Estados Unidos, el G-7 y la Unión Europea han lanzado una nueva serie de sanciones económicas sobre Rusia justo en vísperas de la celebración de la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, de la que Moscú se ha apropiado para convertirla en una fecha de exaltación nacionalista.

Las medidas oscilan entre lo propagandístico a lo específico. Entre lo primero sobresale el anuncio del G-7 de que los miembros de ese grupo van a dejar de comprar petróleo ruso, algo que en realidad no tiene consecuencias prácticas.

Más realista es la decisión del gobierno de Joe Biden de prohibir a las empresas de auditoría y servicios profesionales de Estados Unidos que operen en Rusia, y de imponer por primera vez sanciones a directivos de Gazprombank, el tercer mayor banco ruso y parte de Gazprom, la empresa estatal de ese país que controla el mercado del gas.

Hasta la fecha, EE.UU. había evitado actuar sobre Gazprom por temor a las consecuencias que eso pudiera tener sobre la exportación de gas ruso a la UE.

El hecho de que Washington haya abandonado esa cautela indica que el cerco sobre las ventas de fuentes de energía del régimen de Vladimir Putin a Europa se va estrechando. Otra medida de EE.UU. es la prohibición de la entrada en el país a 2.600 ciudadanos rusos, aunque entre ellos no se encuentra la novia de Vladimir Putin, Alina Kbaeva.

La decisión de Washington de no permitir a las grandes empresas de auditoria operar en Rusia también tiene un impacto potencialmente grande en el sistema de evasión de sanciones por pare del régimen de Vladimir Putin, ya que esas compañías pueden jugar un papel clave para diseñar estrategias legales que permitan a las empresas rusas eludir las limitaciones a su actividad. La medida puede ser especialmente importante si la Unión Europea consigue vencer el veto de Hungría al plan de suspender la compra de petróleo ruso.

La razón de ello no es que la UE no compre hidrocarburos a Rusia. Es que la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen quiere que las nuevas medidas de la UE incluyan la prohibición de operaciones de 'trading', fletes, y seguros de cargamentos de petróleo ruso.

Eso significa que, si Moscú sigue vendiendo su crudo a países como India, que no son parte de la UE, no podrá utilizar los servicios de empresas europeas. Y ese sería un golpe muy serio para Moscú, porque una parte significativa de sus operaciones con países que le siguen comprando crudo se realiza con el apoyo de aseguradoras, navieras, y 'traders' europeos.

Las medidas de Estados Unidos llegan justo un día después de que elgobierno británico también decidiera prohibir a las empresas de ese país prestar servicios de relaciones públicas y consultoría a entidades rusas.

Sin embargo, las nuevas disposiciones de Washington llegan con una excepción: los bufetes y consultoras estadounidenses podrán seguir prestando servicios legales a sus clientes rusos. Así, paradójicamente, una compañía estadounidense no podrá ayudar a una entidad -pública o privada- rusa a evadir las sanciones, pero sí estará legalmente autorizada a darle asesoría legal en el caso de que decida recurrir ante la Justicia europea o estadounidense esas mismas sanciones.

Pero el aspecto que es más importante en toda esta nueva oleada de sanciones con tiene que ver con el G-7, EE.UU., o Gran Bretaña, sino con un país con apenas más población que Andalucía: Hungría.

El gobierno de Budapest sigue negándose a levantar el veto a la imposición de un embargo a las compras de petróleo ruso por parte de la UE y, de paso, a la prohibición a las compañías europeas a prestar respaldo financiero a las exportaciones de hidrocarburos de Rusia a terceros países y a las empresas del bloque a dar servicios profesionales, financieros, y de relaciones públicas a entidades rusas. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, volvió a oponerse a las sanciones.