Alejandro Álvarez* 

La oposición de las comunidades locales hacia la minería en Latinoamérica personifica anhelos e intereses muy variados. Tanto los mineros como los inversionistas se benefician de contar con apoyo experto para identificar esta oposición y desarrollar planes para evitarla o mitigarla. 

La variedad cultural y geográfica que sustenta la oposición puede ser analizada utilizando a Argentina y Brasil como ejemplos. Estos países vecinos son el primero y segundo más grandes de la región, con una frontera común de más de 1.200 kilómetros. Mantienen una conocida rivalidad que los ha propulsado a competir por un papel protagónico en Hispanoamérica y el mundo. También comparten una variedad de preocupaciones de comunidades frente a los proyectos de litio en Argentina y de oro en Brasil, que son diametralmente opuestas y que requieren enfoques diferenciales para ser abordadas.

 “Sin reclamo ni disputa” las comunidades en Argentina no se sienten parte 

Argentina comparte una tundra alpina rica en minerales con sus vecinos, Bolivia y Chile. Diferentes estudios estiman que los tres países cuentan con entre 54% y 75% de las reservas mundiales de litio, en un área en la que ya se encuentran abundantes depósitos de cobre y plata, entre otros minerales.

 Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, dentro de esta triada las reservas de litio se distribuyen casi equitativamente entre Bolivia (53%) y Argentina (47%), mientras que Chile cuenta con solo el 20%. Por ello es llamativo que sea Chile quien lidere de lejos la producción regional y aspire a competir con Australia como el mayor productor del mundo. Argentina sobrepasa a Bolivia en producción, pero sus perspectivas de competir efectivamente con Chile no son claras. 

La oposición de las comunidades juega un papel clave para identificar las barreras a la explotación de este mineral, y el uso del agua se encuentra en el centro de la discusión. El litio que se mina en la tundra alpina se obtiene luego de poner en salmuera depósitos minerales y requiere crear lagunas artificiales en una de las zonas más áridas del mundo, utilizando depósitos de agua escasos que además se instalan en las nacientes de las cuencas que comparten las comunidades. La agricultura hace parte del ADN de los habitantes de estas regiones y la utilización industrial de los recursos hídricos es percibida como una competencia directa a los medios tradicionales de subsistencia económica. 

Por ejemplo, Argentina es uno de los diez mayores productores mundiales de vino, empleando de manera directa a 150.000 trabajadores y esgrimiendo una reputación de talla mundial por la calidad del producto. Pero el cultivo se produce en algunas de las zonas nororientales que hoy deben compartir sus recursos hídricos con la minería. Es entonces entendible que quienes derivan su sustento de la vinicultura sean recelosos de los proyectos de explotación de litio. 

Chile está buscando aprovechar su amplia costa pacífica para construir plantas de desalinización que permitan hacer uso del agua del océano pacífico. Pero Argentina no tiene acceso al océano pacífico, y la minería de litio, al menos de momento, no tiene otra alternativa que utilizar las fuentes hídricas existentes tierra adentro. Comunidades y mineros deben dialogar, y si las comunidades reciben información objetiva y actualizada sobre los riesgos y beneficios de la minería en su territorio pueden tomar decisiones informadas – lo cual beneficia a todos los grupos de interés relacionados con la actividad.

El papel del Estado adquiere entonces relevancia dada la necesidad de regulación y mediación efectivas. Pero las burocracias especializadas, fundamentales en la actividad minera, no siempre están disponible en regiones apartadas de las capitales nacionales de la región. La industria en Argentina se concentra en las provincias norteñas de San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, y el país es único en la región porque las provincias son propietarias de los recursos minerales y son las encargadas del otorgamiento de concesiones para explotarlos. Las comunidades del noroeste, del cuyo, del gran chaco, y de las sierras pampeanas promedian nueve habitantes por kilómetro cuadrado con un PIB per cápita 40% o 50% inferior al promedio nacional. En parte como consecuencia de la falta de recursos humanos y económicos, en ocasiones los gobiernos provinciales enfrentan problemas de transparencia y capacidad de control. 

Adicionalmente, prevalece la percepción de que la protesta es criminalizada, y ello puede derivar en un rechazo automático de cualquier actividad sin análisis de fondo. Deborah Pragier, Mariano Novas y Lucas Christel, docentes de la Universidad Nacional de San Martín, argumentan en una reciente publicación que “sin reclamo ni disputa pareciera no haber traducción instantánea del marco normativo en el efectivo disfrute de los derechos” de las comunidades vecinas de proyectos extractivos – especialmente las comunidades indígenas. 

Los mineros de litio en Argentina harían bien en conocer el bagaje histórico que conlleva operar allí y desarrollar estrategias que aborden las preocupaciones específicas de las comunidades afectadas. El deseo de información, la gobernanza efectiva y el manejo de recursos escasos se visibilizan en Argentina, y son diametralmente diferentes de las necesidades que experimenta su vecino Brasil. 

La explotación del Amazonas en búsqueda de oro es una lucha por la vida misma

 Las criticas que se hacen a la minería en Argentina y Brasil son tan diversas como los minerales mismos. El oro y el litio son metales con un lugar en la tabla periódica de los elementos, pero poco más tienen en común. El oro ha sido omnipresente a través de la historia de la humanidad, con características que le han permitido ser la moneda de cambio por defecto. Más recientemente, su capacidad conductiva le ha añadido aún más importancia al hacerlo fundamental en muchas de las aplicaciones electrónicas sobre las cuales se edifica la sociedad contemporánea.

El litio, en cambio, tiene una historia más reciente. Tiene poco más de dos siglos de reconocimiento científico, luego que el químico sueco Johan Arfwedson lograra aislarlo de una petalita (una piedra con colores pálidos que, interesantemente, había sido estudiada por primera vez por el naturalista brasilero José Bonifácio durante un viaje a Suecia a principios del siglo XIX). Objeto de inicial curiosidad con aplicaciones en medicina, el litio vio su demanda crecer exponencialmente como insumo de guerra: en la segunda guerra mundial como componente de la grasa lubricante para aviones, y en la guerra fría como insumo para facilitar la implosión en armas nucleares. Desde finales de la década del 2010, el litio vive un renacimiento en su demanda como componente clave de las baterías eléctricas gracias a su alta reactividad y la facilidad con la que libera energía almacenada. 

Consecuentemente, el mercado trata de manera diferente al oro del litio. El oro puede ser tranzado luego de ser extraído de la tierra por cualquier mano hábil, mientras que el litio requiere procesos de transformación industrial solo al alcance de organizaciones especializadas. El oro puede convertirse en un producto desde el momento que ojos humanos se posan sobre él, pero el litio solo adquiere su verdadero valor cuando ha avanzado en la cadena productiva. El oro ha despertado fiebres que atraen aventureros a su extracción, muchas veces sin mayor conocimiento técnico ni recursos fuera de su propia voluntad. El litio, en cambio, atrae compañías que deben invertir enormes capitales para transformarlo e introducirlo en una economía de mercado que lo distribuya eficientemente. 

En Brasil, los depósitos de oro atraen gentes de todo orden. Muchos se adentran en la selva en búsqueda de fortuna, y aquellos que lo hacen sin cuidado o al margen de la ley generan graves consecuencias medioambientales. Notablemente, deforestan zonas de densa vegetación y contaminan los ecosistemas con mercurio y otros residuos peligrosos. En uno de varios estudios realizados sobre el tema, Juliana Siqueira-Gay y Luis Sánchez de la Universidad de São Paulo recientemente encontraron que la selva amazónica deforestada como consecuencia directa de la minería ilegal de oro aumentó 90% entre 2017 y 2020, causando incalculables daños contingentes. 

Incluso antes que se descubriesen yacimientos auríferos en Minas Gerais, que hasta hace poco fue la cuna indiscutida de la minería en el país, colonizadores portugueses explotaban las zonas aledañas al río Cuiabá en Mato Grosso. El oro ha estado profundo en la selva amazónica y se encuentra en aluviones cerca de ríos que nutren el complejo ecosistema de una zona que se estima contiene un tercio de la fauna del planeta. Para amalgamar el metal, desde las épocas de la fiebre del oro de California se ha utilizado mercurio que transforma la mena en pepitas. El mercurio es desechado en los mismos ríos de donde se extrajo el oro en primer lugar.

 En los últimos tres años, la Fundación Oswaldo Cruz ha identificado peligrosas concentraciones de mercurio en los cuerpos de indígenas Mundurukú, que habitan el Amazonas, y residuos de mercurio en los peces de la zona cuatro veces por encima de los niveles máximos establecidos como seguros por la Organización Mundial de la Salud. Existe consenso en que la causa de esta contaminación son los residuos de la minería ilegal de oro, y no es imposible imaginar que la contaminación se magnifique siguiendo el cauce mismo de los ríos. 

Los habitantes del Amazonas suelen ser tribus indígenas con concepciones cosmológicas y tradiciones culturales diferentes de la población brasilera mayoritaria. Apartados de muchas de las herramientas de comunicación moderna, y muchas veces sin hablar lenguas latinas, los indígenas encuentran en la comunidad científica y los activistas medioambientales su único medio de concientización. Mientras que las comunidades aledañas a los proyectos de litio en Argentina buscan establecer canales de comunicación efectivos con las autoridades y armonizar la industria minera con sus propios medios de subsistencia, las comunidades brasileras libran una verdadera batalla por su supervivencia y el mantenimiento de su forma de vida. 

La batalla, en ocasiones, es por la vida misma. La facilidad con la que el oro puede ser comercializado conlleva que organizaciones criminales busquen participar de la actividad. El Foro Brasileño de Seguridad Pública, una organización no gubernamental, frecuentemente lanza alertas sobre el creciente número de asesinatos y desplazamientos forzados de indígenas por parte de mineros. Una vez enquistados, los grupos armados luchan entre sí por el control de la zona y desarrollan una economía ilícita que permea las instituciones locales. En búsqueda de economías de escala, como cualquier empresa, los criminales comercian el oro junto con droga, armas, sustancias químicas e incluso la madera que resulta de la deforestación, creando un ambiente de ilegalidad que deriva en ‘zonas rojas’ invivibles.

 El camino adelante 

Contrario a la primera impresión, la minería en el Amazonas no es imposible. Requiere de un control medioambiental estricto que se ajuste a estándares internacionales plenamente definidos. Los mineros formales que operan allí deben ser conscientes que colindarán con operaciones ilegales y que deben hacer un esfuerzo por diferenciarse de ellas. El esfuerzo puede que incluso sobrepase la otrora inconmovible diferencia entre negocio y política, como hizo la Cámara Minera de Brasil (IBRAM) cuando públicamente rechazó las propuestas gubernamentales de minar en territorios indígenas a principios de este año.

En Argentina, en cambio, se busca tecnología que permita regular el consumo de agua y organizaciones que no escatimen en utilizarla. Pero también se busca tecnología social que permita a las instituciones (incluyendo al sector privado) conectarse con la población que de otra manera se siente en situación de desventaja y que recurre a la oposición a falta de otras alternativas.

*Codirector de Consultoría en Minería en Americas Market Intelligence (AMI), aalvarez@americasmi.com 

*Alejandro trabaja con inversionistas y compañías mineras para evaluar los riesgos no geológicos en la minería de América Latina y el Caribe. Aprovechando la experiencia de AMI en la región, que abarca dos décadas y más de 200 proyectos de consultoría, llevamos a cabo estudios de debida diligencia a nivel local, así como evaluaciones de riesgo país y de contraparte.