JOSÉ GIMÉNEZ

El gobierno nacional culminó una serie de audiencias públicas convocadas con el objetivo de establecer un nuevo esquema tarifario para el servicio eléctrico y el de provisión de gas natural, que incluye una segmentación de los usuarios para que quienes posean mayores recursos dejen de recibir subsidios. 

En esta nota te contamos cuáles son los pasos administrativos que deberá seguir el gobierno para aplicar la segmentación y qué características tendrá este nuevo sistema. 

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE SUBSIDIOS
Como se explicó en esta nota, la factura de luz está compuesta por 3 segmentos: el costo de la generación, el transporte y el Valor Agregado de Distribución (VAD). A eso se les debe adicionar los impuestos nacionales y los provinciales y las tasas locales, en caso de corresponder.

El costo de generación es lo que le cuesta a la empresa Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa, integrada por privados y el Estado nacional) producir la energía. Es igual para todo el país y para afrontarlo la Secretaría de Energía establece un Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), el valor que deben pagar las compañías distribuidoras. 

Como ese precio mayorista no alcanza para cubrir los costos de generación, la diferencia es saldada por el Estado a través de Aportes del Tesoro Nacional. Es decir que, hasta ahora, los subsidios son iguales para todos los usuarios del país.

El VAD refleja los costos de las empresas distribuidoras, encargadas de brindar el suministro a los usuarios y de cobrar las tarifas. Este valor es determinado en cada una de las áreas de concesión, que dependen de las provincias y, en algunos casos, de los municipios. 

Como se explica acá, los costos del VAD difieren en función del número de usuarios conectados a la red y su distribución geográfica: mientras más sean y más cerca se encuentren unos de otros, más barato será llevarles la energía. 

En el caso del gas, el gobierno nacional establece el valor mayorista y las distribuidoras se lo trasladan al usuario, junto con los costos de distribución. 

EL CAMINO PARA LA APROBACIÓN DE LOS AUMENTOS
El gobierno nacional realizó una serie de audiencias públicas el 10, 11 y 12 de mayo últimos. El primer día se discutió el incremento en el precio mayorista del gas, mientras que en el siguiente el debate giró en torno al aumento del precio estacional de la electricidad. El 12 de mayo, finalmente, el Poder Ejecutivo presentó el esquema de segmentación de usuarios propuesto para ambos servicios. 

En el caso de la energía eléctrica, la suba del precio estacional afectará a todas las distribuidoras del país por igual. 

Para ello, el gobierno propuso que el incremento para los usuarios de la tarifa social (jubilados, monotributistas sociales y otras personas de bajos ingresos) sea el equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) de 2021, que se traduce en una suba del 21,27% para este año. Como en marzo ya habían recibido un primer aumento, el Ejecutivo aseguró que en junio la suba sería del 6,8%.

En tanto, para el resto de los usuarios el aumento será equivalente al 80% del CVS, un 42,8% para todo 2022. En este caso, la suba de junio será del 16,7%. 

De todos modos, la jurisdicción del Gobierno nacional en materia de tarifas eléctricas sólo alcanza a los usuarios del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que reciben el servicio de las empresas distribuidoras Edenor y Edesur.

En este caso, el gobierno cuenta con 10 días para producir el informe técnico con las conclusiones extraídas de las audiencias, y luego la decisión final recaerá sobre el Ente Nacional de Regulador de la Electricidad (ENRE), quien deberá oficializar los aumentos y hoy está a cargo de María Soledad Manín.

En el resto de las jurisdicciones, cada gobierno provincial o local (o sus respectivas agencias de control) deberá autorizar a las empresas y cooperativas eléctricas a realizar los aumentos correspondientes para trasladar a los usuarios el incremento del precio mayorista. 

Alejandro Einstoss, economista Jefe del Instituto Argentino de la Energía (IEA) General Mosconi, explicó que “como lo que aumenta es el precio estacional, las empresas tienen que hacer un pass through [N. de la R: hacer un “pasaje” del aumento a los usuarios]”.

¿Qué ocurrirá si las agencias reguladoras o los gobiernos provinciales y locales no autorizan los aumentos? Tanto Einstoss como Santiago Urbiztondo, economista Jefe de la Fundación FIEL, coincidieron en señalar que en ese caso las distribuidoras van a aumentar las deudas que mantienen con Cammesa. 

En el caso del gas, el gobierno propuso en la audiencia pública realizada el 10 de mayo último un incremento en el precio mayorista. Para el traslado a los usuarios se propuso el mismo criterio que en el servicio eléctrico: un aumento del 40% del CVS para la tarifa social y del 80% del CVS para el resto de los usuarios. 

Según se informó durante la audiencia, los usuarios con tarifa social no recibirán aumentos en junio, porque el aplicado a comienzos del año cubrió el porcentaje que deben afrontar para todo 2022. En tanto, el resto de los usuarios tendrá un incremento de entre el 18 y el 25% a partir de junio. 

En este caso, como las concesiones de todas las empresas se encuentran a cargo del Gobierno nacional, para aplicar los aumentos en todo el país sólo será necesario el aval del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) -liderado hoy por Federico Bernal-.

LA PROPUESTA DE SEGMENTACIÓN DEL GOBIERNO
En la última de las jornadas de audiencia, el gobierno nacional presentó su propuesta de segmentación tarifaria para los usuarios de luz y gas. 

La iniciativa presentada por la Subsecretaría de Planeamiento Energético -que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía nacional- identifica 2 tipos de segmentos: el de menor nivel y el de mayor nivel de subsidios. El gobierno aseguró que ya identificó y asignó características al 59,4% de los usuarios de energía eléctrica y al 69% del gas. 

El grupo de menor nivel de subsidios está integrado por usuarios que viven en zonas de alto poder adquisitivo (según la propuesta realizada por el ENRE) o en urbanizaciones cerradas y/o tengan ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales de un hogar (unos $ 315.000 en marzo de 2022), 3 o más inmuebles registrados, 3 o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad y aviones o embarcaciones de lujo. 

En tanto, los usuarios con mayor nivel de subsidios serán quienes vivan en barrios populares y/o sean jubilados y perciban un haber inferior a 2 salarios mínimos, monotributistas de las categorías más bajas, beneficiarios de pensiones, titulares de programas sociales y del monotributo social, entre otras condiciones. 

Quedarán excluidas las personas que, aún cumpliendo con estos criterios, posean 2 o más inmuebles, sean propietarios de un vehículo de hasta 10 años de antigüedad o tengan más de un servicio a su nombre. 

En la audiencia pública el gobierno indicó que a los usuarios con menor nivel de subsidios (el 10%, según cálculos oficiales) se les irá quitando “paulatinamente” el 100% del beneficio. Según cálculos de Urbiztondo, esto les significará un incremento de entre 200% y 300% en el precio de la electricidad. 

Quienes mayor nivel de subsidios posean pagarán una tarifa social, mientras que el resto de la población estará englobada dentro del sector que recibirá un aumento equivalente al 80% del CVS. 

Urbiztondo estimó que, en este escenario, y debido al aumento de los costos derivado de la invasión rusa a Ucrania, los gastos en subsidios aumentarían entre un 20 y un 40% en 2022, pese a la segmentación.  

Esto se debe, según el especialista, a que “para el 90% de la población los aumentos serán moderados, por debajo de la inflación de este año, por lo que las tarifas siguen cayendo en términos reales. Sólo un 10% pagará más, y eso no alcanza para compensar la caída”. 

Por su parte, Einstoss señaló que “va a ser muy difícil aplicar la segmentación y el efecto sobre los subsidios va a depender de la cantidad y el precio del gas para este invierno”. Y agregó: “No está claro cómo las distribuidoras van a aplicar la segmentación. Y estamos muy sobre la fecha fijada para el inicio del nuevo esquema, el 1° de junio”.