Los conflictos sociales siguen en alza. Se registraron 211 en septiembre, de acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo. Dos más que en agosto y 13 más que en septiembre del año pasado. Salvo una pequeña reducción en mayo, la cifra ha venido creciendo de forma sostenida durante el último año.

La misma tendencia sigue el número de conflictos sociales que están activos: fueron 152 el mes pasado, diez más que hace un año. En general, todas las curvas del reporte muestran que la ligera mejora de mayo ya ha sido revertida o va camino a revertirse. En el comparativo interanual, el aumento es claro, informó Gestión.

La alta conflictividad ha derivado en que se registren 351 acciones de protesta -marchas, plantones, bloqueos de vías, enfrentamientos con las autoridades, etc.- en septiembre, una cifra que más que duplica a los 160 de mayo último. El entorno social del país registra hoy crecientes niveles de conflictividad.

MINERÍA Y AGUA
Los empresarios que enfrentan mayores problemas son los mineros. En septiembre ese sector registró 70 conflictos activos, lo que equivale al 67% de todos los choques por causas socioambientales que están en curso. En segundo lugar, pero lejos, está el agonizante sector de hidrocarburos, con 21 conflictos activos.

Septiembre se convierte en el mes con más conflictos sociales activos en minería desde hace 66 meses. En marzo del 2017 se reportó la última cifra más alta en minería con 71 casos. Ver gráfico adjunto.

“Los conflictos sociales han costado alrededor de 2.3 puntos porcentuales de crecimiento del sector minero metálico; es decir, más de S/ 20,080 millones. Esta situación compleja se debe a que no hemos logrado como país que la riqueza económica de la minería genere bienestar y desarrollo en las comunidades, en especial para los más pobres”, dijo durante presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres en su exposición en la clausura de la convención PERUMIN 35, en Arequipa.

Si bien en los reportes de la Defensoría es común que la actividad extractiva esté vinculada a la mayoría de los choques por causas sociales y ambientales a nivel nacional, la minería enfrenta hoy una realidad cada vez más compleja. La cifra de conflictos activos relacionados con ese sector es la más alta en más de un año.

Además, tres de los cinco conflictos nuevos que aparecieron en septiembre son protestas de ciudadanos contra proyectos mineros. Una de ellos, por ejemplo, es el de los agricultores de la provincia de Islay, en Arequipa, que reclaman que se haya dado licencia a la mina Quellaveco para usar agua de dos ríos de la cuenca del río Tambo. Les preocupa, según el reporte de la Defensoría, que no haya suficiente recurso hídrico para la actividad agrícola.

“Uno de los temas que resalta en los conflictos, sobre todo los relacionados con minería e hidrocarburos, es el del agua. Las demandas, casi siempre, tienen que ver con dos aspectos: la preocupación por la disponibilidad futura de agua y el temor ante la posibilidad de que se contaminen las cuencas que sirven como fuentes de agua”, apunta Estelí Vela Cáceres, politóloga de la PUCP y especialista en conflictos sociales.

Otro de los conflictos que se agregó a la lista en septiembre, por ejemplo, es el derivado del reciente derrame de petróleo del Oleoducto Norperuano en la quebrada de Cuninico, en Loreto. Sigue la misma tendencia: las comunidades denuncian la contaminación de sus fuentes de agua.

También hay conflictos relacionados con la disponibilidad o contaminación del recurso hídrico en Áncash, contra las mineras Barrick Misquichilca y Antamina; en Ayacucho, contra la minera Ares; en Cajamarca, contra Anta Norte, y un largo etcétera.

ESTRÉS HÍDRICO
Vela Cáceres explica que en los choques entre las asociaciones de riego o las juntas de usuarios de agua de zonas agrícolas y la actividad minera suelen haber -entre otras causas- fallas por parte de las instituciones públicas.

Ya sea porque dimensionan mal la cantidad de agua usada por los agricultores, por no estar formalizada, o por una mala implementación de las políticas de fiscalización ambiental. Las principales responsables de estos temas son la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Pero más allá del proceder de los actores públicos, la especialista augura que el número de conflictos en torno al recurso hídrico seguirá creciendo. “Vivimos en una situación de estrés hídrico. La cuenca del Valle de Tambo, por ejemplo, está bajo estrés hídrico. Los conflictos por el agua van a aumentar”, dice.

Según el mapa de riesgo de agua del World Resources Institute, la costa sur del Perú tiene un riesgo hídrico “extremadamente alto”.

Si bien la minería registra conflictos de otros tipos -sobre todo relacionados con Las Bambas, en Apurímac-, el agua sí es un elemento recurrente en la mayoría de los casos. “Si algo viene sucediendo de forma repetida, tantas veces, significa que no es un problema de una empresa ni un valle específico”, agrega Vela Cáceres.

NUEVOS CHOQUES: EL VALLE DE TAMBO CONTRA QUELLAVECO Y EL OLEODUCTO

Dos conflictos que se agregaron en septiembre al reporte mensual de la Defensoría del Pueblo destacan por estar vinculados a grandes infraestructuras extractivas. El primero es el reclamo de las juntas de usuarios de agua del Valle de Tambo, de La Ensenada-Mejía y de Punta Bombón contra la mina Quellaveco, de la británica Anglo American, que está en pleno arranque de operaciones en estos días.

Los primeros señalan que la mina, ubicada en Moquegua, usará el agua de dos ríos afluentes de la cuenca del Tambo. Ellos temen que esa operación luego afecte la disponibilidad del recurso para las actividades agrícolas en la provincia de Islay, en Arequipa.

El otro conflicto está en Loreto, donde comunidades nativas de esa región denuncian que se han contaminado sus fuentes de abastecimiento de agua y provisión de alimentos tras el reciente derrame de petróleo del Oleoducto Norperuano en la quebrada de Cuninico.

La infraestructura es operada por la estatal Petroperú. Las comunidades de los distritos de Urarinas y Parinari demandan que se declare en emergencia ambiental y sanitaria la zona. También que se les provea de alimentos, agua y servicios de salud.

BLOQUEO EN CHUMBIVILCAS

Pobladores de la provincia de Chumbivilcas bloquearon el sector Wincho, del distrito de Colquemarca, por donde pasa el Corredor Minero vial del sur. Iniciaron protestas para exigir la presencia del presidente de la República y ministros de Estado.

El punto continuará bloqueado hasta que las autoridades del Poder Ejecutivo den respuesta y soluciones a las peticiones de la provincia. De no ser así los pobladores advirtieron que los vehículos de las empresas mineras como Hudbay y Las Bambas no circularan por la zona, según informó Ángeles Santos en La República.

Los protestantes aseguraron que el gobierno central se habría comprometido a financiar 15 proyectos de saneamiento básico y de educación, en distritos de la provincia de Chumbivilcas por lo que solicitaron una reunión con ministros de Estado.

La mesa técnica estaba prevista para el martes 18 y debía desarrollarse en Chumbivilcas, tras la convocatoria de la alcaldesa de la provincia Nadia Liz Pallo Arotaype, quien viajó a Lima con la finalidad de hacer de conocimiento de la cita al Ejecutivo.

El documento, ingresado la semana pasada por la burgomaestre, tenía las firmas de otras autoridades y pobladores, sin embargo, dicha reunión no se llevó a cabo por la inasistencia de funcionarios del Ejecutivo.

Según Cayo Huaytani, dirigente de la comunidad de Ccapacmarca, los representantes sociales y las autoridades de la provincia de Chumbivilcas, solicitaron la presencia de los ministros de Economía y Finanzas, de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Energía y Minas. 

“Ahora que se termina el año, el pueblo sigue en la misma situación, pedimos la presencia inmediata de las autoridades del Gobierno nacional. La huelga es indefinida hasta que logremos dialogar con el presidente Pedro Castillo”, dijo Huaytani a RPP.

Entre otros reclamos el dirigente le recordó al presidente de la República que la provincia apoyó su candidatura por lo que Huaytani asegura que debería priorizar sus reclamos.

Debido al incumplimiento del Ejecutivo de participar en la reunión pactada para el 18 de octubre, los pobladores, gremios y autoridades decidieron empezar las protestas bloqueando el Corredor Vial Sur en el sector de Wincho, del distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas.