La audiencia pública para considerar los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) duró tres horas y media y contó con la participación de 25 de los 38 oradores inscriptos, en su mayoría representantes de entidades de defensa de los consumidores y defensorías del Pueblo de diferentes jurisdicciones.
La subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, señaló que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial -es decir de un 20%-, y del 80% para quienes no tuvieran ese beneficio, es decir del orden del 40%, teniendo en cuenta que el CVS fue del 53,4% en 2021.
Además, subrayó la "convicción" del Gobierno de que "las tarifas tengan correcciones por debajo de la evolución de los salarios".
La Secretaría de Energía propuso un aumento promedio del 20% en el servicio de gas natural para los usuarios sin tarifa social, en tanto para quienes posean ese beneficio se mantendrían los valores vigentes.
Videla recordó el anuncio formulado por el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de un "reajuste anual total en sus facturas", y señaló que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial, y del 80% para quienes no tuvieran ese beneficio, publicó Télam.
Como el CVS fue en 2021 del 53,4%, esos ajustes para todo el año deberían del 21,3% y del 42,7%, respectivamente.Videla recordó que en febrero se concretaron aumentos de tarifas y, tomando como ejemplo distribuidoras de gas de cuatro regiones diferentes, señaló que por las variaciones aprobadas oportunamente, "no correspondería hacer ninguna corrección" en el caso de los beneficiarios de la tarifa social.
En cuanto a los que no cuentan con ese beneficio, que Videla caracterizó como "el común de los ciudadanos", los aumentos dispuestos en febrero se ubicaron entre el 13,7% y el 20,5%.
En consecuencia, los incrementos para estos usuarios deberían ser, según los ejemplos presentados por Videla en la audiencia, del 18% al 25,5%.
Como síntesis, la subsecretaria señaló que "los usuarios sin tarifa social, el común de los ciudadanos, tendríamos un incremento del 20% en las facturas".
La funcionaria remarcó la "convicción" del Gobierno para que "las tarifas tengan correcciones por debajo de la evolución de los salarios". Según informó Videla, el Estado nacional cubre con subsidios el 75,6% del costo total del gas natural, con porcentajes mayores en los meses de invierno.
En su presentación, previa a la apertura de la lista de expositores, Videla señaló que, a raíz de los incrementos en los precios internacionales por la invasión de Rusia a Ucrania, el costo de abastecimiento se ubica en el equivalente a 5,76 dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica, según su sigla en inglés).
De ese monto, el costo medio afrontado por el Estado nacional es de 4,35 dólares y el del usuario de 1,41 dólar. En base a esos valores, "se estima que el Estado cubre el 75,6% del costo del gas natural para abastecer la demanda prioritaria", indicó Videla en su presentación.
Quejas
La mayoría de los expositores que participó este martes de la primera de las tres audiencias públicas para analizar propuestas de ajustes en las tarifas energéticas expresó su disconformidad con lo que consideró un tiempo escaso para hablar y falta de información acerca de los costos de explotación del gas y ganancias de las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras.
Asimismo, los expositores solicitaron una revisión de la dolarización de los precios del gas en boca de pozo y en algunos casos reclamaron que no se apliquen los aumentos propuestos por la Secretaría de Energía, no sólo para los beneficiarios de tarifa social sino también para quienes no revisten esa condición, tanto usuarios residenciales como pymes.
Uno de los más enfáticos oradores fue el diputado provincial de Mendoza por Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, quien cuestionó la presentación realizada en el inicio de la audiencia por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, quien señaló que los beneficiarios de tarifa social no tendrían un nuevo incremento después del ajuste realizado en febrero, en tanto aquellos que no contasen con ese régimen pagarían en sus facturas un aumento adicional del 20% promedio.
"Eso es una mentira presentada para algunos medios que van a bancar la parada de los aumentos", exclamó, al tiempo que consideró "falso" el cuadro de costos presentado por la subsecretaria y aseguró que "las familias de las zonas frías van a tener aumentos del 60%".
Por su parte, el intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pidió que se posterguen los aumentos por entender que "no es un momento oportuno", y que su aplicación "afectaría no sólo a los sectores vulnerables sino también a los de clase media, las pymes y las entidades de bien público".
Asimismo, reclamó mayores inversiones en infraestructura en su distrito y cuestionó que "en pleno siglo XXI" haya sectores de la población sin el servicio de gas por red.
En el mismo sentido se expresó Raúl Zavalía, de la Fundación Pro Vivienda Social, quien sostuvo que "es paradójico que estemos discutiendo las tarifas cuando el 50% de las familias argentinas no tienen acceso a la red de gas", además de advertir que "lo que nos ahorramos a través de los subsidios lo pagamos a través de la inflación".
El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, manifestó su "desagrado" por haberse establecido un tiempo de exposición de cinco minutos en vez de diez como en las audiencias anteriores, en tanto Paula Soldi, del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), reclamó más información sobre "los verdaderos costos" y las ganancias de las licenciatarias, para que "el crecimiento sostenido de nuestra economía no se lo lleven cuatro o cinco tipos".
Diego Mielnicki, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, planteó la necesidad de "ampliar y mejorar el régimen de tarifa social", criticó que "los trámites tengan que renovarse cada año", y a su vez pidió "la anulación de los intereses en los planes de pago" que las empresas habilitan a usuarios deudores.
Por su parte, la diputada radical Jimena Latorre cuestionó al Gobierno por lo que consideró una "incongruencia" entre anunciar un recorte en los subsidios y a la vez aumentar las tarifas por debajo de la inflación y la variación salarial.
Latorre también destacó la ausencia en la audiencia tanto del secretario de Energía, Darío Martínez, como del titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, que las atribuyó a "la interna" del Gobierno.
En otro orden, Roberto Salerno, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), propuso "revisar la normativa de base que ampara la dolarización de las tarifas" en boca de pozo.
Asimismo, dijo que "no es tan cierto que estemos demandando en exceso el requerimiento de subsidios", y aseguró que la Argentina se ubica en el puesto 68 en el mundo entre los países en los que el Estado asiste financieramente a la prestación de los servicios públicos.
Por último, representantes de subdistribuidoras como Fesubgas o Axxe solicitaron un tratamiento diferenciado para ese sector, tal como se aplicó entre 2009 y 2016, y manifestaron que sus intereses son distintos a los de las distribuidoras.
El Gobierno nacional lleva adelante la primera de las tres audiencias públicas sucesivas para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio del gas natural a boca de pozo, del costo estacional de generación eléctrica y la segmentación de tarifas que le permita reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas.
A través de la plataforma Webex, se realiza la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para discutir los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), para la cual el orden del día conformado contempla la participación de 38 expositores, que dispondrán de 5 minutos cada uno.
De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Poder Ejecutivo en el programa económico, que apunta a lograr "niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva" para los servicios públicos de gas y electricidad, tal como expresó la Secretaría de Energía en la convocatoria a las audiencias.
Este lunes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que las actualizaciones tarifarias de acuerdo con una segmentación de ingresos como propone el Gobierno nacional "le hacen bien al país", y cuestionó el nivel actual de los subsidios energéticos, equivalente a "3 o 4 puntos del Producto"
El miércoles, por su parte, se tratarán los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).
En tanto, el jueves se debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.
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PUBLICADO ESTA MAÑANA
AUDIENCIA GAS: TARIFAS, SUBSIDIOS Y TEST PARA EL FUTURO
El gobierno nacional llevará adelante, a partir del martes, tres audiencias públicas sucesivas para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio del gas natural a boca de pozo, del costo estacional de generación eléctrica y la segmentación de tarifas que le permita reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas.
De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Poder Ejecutivo en el programa económico, que apunta a lograr "niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva" para los servicios públicos de gas y electricidad, tal como expresó la Secretaría de Energía en la convocatoria a las audiencias.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó el viernes pasado, en Salta, que la energía es "un costo muy importante en la producción: si se acelera el desarrollo energético bajan los costos de la producción, si bajan los costos de la producción nuestra industria se vuelve más competitiva y tiene más capacidad de generar empleo con menos demanda de divisas".
En la primera de las audiencias públicas convocada para el martes -a partir de las 10-, que se llevará a cabo a través de la Plataforma Webex, se discutirán los nuevos precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
El miércoles, por su parte, se tratarán los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).
En tanto, el jueves se debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.
En cuanto a las actualizaciones tarifarias que serán motivo de las primeras dos audiencias, buscan impulsar un esquema dirigido a "proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago", e incentivando a su vez la "adopción de medidas que promuevan al uso racional de los servicios y la reducción del impacto ambiental".
Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo una "corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos".
Videla Oporto fue designada por el secretario Darío Martínez para ser la voz del gobierno, si bien el kirchnerismo quería que en ese lugar estuviera el ministro de Economía, Martín Guzmán, para explicar los alcances del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y adjudicarle la responsabilidad por los posibles contratiempos que genere la política de subir tarifas, según destacó El Cronista.
Los interventores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), María Soledad Manín, y del gas (Enargas), Federico Bernal, deben firmar los traslados a tarifas de los aumentos de los precios mayoristas.
Durante más de 3 horas, Videla Oporto atenderá a unos 38 oradores, que tienen 5 minutos cada uno para exponer. Están anotados legisladores porteños, diputados nacionales y provinciales, intendentes, ministros provinciales, defensores de los pueblos, organizaciones de defensa de los derechos de usuarios y consumidores, representantes del sector privado y otras personas a título propio.
Cómo es el esquema para las tarifas de gas y electricidad
El gobierno pone a consideración un esquema de tarifario para el bienio 2022-2023 que contempla tres niveles:
+Usuarios de Gas beneficiarios de la tarifa social, para quienes no habrá otro incremento en su factura este año, y para el próximo año calendario, esa corrección será equivalente al 40% del CVS del año anterior. Para los beneficiarios de tarifa social de Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para 2022 no superará el 6%.
+Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) correspondiente al año anterior.
+En función de este esquema, para el año 2022 y considerando la actualización tarifaria realizada en el pasado mes de marzo, el incremento propuesto para el mes de junio será en promedio del 17% para las tarifas de Electricidad de los usuarios del AMBA, y del 21.5% promedio sobre el valor actual de la factura para los usuarios de Gas de todo el país. Las variaciones exactas variarán según cada categoría de tarifa residencial y también la región para los usuarios de Gas.
+La franja del 10% de usuarios de mayores ingresos y con plena capacidad de pago, dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético.
RECLAMOS GREMIALES
Entidades gremiales y asociaciones de consumidores pidieron hoy un "minucioso análisis" y una revisión "a fondo" de los costos de producción de gas y de generación de la energía eléctrica antes de que se defina un eventual aumento de tarifas, y sostuvieron que el valor de éstas debe "razonable", con "niveles de ganancias empresariales razonables" también.
Así lo expresaron a través de un pronunciamiento suscripto, entre otras organizaciones, por la CGT, la CTA, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Cámara de Empresarios Bonaerenses para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor (Focava), Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Asociación Civil Argentina de Electrodependientes y la Federación De Trabajadores De La Economía Social (Fetraes).
Allí, plantearon que, "para determinar el valor de las tarifas, es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad", e indicaron que "un puñado de empresas energéticas reciben desde 2016 ganancias extraordinarias producto de la dolarización de los precios del gas y la electricidad", lo que implicó "una fabulosa transferencia de recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas".
En el texto de una solicitada anticipada a través de un comunicado de prensa, las entidades y organizaciones firmantes sostuvieron que, "quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas, implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino".
Desde mañana, el Gobierno llevará adelante tres audiencias públicas sucesivas para la definición de nuevos precios que regirán a partir del 1 de junio del gas natural a boca de pozo y del costo estacional de generación eléctrica, como así también una segmentación de tarifas que le permita reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas.
En ese marco, entidades y organizaciones señalaron que "el bolsillo de las y los argentinos no soporta otro aumento de tarifas" y afirmaron que las mismas empresas energéticas beneficiadas con "ganancias extraordinarias" desde 2016 "fueron el segundo sector de la economía argentina que más fugó dólares prestados por el propio FMI a guaridas fiscales en el exterior, según el informe oficial del BCRA de 2020".
“El precio de la energía es uno de los valores testigo centrales de la economía. Por ello, las tarifas de luz y gas deben tener un valor razonable, con niveles de ganancias empresarias razonables. Es central que no haya pocos que concentren mucha ganancia, y millones de argentinos y argentinas pobres con tarifas impagables”, remarcaron.
En este contexto, pidieron al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán, "evitar un nuevo aumento tarifario que recaiga sobre la ciudadanía" y analizaron que, "lo contrario, significaría un retroceso en la política de recomposición de ingresos a los sectores medios y populares que el Gobierno intenta llevar a cabo para morigerar los efectos de la inflación en los bolsillos de las y los argentinos".
Por su parte, la Federación de Inquilinos Nacional expresó en un comunicado que "nueve millones de inquilinos e inquilinas no podemos soportar el aumento de tarifas" en el contexto de "la situación sumamente grave que atravesamos quienes alquilamos vivienda".
La federación que preside Gervasio Muñoz señaló que el aumento llevaría a "pagar tarifas inalcanzables" a los inquilinos. "Es urgente que el plan económico del Gobierno nacional esté al servicio de aquellos que no podemos llegar a fin de mes. Aunque la segmentación no tenga en cuenta a los inquilinos, nosotros existimos. El aumento de tarifas solo hará mucho más difícil pagar los alquileres", concluyó Muñoz.
