ISAAC VÁSQUEZ TELLO

La minería ilegal mueve más dinero que el narcotráfico. Lo hacía en 2012, cuando el oro ilegal que se exportaba se estimaba en US$1,800 millones, según Macroconsult, y hoy lo hace con US$3,900 millones anuales, según datos de 2020 del Ministerio de Energía y Minas.

Y si bien el Estado ha desplegado medidas de formalización, como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de poco ha servido ello para combatir esta actividad. ¿Qué problemas se esconden detrás de estos dilatados procesos de formalización?

En la actualidad, hay entre 300.000 y 500.000 personas que se dedican a la minería ilegal e informal en el país, según el estudio “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, elaborado por Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera.

La diferencia entre ambas actividades es que la ilegal es realizada en zonas prohibidas, como reservas naturales; mientras que la informal opera en zonas permitidas, pero sin un contrato de concesión ni acuerdo con el titular del yacimiento.

La minería ilegal y la informal ya eran un problema hace dos décadas, cuando en 2002 se creó la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, y lo siguió siendo 15 años después, cuando en 2017 se creó el padrón de Reinfo con la intención de abrir una puerta temporal a la formalización ese año. Sin embargo, las inscripciones volvieron a ser abiertas en 2019 hasta 2021 y a finales de ese mismo año fueron prorrogadas hasta 2024, algo que ha sido criticado por analistas.

Las observaciones no caen en saco roto, pues actualmente hay 88,041 personas inscritas para dejar la ilegalidad. Sin embargo, el total de formalizados a abril de este año solo llegaba a 10,600 personas, de acuerdo a lo reportado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ese mes. Es decir, quienes han culminado su proceso solo son el 11% de los inscritos para lograr tal cometido.

FUERA DE LA LEY
Dante Vera, uno de los autores del estudio, explica que hay una gran cantidad de inscritos que no ha cumplido requisitos para formalizarse, como contar con el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal o presentar el certificado del contrato de concesión del titular de la zona donde operan.

“En realidad, ya deberían estar suspendidos y fuera del registro porque ya se venció el plazo, pero se ha ampliado hasta 2024 para nuevos mineros en situación de informalidad. Lo que sucede con los inscritos es que tienen una especie de protección porque basta que tengan el certificado de inscripción para que no puedan ser investigados por delito ambiental. Es decir, los mineros ilegales están usando de una manera delictiva este registro porque la ley no los saca del padrón, sino que los ampara para que sigan cometiendo actividades ilícitas”, advierte Vera.

Al hablar de actividades ilícitas, Vera no solo hace referencia a la minería ilegal, sino también al acopio de mineral que compran a terceros y que venden a plantas procesadoras o que destinan al contrabando vía Bolivia.

Para el exministro del Interior Rubén Vargas, la minería ilegal es el problema más serio en cuanto a actividades ilegales, pues incluso se retroalimenta con el narcotráfico.

“En algunas regiones como Puno, Huánuco, Madre de Dios y Loreto, la minería ilegal y el narcotráfico se retroalimentan, se financian mutuamente. Al narcotráfico le interesa porque es fácil lavar dinero comprando el oro, porque la venta del oro en el mercado local e internacional no tiene tantas restricciones como la cocaína. Pueden lavar cualquier cantidad comprando oro ilegal y blanqueándolo en mercados nacionales o internacionales”, comenta Vargas.

Debido a ello, considera que mantener de forma indefinida los procesos de formalización ata de manos al Ministerio Público en la lucha contra la minería ilegal. “Dejar abierta la posibilidad de formalización a través de una ley es mantener un statu quo para que no se formalicen porque no les conviene por los costos”, aseveró.

DATOS
+ El 80% de los mineros ilegales e informales trabajan sobre concesiones de terceros, señala Dante Vera. “Esa es la gran traba para formalizar”, comenta.

+ “Hay una gran cantidad de concesiones en manos de concesionarios mineros que las tienen para hacer usura, no para explotarla. Les dicen a los mineros ilegales que exploten su concesión, estos mineros pueden pedirles el contrato, pero los titulares les van a decir que no, que todo sea un acuerdo oral y ‘de lo que sacas, me pagas’”, explica Vargas.