WILBER HUACASI

Apenas un día después de la frustrada entrevista con el presidente Pedro Castillo, el legislador Héctor Ventura (Fuerza Popular) repartió a los miembros de la Comisión de Fiscalización, en formato digital y con sellos de agua, el informe final de la investigación sobre las reuniones en el pasaje Sarratea, en el distrito de Breña.

El documento consta de 363 páginas y en la parte final concluyen que el mandatario habría incurrido en infracción constitucional en los casos Sarratea y las supuestas injerencias ante el superintendente de la Sunat, lo cual puede dar pie a un juicio político para la eventual sanción de destitución.

CASOS SARRATEA Y SUNAT
Son cinco los casos que aborda el informe final, al cual tuvo acceso esta redacción. Uno de los más desarrollados tiene que ver con las reuniones clandestinas del mandatario, al inicio de su mandato, en Sarratea.

El informe concluye que Castillo transgredió sus funciones al no llevar un registro de visitas. Aquí incluyen a los congresistas Alex Paredes y Lucinda Vásquez, por incumplimiento de la ley de transparencia.

El informe concluye de forma tajante que Castillo tuvo reuniones para cometer actos de corrupción, aunque luego, en el mismo párrafo, agregan que esos hechos son materia de investigación fiscal.

Aquí el párrafo en alusión: “Ha quedado corroborado por esta comisión fiscalizadora que el presidente José Pedro Castillo (...) ha mantenido reuniones fuera del domicilio legal del Despacho Presidencial (...) con exministros de Estado, congresistas de la República, funcionarios y empresarios, con el propósito de planificar de manera conjunta actos de corrupción en la administración pública, en el contexto de una organización criminal; hechos criminales que, a la fecha, vienen siendo materia de investigación fiscal”.

Por esto plantean acusación constitucional contra Castillo, por presunta infracción de cuatro incisos del artículo 118 de la carta magna.

Estos incisos precisan que el presidente debe cumplir y hacer cumplir las leyes, dirigir la política del gobierno, velar por el orden interno y reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas.

Según el informe redactado por el equipo de asesores del fujimorista Héctor Ventura, estos habrían sido incumplidos por el presidente.

La Comisión de Fiscalización recomienda denunciar, adicionalmente, al presidente Pedro Castillo y a los ex ministros Juan Silva (Transportes) y Juan Carrasco (Interior) por presunta organización criminal y otros delitos.

Aquí ya no incluyen a ningún congresista, aunque en las conclusiones sí determinan que hubo reuniones con miembros del Legislativo para planificar actos de corrupción.

El segundo caso que concluye que hubo infracciones constitucionales es el vinculado a las supuestas injerencias en Sunat.

El documento concluye que el exsecretario Bruno Pacheco, con la anuencia del presidente, ejerció presión en el superintendente de la Sunat, Luis Vera Castillo, para favorecer a las empresas Grupo Deltron y MQVC Corporation.

Algo similar se habría producido para favorecer al ciudadano Marco Urbina Chumpitassi, postulante al puesto de martillero en la Sunat de La Libertad.

Aquí el informe también concluye que Castillo incurrió en infracciones constitucionales por los mismos artículos del caso Sarratea. Además, consideran que cometió falta contra el artículo 172, a pesar de que esta norma solo aborda temas de la Policía y las FF. AA., y nada relacionado con la Sunat.

En opinión del constitucionalista Omar Cairo, solamente en estos dos casos (Sarratea y Sunat) el informe podría tener alguna implicancia, en términos de un proceso de juicio político, “que puede concluir con una sanción de suspensión, inhabilitación o destitución” del presidente Castillo.

En los otros tres casos, según Omar Cairo, solo hubo pérdida de tiempo por parte de la comisión, debido a que el presidente solo puede ser procesado por delitos contemplados en el artículo 117 de la Constitución.

Benji Espinoza, abogado de Castillo, descalificó el informe al recalcar que ya lo tenían listo. “El informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso no tiene rigor jurídico, es político y su análisis penal es equivocado y ligero”, expresó.

SUPUESTOS DELITOS
En el informe final también proponen denunciar a Castillo por cuatro presuntos delitos: organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y colusión.

Estos delitos, según el documento, habrían sido cometidos en los casos Puente Tarata III, ascensos en las FF.AA. y las reuniones de Sarratea. En este extremo también plantean denuncia contra los exministros Juan Silva (Transportes), Juan Carrasco (Interior) y Walter Ayala (Defensa).

En el caso Puente Tarata III, la Comisión de Fiscalización evitó ahondar en los señalamientos hacia los congresistas de Acción Popular, señalados como ‘Los Niños’.

Por ello, solo recomiendan enviar los actuados a la Fiscalía para seguir con las investigaciones ya abiertas contra los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori Celis, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza e Ilich López.

El informe final abre ahora un nuevo estadio en el reiterado intento del Congreso de sacar a Castillo de Palacio.

LA RUTA PARA EL PROCESO DE JUICIO POLÍTICO
La Comisión de Fiscalización sesiona hoy a las 3 p.m. de forma extraordinaria para debatir y votar el informe contra Pedro Castillo. El documento luego pasaría al Pleno del Parlamento.

Según explicó la constitucionalista María Antonieta Gonzales, luego de la aprobación en el Pleno, el documento solo se remite a la Fiscalía.

Pero en lo relacionado con las presuntas infracciones constitucionales, el siguiente paso sería que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, haga suyo el informe y lo envíe como denuncia a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Así las cosas, en la siguiente legislatura, la citada subcomisión puede iniciar un proceso de juicio político para llegar a la eventual sanción de destitución del presidente.