Interesantes definiciones del empresario y geólogo sanjuanino Ricardo Martínez (también vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan) sobre la reciente reforma de la provincia cuyana sobre el uso de las regalías y fondos que capta el Estado de la actividad minera.

Al final de estas líneas está el audio completo. Y aquí los conceptos de Martínez en la entrevista de Sebastián Olivera, de "Olivera y las Noticias", por Radio Concepto,  sobre la reciente derogación del artículo 11 de la Ley de Inversiones Mineras en San Juan.

+ Las regalías provinciales creadas a partir de la Ley de Inversiones Mineras en 1993 como un reflejo de la Ley Nacional que describía un tope para las regalías, San Juan al poco tiempo lo estableció por ley provincial y estableciendo el tope del 3% "boca mina",

+ luego hubo distintas modificaciones en distintas etapas de esta ley. Primero repartiendo ese potencial ingreso, porque no había todavía minería, pero ya se pensaba en un reparto donde una parte iba a Rentas Generales, otra a la autoridad minera y otra al municipio de origen del recurso. La regalía no es un impuesto, es una reparación por la utilización de recursos no renovables, no es un tributo.

+ Se trataba si legislativamente porque convenía o venía a ampliar los montos de coparticipación con los departamentos, los montos que recibía el Estado provincial.  Siempre primó un sustento técnico legal que esos montos no se utilizaran en gastos corrientes,  para mayor personal de planta, gastos en cosas que no fuera contribuciones a la sociedad.

+ Algunos municipios hicieron muy poco en cuanto a la contribución de estas regalías a proyectos de desarrollo sostenible, es decir algo que no existe, que se crea para reemplazar ese aporte del recurso no renovable y que puede trascender en el tiempo. Si yo exploto cobre u oro y pongo ese dinero de regalías a un trabajo productivo en otras ramas de la economía eso contribuye justamente a ese tipo de creación de desarrollo sostenible. No ha sido así en la mayoría de los casos.

+ Como Cámara Minera en el Acuerdo de San Juan, a partir de grandes inversiones que van a tener que desarrollar nuevos proyectos en la provincia (Calingasta, Iglesia o Jáchal) tienen que perfeccionar la base de recursos de accesos y de accesos al sistema eléctrico nacional, que no existe para esos recursos mineros. Tienen que hacer grandes inversiones fuera de la zona específica de su operación. Se planteó la posibilidad en aquel momento de que existiera una forma de adelantar ese recurso económico, llámese inversión, contra los descuentos que vinieran mucho tiempo después con el pago de las regalías.

+ Ese gasto, como se hará ahora, US$ 300 millones en una ruta provincial al Oeste de la provincia, además de una línea eléctrica de 500kva en gran parte, ese aporte que se hará en dos o tres años, la empresa lo podrá recuperar con los pagos futuros a medida que se acuerde ese descuento con regalías, beneficiando a la provincia con un adelanto y se beneficiarán otras actividades, como en el acceso y la infraestructura regional.

+ La discusión que se planteó no es por objetivos ni por beneficios de la provincia. Entiendo sin dar una opinión estrictamente política,  que son visiones diferentes, quizás por bancadas que en su momento tuvieron la misma visión y hoy plantean sus diferencias.

+ ¿Cuántos planes de acción social, cuantos impuestos, no relacionados con la minería, están o deberían estar dirigidos a ese argentino que hoy tiene una falencia laboral o alimenticia? Son bastante numerosos. El Estado adolece de una cuestión fundamental que es saber administrar y lo que está haciendo la minería es aportar en obras que se descontarán a futuro, generando flujos de caja positivos para la provincia y utilizaciones adicionales de esos recursos, que bien se pueden destinar hoy a las urgencias y a la necesidad concreta que se apunte.

+ Tenemos la obligación de contribuir a un aspecto social y a los serios problemas de distribución. Hoy el político se debe preocupar por el esquema social y también por una base impositiva más amplia, mayor generación de recursos, menos trabas en el ejercicio de la minería. En ninguna de esas provincias se les ocurrió a los políticos renunciar a su cargo. Tenemos un grado de amenaza y no es ni la minería, ni el medio ambiente, ni los problemas de hambre. El problema es la fuerte disparidad en la distribución y el “tomatodo”  siempre prima.  

+ La responsabilidad social de las empresas y de la población en general tiene numerosos ejemplos positivos, mientras que la responsabilidad social de la distribución tiene bastantes ejemplo negativo.

+ Desde la Cámara, estamos tratando de contribuir más divisas al país, tratando de que haya mayor actividad minera, mayor distribución de riquezas y mayor trabajo. Por eso la minería paga los mejores sueldos, las mejores condiciones de seguridad y salud, y hacia esa mejora cualitativa avanzamos y tratamos de que la sociedad avance en su conjunto.

+ Los sanjuaninos hemos visto la influencia positiva de la minería en recursos, en conductas, en normas de higiene y seguridad, en desarrollo. Tiene mucho y mucho más para ofrecer, en ese objetivo estamos todos enfocados.

+  La provincia tiene estructurado fideicomisos de aporte para inversiones estratégicas.  La inversión de gran escala del proyecto de energización de San Juan se ha llevado a cabo de la mano de inversiones mineras (Gualcamayo y Casposo) y a través de fideicomisos como el de Pascua Lama, que permitió el crecimiento rápido de la base de distribución de alta potencia de San Juan. Seguramente se hará un fideicomiso similar, donde no solamente la administración y el gasto estará controlado, sino que fundamentalmente el objetivo social se vea representado en esa distribución real.