las provincias en virtud del dominio que tienen sobre los recursos naturales pero no cuentan con absoluta autonomía para administrar los recursos.
El sistema normativo minero a nivel federal se ordena en función de tres pilares: la Constitución Nacional, el Código Minero y la Ley de Inversiones Mineras. Esta normativa se complementa con regulaciones ambientales e impositivas de carácter general que interactúan con el nivel provincial.
Según establece el informe de la organización Fundar, el régimen federal consolidado por la reforma constitucional de 1994 establece que cada provincia es la propietaria de los minerales bajo su jurisdicción y la responsable del procedimiento para la concesión de derechos mineros
En diálogo con El Tribuno, Fernanda Fraga, vicepresidenta de la Cámara de Minería de Salta (CMS), consideró "desacertado" el proyecto del Gobierno nacional. "Los tres países cuentan con legislación y condiciones de desarrollo que, por lo menos, son dispares. Argentina es de los tres países el que tiene mejor posición con miras al futuro. Pudiendo convertirnos en el segundo productor en el mediano plazo. Las condiciones en Chile no son las mejores y en Bolivia pasan las décadas sin avances", argumentó
Fraga, además, encendió otra alarma: "Entiendo que esto supondría un avance sobre las provincias, sus derechos y sus oportunidades de futuro. Resulta difícil para aquellos que desde las provincias trabajamos arduamente para producir, exportar y desarrollar el interior profundo".
Cuestionó que en los dirigentes "la ideología pese más que años de esfuerzo en construcción de políticas públicas, de un sector maduro, de una fuerza laboral con el 'know how' necesario para llevar esto a cabo y todo pueda perderse con una sola firma".
"Necesitamos que aquellos que dicen representarnos tengan la responsabilidad necesaria para no seguirnos postergando, que se acuerden de las ciudadanías locales y sus derechos. Derechos como el que está consagrado en nuestra Constitución: tener la postestad sobre los recursos naturales", agregó Fraga.
IMPACTO DE LA NACIONALIZACIÓN EN BOLIVIA
En abril se cumplieron 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado "oro blanco" que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.
según informó BBC, en 2008 el gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.
Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos. Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.
Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.
Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.
"La estrategia falló", le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional. "No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política", agrega.
Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.
Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un "botín de guerra" con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban
Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.
Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.
Si algo queda claro es que, al menos en Argentina, el arco político no puedo pasar sobre la potestad de las provincias que por Constitución son dueñas de sus recursos. La única solución es lograr una discusión federal y participativa para que cada una pueda tomar la mejor decisión para los habitantes sin matar las invesiones.
