RODRIGO CHILLITUPA

“Vamos a gestar un verdadero desarrollo económico y ser respetuosos de la Constitución por la cual hemos sido elegidos hasta cuando el pueblo lo decida. Y rechazamos cualquier cosa que vaya contra la democracia o cualquier pretensión de traer un modelo de otro país”, dijo Pedro Castillo, el 27 de junio del 2021, tras ser proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como nuevo presidente del Perú desde un balcón en la Plaza San Martín.

Casi un año después, “el gobierno del pueblo” que el profesor prometió se cae a pedazos.

Según las últimas encuestas publicadas por IPSOS Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el presidente cuenta con una desaprobación de más del 70% en tan solo diez meses en Palacio de gobierno. En todas las regiones es rechazado: Lima, norte, sur, oriente y el centro. También en todos los niveles socioeconómicos: A, B, C, D y E. Su discurso de “No más pobres en un país de ricos” quedó, prácticamente, en el olvido para la gente que confió en él.

Para la politóloga Paula Távara, el gran problema del presidente Castillo es que no ha tratado de construir una línea de prioridades para sus diez meses de gestión. “No hemos encontrado un programa, prioridades nacionales o gestión estratégica para el país sino un liderazgo de supervivencia que teje negociaciones para la permanencia en el gobierno”, señaló en diálogo con Infobae.

En esa línea, Távara también se refirió a la concepción de gente idónea para asumir un cargo dentro del Ejecutivo que tendría el jefe de Estado. “El asunto es qué entendemos nosotros por gente idónea y lo que pueda el presidente percibir. Para uno se podría entender por idóneo alguien con las mejores capacidades para la gestión pública, y para el gobierno tendría que ver con garantizar cuotas políticas que le permitan la supervivencia y no ser vacado”, agregó.

En diez meses de gobierno, Castillo ha designado 56 ministros de Estado. El último que se acaba de ir es Javier Arce, quien solo duró dos semanas en la cartera de Desarrollo Agrario y Riego.

Tener tanta inestabilidad en los cargos ministeriales también provoca que no se pueda trabajar en una política concreta a largo plazo. “Los intentos de políticas que se han querido plantear o mencionar, finalmente, no han terminado por cuajar. Inclusive, lo que se pensaba que sería su gran obra como es la segunda reforma agraria ha quedado en nada. El presidente Castillo tuvo presencia en este tema porque la defendió y la hizo suya”, indicó Távara.

Conforme pasan los meses, la aprobación de Castillo disminuye. Frente a esta situación de alta vulnerabilidad presidencial, la politóloga apuntó que la pérdida de legitimidad del jefe de Estado ya se percibe en las zonas donde fueron sus bastiones en la pasada campaña electoral. Sin embargo, esto necesariamente no provocaría que exista una gran movilización social que pueda sacar al mandatario del cargo. “La calle no va sacar al presidente”, mencionó.

Sobre los recientes escándalos de corrupción que involucran al exministro Juan Silva, quien era uno de los más cercanos al presidente, la politóloga Távara añadió que contribuirá a aumentar la desaprobación de Castillo.

“Puede perder muchísima aprobación, pero si giramos la mirada al otro actor político que es el Congreso también observamos que se revelan audios como el de la señora Maricarmen Alva. Entonces, la ciudadanía percibe que todos los actores políticos son iguales”, zanjó.

DESASTRE ECONÓMICO
“En diez meses hemos perdido todo lo que nos costó en dos décadas”, dice el economista Alejandro Indacochea a Infobae. Añadió que el Perú se está acercando lamentablemente a una década perdida.

Indacochea mencionó que la deuda externa, bajo la gestión de Castillo, aumentó en US$ 4.000 y 1.000 millones de euros. “A futuro, cada peruano pagará 150 dólares más”, dijo.

El economista aseguró que se ha dado una fuga de capitales que se estima bordea los US$ 20.000 millones. “El Banco Central proyecta que para este año habrá 0% de inversión privada”, analizó.

Infobae le preguntó a Indacochea qué significaría que escaseen los capitales extranjeros en el país. “El ciudadano de a pie desea que mejoren sus ingresos y tener empleo. La única manera para lograr eso es con el crecimiento de la actividad económica. Para que haya eso, debe haber inversión privada. Sin embargo, tiene que existir confiabilidad que es lo que no tiene este gobierno”, mencionó.

La deuda del Producto Bruto Interno (PBI), según Indacochea, se sitúa en un 40%. El economista también cuestionó que el Gobierno apela a un sistema indiscriminado de subsidios y tampoco existe una estrategia para afrontar la crisis alimentaria.

“La única medida que el gobierno tiene para enfrentar la inflación que se avecina es entregar subsidios al estilo Venezuela”, apunta Indacochea. De otro lado, el economista cuestionó la entrega de los bonos que sirven como una suerte de chantaje por parte del gobierno con la población. “Un bono indiscriminado subsidia, incluso, a los que más tienen”, aseguró.

Indacochea consideró que también la exoneración del IGV a los alimentos tampoco ha resultado porque los precios siguen elevados. Esto también se complementa con lo ocurrido con los combustibles que tampoco llega al usuario final.

“Hemos tenido más de US$ 16.000 millones adicionales por el repunte de la minería a pesar de producir poco cobre. En vez de incentivar el sector que les está permitiendo salir a flote, lo que hacen es seguir con el mito de la empresa estatal”, apunta Indacochea. Cuestionó la paralización de las minas Las Bambas y Cuajone sin que haya una reacción del Gobierno que, por el contrario, legaliza la minería informal.

Finalmente, el economista consideró que este 2022 se va consumir todos los ahorros que el país ha almacenado durante años.

“Reconstruir lo que se ha destruido en diez meses nos va costar una década. Se ha descapitalizado la administración pública porque el Estado se ha convertido en un botín. Tenemos un ministro de Educación que es un abierto plagiador, una contrarreforma que se gestó en el ministerio de Trabajo, el ministerio de Energía y Minas se ha convertido en un botín, tenemos un desastre ecológico y el ministro Montoya no brinda ninguna solución”, recalcó.

Indacochea señala que hay más de US$ 50.000 millones en proyectos de inversión que podrían venir al Perú, pero con la actual inestabilidad del gobierno no se dará.

POBRE MANEJO DE POLÍTICAS SOCIALES
Norma Correa, antropóloga e investigadora en políticas públicas por la PUCP, consideró que en diez meses se ha observado un desmantelamiento de la administración pública y un retroceso a nivel programático. “Esto es muy grave tanto en materia social, económica y sanitaria”, indicó a Infobae.

Agregó que la situación en materia social es alarmante debido a que el Gobierno no ha presentado un programa para responder a los retos de una crisis alimentaria. “El presidente Castillo y su gestión han tenido el tiempo suficiente en sus primeros meses para trazar una lista de prioridades y acciones concretas en relación a la agenda social pendiente que tiene el Perú. Tanto en los temas de inclusión, pobreza y generación de empleo”, mencionó.

Correa sostiene que estos meses también se han desaprovechado con el nombramiento desafortunado de personajes no idóneos para los cargos dentro del Estado. “Lo más dramático es que al interior de las instituciones se ha ido perdiendo capacidad por la alta rotación de funcionarios que, si bien es cierto no es nuevo y se ha dado en otros gobiernos, preocupa particularmente en esta gestión que ha priorizado el cuoteo político que es absolutamente descarado”, apuntó.

La investigadora menciona que el Perú se encuentra en una situación muy difícil. De hecho, puso como ejemplo lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que hay más de 8,6 millones de pobres monetarios en el Perú. De esta cifra, casi seis millones se ubican en el ámbito urbano y cerca de 2,7 millones se encuentran en el ámbito rural.

“El presidente ha persistido en el error. Hemos caído en el espiral de deterioro institucional que ya repercute en los servicios básicos de los ciudadanos que experimenta en su vida diaria”, insiste Correa. Pasó a citar el caso del Ministerio de Salud, donde recuerda que Hernando Cevallos fue cambiado pese al gran trabajo que realizaba con la vacunación para colocar a un cuadro de Perú Libre.

“Si eso ha pasado en una crisis sanitaria, no tengo la mayor esperanza de que haya mejoras en otros sectores sociales. Tengo la impresión que el gobierno no tiene claridad de lo que desea hacer en materia social, no tiene sentido de urgencia y se está politizando el tema. Creo que en un afán, a mi juicio poco serio y responsable, insisten también con el tema de la Asamblea Constituyente cuando lo que deberían hacer es su trabajo que es implementar mejores medidas”, sostiene Correa.

La especialista consideró que la crisis en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, donde hace pocos días renunció Javier Arce, es un buen ejemplo de lo que se pidió al presidente Castillo para que corrija y nombre a alguien idóneo. “Los dos últimos nombramientos (Óscar Zea y Javier Arce) no contaban con el perfil para asumir y enfrentar la crisis alimentaria. Además, poseían una serie de denuncias. Va ser muy complicado para el Perú afrontar la crisis que se viene si no tenemos un liderazgo fuerte en el sector agricultura”, dijo.

Correa equiparó la tardía reacción del gobierno en la compra de fertilizantes para los agricultores con lo que pasó en su momento para adquirir las vacunas contra la Covid-19. “Se va requerir personas muy preparadas para este tipo de adquisiciones. Va requerir una cadena de distribución importante para que llegue a los agricultores y, lamentablemente, no vemos ese liderazgo en el sector”, apuntó.

La especialista indicó que, más allá de los programas sociales que existen, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social también debe trabajar en soluciones complementarias para la pobreza urbana. “El ministerio ha caído en una inercia y no impulsa una estrategia para afrontar que pasamos de una emergencia sanitaria a una emergencia social. No tenemos las cabezas claras, ni las directrices ni los instrumentos. Si bien tenemos este tema del alza de precios de los alimentos que es un fenómeno global, pero los países se diferencian en su capacidad de respuesta a través de políticas públicas. Y ahí el Perú ha perdido lamentablemente tiempo”, sostuvo.