Un informe del Instituto de Ciencias Políticas (ICP) resaltó cuáles son los beneficios económicos y sociales que conlleva la implementación de la técnica del fracking en Colombia.

Según el estudio, la dependencia de las finanzas públicas respecto al sector hidrocarburos ha sido clara en los últimos 20 años, con máximos entre 2009-2014; así fue como el sector hidrocarburos llegó a generar más del 40% de los ingresos de la balanza de pagos y un poco más del 70% del total de las exportaciones, con niveles de hasta 85% de la inversión extranjera directa.

En 2020, Bancolombia destacó que los ingresos petroleros entre 2007 y 2017 representaron un promedio de 9% del PIB, 70% de las exportaciones, más de $153 billones entre regalías, impuestos y dividendos, 12% de los ingresos corrientes de la Nación, 29% del presupuesto total de inversión del presupuesto general y casi uno de cada cuatro pesos de las finanzas públicas.

Así las cosas, “es innegable el lugar e incidencia de dicho sector para el país”, de acuerdo con el informe del ICP.

Es por lo que la implementación del fracking representa una oportunidad más para obtener recursos provenientes del petróleo y gas, que también podría traer otras consecuencias positivas a en el ámbito económico: oportunidades en materia laboral, aumento de las regalías, acceso a energía, entre otros.

El documento reveló que, en línea con evidencias internacionales, más de la mitad de la mano de obra empleada en los proyectos de Yacimientos No Convencionales (YNC) es semi calificada: para un pozo típico los trabajadores necesarios oscilan desde 78 en Estados Unidos hasta más de 200 en Argentina.

Todo lo anterior sin contar con los diversos servicios asociados con la mano de obra especializada; razón por la cual, la implementación en Colombia podría dar paso a la creación de puestos de trabajo en las zonas de la intervención.

Por ejemplo, en Puerto Wilches -región en la que se llevaría a cabo los dos pilotos de fracking en el país (Platero y Kalé)-, según cifras del DANE con corte a junio 2021, las tasas de desempleo es esta zona superan las del país.

Para el ICP, hay una oportunidad, aprovechando y analizando la ley de contratación de mano de obra para estos proyectos, para el caso de la mano de obra no calificada, sobre todo porque el 100% de los trabajadores debe ser residente del área de influencia. Y en cuanto a la mano de obra calificada se debe cumplir con mínimo el 30%.

OTROS BENEFICIOS DEL FRACKING EN COLOMBIA
Según el Comité Gremial Petrolero de Colombia, conformado por la ACP, Campetrol, Acipet, ACG y la Aciem -Capítulo Cundinamarca-, no permitir el desarrollo de los YNC, podría dejar al país en una situación energética y financiera vulnerable.

Además, privaría al Estado de contar con los recursos necesarios para inversión social, infraestructura y seguridad pública.

En línea con lo anterior, el grupo sectorial planteó que el país tiene la oportunidad de explorar los yacimientos no convencionales a través de la técnica de fracking que traerían, al menos, diez nuevos beneficios para el país:

+ Triplicar el número de las reservas actuales: en 25 años se producirían 2.800 millones de barriles de nuevas reservas de petróleo y siete terapiés cúbicos de gas

+ Incrementar la inversión extranjera directa: este aumento podría ser de un 40% con respecto a la inversión de 2017

+ Apalancar programas permanentes de formación técnica: para que puedan ser utilizados en este y otros sectores

+ Proporcionarle a Colombia la oportunidad de mantener su autosuficiencia energética

+ Obtener más ingresos para la Nación

+ Dinamizar la industria local, regional y nacional de bienes y servicios

+ Producir el volumen requerido de gas natural para atender el creciente y alto déficit del mercado interno para los próximos 25 años

+ Invertir al menos US$2.400 millones en programas socio ambientales obligatorios, de los cuales 50% en beneficio de las comunidades y el otro 50% en programas ambientales

+ Generar 19.000 nuevos empleos directos estables, que sumados a los indirectos e inducidos totalizarían 68.000 nuevos empleos durante 25 años

+ Obtener recursos fiscales que permitan aumentar un 10% y 15% de la inversión total del Gobierno Central por 25 años