Las propuestas para restringir severamente la propiedad privada de los gigantescos yacimientos de cobre y litio de Chile tuvieron una vuelta de tuerca más después de caer en una votación de la Convención Constitucional.

Como resultado, el pleno de la Convención Constitucional (CC) informó que fue aprobado el informe que elaboró la Comisión de Medio Ambiente y Sistema Económico en lo que respecta a los recursos naturales del país.

Se aprobó el articulado que mantiene que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de las minas, como en la actual Constitución. 

En tanto, la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental.

Junto a la anterior, también se aprobó la Política de actividad minera. Con esto, será labor del Estado definir una política de actividad minera y el vínculo entre empresas de diferentes sectores productivos.  

Destacó la aprobación del artículo 22, que sostiene las atribuciones y propiedad del Estado en los recursos minerales y de hidrocarburos que se encuentren en territorio nacional.

“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas”, señala el mencionado artículo.

Asimismo, el texto agrega que “los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situadas”.

“La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental”, señala el escrito.

También se aprobó el artículo 23, con 111 votos a favor, donde se indica que “el Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo”.

De acuerdo al texto, se “considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros”.

Aunque un paquete de propuestas superó el umbral de los dos tercios en el pleno, muchos artículos individuales se quedaron cortos, incluyendo los que limitan el capital privado en el cobre a las empresas que son de propiedad mayoritaria del Estado y la sustitución de las concesiones con permisos temporales.

La votación supuso un cierto alivio para las empresas mineras y los mercados mundiales de metales, aunque muchos artículos tienen una oportunidad más de ser modificados en comisión antes de volver al pleno antes de la fecha límite de la próxima semana. Los dos intentos anteriores de aprobar versiones del paquete en el pleno fracasaron, informó James Attwood en Bloomberg. 

Los artículos para prohibir los cultivos modificados genéticamente y garantizar el derecho a las exportaciones agrícolas y el suministro energético equitativo también volverán a la comisión. Se aprobaron nuevas normas sobre derechos de agua, mayor protección de los “espacios naturales” y garantías de seguridad alimentaria.

Las medidas fueron presentadas por un comité repleto de jóvenes activistas ecológicos y de izquierdas, elegidos a raíz de las protestas que comenzaron en octubre de 2019 por la desigualdad. El pleno de la convención tiene una mezcla más diversa de miembros.

En este sentido, el artículo 27 B, realizado en acuerdo con el Colectivo Socialista, propone que “los organismos públicos competentes y empresas del Estado, creadas por ley, podrán explorar y explotar las sustancias establecidas en el artículo 22”.

Esta norma aclara que son sustancias estratégicas el litio, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos y, en su estado natural, “deberán ser objeto de exploración y explotación por parte de los organismos y empresas del Estado. En el caso de asociarse con empresas privadas, mantendrá siempre su participación de al menos un tercio”.

“Proponemos un régimen responsable, equilibrado, de cara al futuro, con un rol fuerte de parte del Estado, pero que mantenga la convivencia entre la actividad minera y la protección del medioambiente y los ecosistemas”, dijo Claudio Gómez.

Desde otra perspectiva, la representante del distrito 3, Cristina Dorador, manifestó una preocupación, ya que “estamos frente a un dilema ético. Explotar el litio, sea el Estado o los privados, es destruir los salares de Chile y la vida, tengamos eso claro. Las decisiones tienen costos, en este caso, el precio es la pérdida de biodiversidad”.

Además, el artículo 24 protege ciertas zonas de estas actividades extractivistas. En este se consagra que “quedarán excluidas de toda actividad minera las áreas protegidas, los glaciares, las zonas de origen de cuencas hidrográficas, sin perjuicio de las demás exclusiones que establezca la ley”.

Es así que con 114 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones se aprobó en general el informe de reemplazo de la comisión de Medio Ambiente.

RECHAZOS: VILLARINO, SONAMI Y UDD
Las medidas radicales propuestas por el comité desencadenarían batallas legales internacionales, perjudicarían la reputación de Chile como país favorable a los inversores y pondrían en riesgo una cartera de proyectos de casi US$ 70.000 millones, escribió el analista de BTG Pactual César Pérez-Novoa antes de la votación.

Esas inversiones son cruciales para abastecer la transición energética limpia. Sin duda, las encuestas muestran una tendencia al rechazo del documento en un plebiscito previsto para septiembre.

“Tenemos algunos planes muy, muy emocionantes para Chile como organización”, dijo el presidente del Grupo BHP Minerals Americas, Ragnar Udd, en una entrevista a principios de esta semana. “Esperamos que la incertidumbre se resuelva pronto”.

 Joaquín Villarino, presidente ejecutivo de Consejo Minero, manifestó que “esperamos que, con esta votación, la Comisión de Medio Ambiente reconsidere que las normas propuestas no van por el camino correcto, no solucionan los verdaderos desafíos que tiene la industria en materia medioambiental, relacionamiento comunitario y aporte a las regiones“.

En esa línea, el líder gremial señaló que “si bien se rechazaron los artículos sobre estatización de la minería, royalty confiscatorio y las prohibiciones a priori para desarrollar minería en determinadas zonas; al reafirmarse la propiedad estatal sobre las sustancias minerales, subsiste la incertidumbre respecto a los títulos que habilitarán a los privados a ejercer la actividad”.

Al respecto, indicó que “confiamos, y no perdemos la esperanza que en las próximas instancias se pueda reconducir la discusión a propuestas más razonables, que justifiquen los cambios que necesita el país, sin arriesgar los miles de empleos que dependen de esta industria; y reconociendo en este proceso que la actividad minera necesita certeza y estabilidad, debido a sus altos niveles de inversión y periodos de maduración”.

Junto con ello, afirmó que “entendemos y compartimos la necesidad de proteger el medio ambiente, y la industria minera ha avanzado e implementado medidas que apuntan a hacernos cargo de este desafío, sin comprometer el desarrollo de la minería, su aporte a las regiones y su impacto en la calidad de vida de miles de personas“.

En ese contexto, recordó que “Chile juega un rol fundamental en el cuidado del medio ambiente y cambio climático, y la industria está avanzando a paso firme con compromisos y acciones concretas a través del uso de energías renovables, consumo responsable de agua, disminución de emisiones y alcanzar la carbono neutralidad de aquí a 2040″.

Por su parte, Desde la Sociedad Nacional de Minería, Sonami, su presidente Diego Hernández, manifestó que “nos parecía predecible que el pleno de la Convención aprobara en general el informe de reemplazo de la Comisión de Medio Ambiente. No obstante, valoramos que los constituyentes hayan rechazado los artículos más radicales relacionados con la minería. Del estatuto sobre minerales sólo 2 artículos fueron aprobados y el resto serán objeto de revisión nuevamente por el plenario.