ANAHÍ ABELEDO

Las audiencias públicas convocadas por el gobierno para analizar el esquema tarifario de los servicios de electricidad y gas pondrán sobre la mesa la complejidad del esquema de segmentación que se propone, el cual es criticado por la arbitrariedad en la clasificación de los beneficiarios y también por el escaso resultado práctico a los fines de representar un ahorro significativo que achique el déficit fiscal para cumplir las metas del FMI. También servirán en la mesa otros temas, a saber: la oposición ideológica ricos vs. pobres como solución para los problemas del país; el concepto populista de que la energía debe subsidiarse; la carencia de un plan económico y energético a largo plazo y, por supuesto, la ardiente interna del gobierno, que encontró en el acuerdo con el Fondo un punto de inflexión. Así, el sector de Cristina, critica el plan de Guzmán por los aumentos y por no ayudar al desarrollo económico. 

Si bien el gobierno logró en su momento la aprobación del acuerdo con el FMI, la puesta en práctica de sus cláusulas está por comenzar, los primeros ajustes fuertes deben aplicarse a partir de junio. El compromiso de Martín Guzmán de aumentar las tarifas un 43% estaba relacionado con la inflación prevista que, por lo menosl, se duplicará este año. La inflación y el aumento de los costos internacionales licúan el esfuerzo. 

La interna del gobierno que opuso a Guzmán y al subsecretario de Energía, Federico Basualdo cuando el segundo objetó el aumento de tarifas previsto por el primero, cobra nueva vigencia. Basualdo, a quien Guzmán nunca pudo mover de su cargo, analiza en un informe técnico -encargado por la Secretaría de Energía-  los impactos de la aplicación de esas medidas y asevera que no es posible aplicar técnicamente el incremento tarifario propuesto, que tendría oposición jurídica por no ser gradual, que atentaría contra el objetivo de sostener el crecimiento económico y aceleraría la inflación. Los mismos argumentos "antiajuste" con que el subbloque K encabezado por Máximo en la cámara baja y el ahora Bloque Unidad Ciudadana en el Senado, se opusieron al acuerdo con el FMI. Ahora la pelea baja a la letra chica. 

Los usuarios residenciales se clasificarán en tres segementos: los ricos; los pobres y todo el resto en el medio (ver esquema). Para los no residenciales se  contempla el pago de la tarifa plena para grandes usuarios de distribuidor (GUDI), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en las audiencias públicas. Los grandes usuarios se calculan en unas  6400 industrias y comercios.

El esquema, bajado a la realidad, ofrece tantos puntos débiles que para ser "justos" como se proclama deberían revisarse la economía y los bienes de cada familia o individuo particularmente a fin de evaluar si se le subsidian o no,  y cuánto, estos servicios. Se descuentan oposiciones en la audiencia y también reclamos judiciales cuando se implementen. 

La política de subsidios es la única que le queda al kirchnerismo para retener su base social. La pelea por la continuidad de los mismos es la gran bandera de Cristina, ya consagrada por estas horas como la principal opositora a su propio gobierno. Para preservar su perfil de defensora de los humildes con vistas a que su espacio sobreviva y hasta se presente en 2023 -ya escindido de Alberto Fernández-, los subsidios a los "vulnerables" deben ser tan defendidos como fustigado Martín Guzmán que, según el ala K del FdT, es el ministro del FMI.

Todo indica que la iniciativa de Guzmán para cumplir con las promesas al FMI tendrán altos costos  y  escasos resultados positivos. 

Las audiencias, que se realizarán entre el 10 y el 12 de este mes, se fijaron a través del Secretario de Energía, Daniel Martínez. La actividad oficial del área se incrementó e  incluyó un informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) acerca del estado actual en el que se encuentran las concesionarias de servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica del país, al tiempo que solicitó al Gobierno que avance con las pautas del acuerdo de transición para Edenor y Edesur para regularizar la situación de dichas empresas.

Esto incluye una renegociación definitiva de las tarifas (Revisión Tarifaria Integral, RTI) y acuerdos para canjear multimillonarias deudas cruzadas por inversiones prioritarias que sostengan la calidad del servicio.

Respecto de las transportistas, si bien estas no han presentado los planes de inversión solicitados a la fecha, "se observó, mediante el estado de los indicadores que sirven como parámetro para evaluar la prestación de cada una de ellas, que hay una tendencia de mejora en la calidad", indicó el ente regulador en un comunicado. Se recomendaron inversiones a largo plazo. 

LAS CRÍTICAS 
El informe técnico circuló en las empresas que integran la cadena de generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica cuestionando esta política tarifaria y a su inspirador, el vapuleado Martín Guzmán. 

"La política tarifaria para el sector eléctrico que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Economía es errática", empieza el documento. "No resuelve los problemas sectoriales de la cadena de pago del Mercado Eléctrico Mayorista y castiga al usuario residencial e industrial. No satisface ni en el corto ni en el corto ni en el mediano plazo la política de reducción de subsidios", se afirma.

El déficit fiscal primario en 2021 fue del 3%1 del PBI (las metas del fondo exigen que el déficit total no supere el 2,5%). Los subsidios a la energía en 2021 representaron el 2,3%. La propuesta los reduce un 0,6% para el 2022. Esto implica que deben representar el 1,7% del PBI, "lo cual es una situación incompatible con el escenario de aumento de precios internacionales de la energía y con las propuestas de reducción de subsidios acordados". 

El informe consiga un "elevado nivel de inconsistencias" en los criterios establecidos mientras reducirán el poder adquisitivo del salario. Tampoco cubre el incremento de costos de generación de energía, calculado en un 40% por el sector (debido al fuerte incremento de los combustibles como efecto de la invasión de Rusia a Ucrania). Los aumentos de combustibles oscilan entre el 80 y 100% y la reducción acordada no es significativa. 

Fuente: Presupuesto 2021 y Proyecto de Presupuesto 2021

"Los precios de la energía para el período invernal se incrementan sensiblemente como consecuencia de la menor disponibilidad de gas local para generación que debe satisfacer a la demanda prioritaria". Una fuerte crítica es la quita total de subsidios al sector industrial a los grandes usuarios en el período invernal, lo que demostraría la falta de una política para el sector. El incremento del período de  mayo a junio para ellos fue del 76% y del 45% en el período de julio a agosto.

Se descuenta que estos aumentos serán trasladados en gran parte al resto de los precios de la economía. 

ENERGÍA Y SUBSIDIOS, PUNTA DE LANZA DEL POPULISMO 
El primer congelamiento de las tarifas energéticas del siglo llegó con Eduardo Duhalde en 2002 junto al corralito; las reducciones de salarios nominales; los patacones; el trueque obligado y los cientos de miles de personas que recorrían las calles en busca de cartón o comedores improvisados. Aquel congelamiento, que se presentó como una necesaria medida política transitoria por la crisis inédita tras la salida de la convertibilidad y los saqueos organizados al grito de "que se vayan todos" se convertiría, con el tiempo, en el profundo cambio cultural de corte populista que, poco a poco, se iría haciendo carne en la sociedad. 

Cuando entre 2004 y 2007, las tarifas mostraban retrasos ya injustificados debido a la importante reactivación económica, podía escucharse en los círculos del gobierno que el plan de permanencia estaba basado en la energía, aunque nadie se atrevía a explicar públicamente cuáles eran los alcances políticos de ese plan, era una declaración "para entendidos". 

“Habrá una segmentación de las tarifas desde una tarifa social, en la que estarán incluidos los jubilados y que no aumentará, hasta una para los sectores más productivos, como los exportadores, que van a pagar más”. Lo dijo el vicepresidente Daniel Scioli en 2005, al remarcar la necesidad de abandonar el congelamiento de los valores implementado por el mismo ministro Roberto Lavagna en 2002 durante la presidencia de Duhalde. Pocos días después Scioli se sumaba a las desmentidas oficiales acerca del aumento. 

Cualquier parecido con la actualidad es parte de la continuidad. 

En la crisis de 2002, el presidente Eduardo Duhalde subsidió los servicios de electricidad y gas. Había rebajas de salarios nominales; corralito; patacones y hambre.

La incursión del Estado a través del congelamiento  y de los subsidios fue modificando la percepción del usuario hasta que, tal como estaba planificado, el país no solo no desarrolló su autonomía energética por falta de inversiones, sino que invirtió en dependencia política-partidaria porque solo el kirchnerismo estaba y está dispuesto a seguir con esta política.

El ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, lo resumió con brillante sencillez al comparar el precio de las tarifas de electricidad pagado por una familia con el de una pizza de muzzarella, por lo menos en el AMBA. Y nadie quiere pagar más. El precio de esa grande de muzzarella se internalizó en la población hasta ser decisivo en la derrota de  Macri en 2019.

Existe una creencia generalizada de gran parte de la población acerca de que estos servicios son impuestos que cobra el Estado y no un bien que se debe comprar y pagar, ya sea al Estado o a entidades privadas. Los municipios del GBA aportan más a esta confusión al agregar el importe del impuesto por ABL a la factura del servicio eléctrico para evitar la evasión impositiva. O se pagan los dos importes o se le corta la electricidad al domicilio. El Estado es el que da y el que cobra. 

Las asociaciones de consumidores también hicieron suyo el criterio de que paguen más los que más tienen. Dada la merma del poder adquisitivo de la mayoría de la población, la salida parece ser, para muchos, sensata. Muy pocos  se preguntan cómo se pagaban las tarifas antes de los subsidios. Es parte del cambio cultural  y de la oposición ricos vs. pobres, causante de todos los males y fuente de todas las soluciones. 

"Nosotros no estamos en desacuerdo con la segmentación, porque el que tiene más ingresos debe abonar más, y es de acuerdo a la teoría de la pobreza energética que dice textualmente que no puede afectar entre el 10 y 15% para el pago de servicios. Entonces, a quien sólo le afecta el 1%, no debería aplicársele el subsidio",  declaraba días pasados a un diario patagónico Osvaldo Bassano, referente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc). 

El trabajo digno suficiente para abonar los gastos se cambia por el certificado de "vulnerable" para acceder a la limosna estatal, lo que ya alcanza a la población trabajadora y productiva y lo que se discute es cuánto daño a la producción y a la economía familiar el acceso a la energía.

En todo caso muy lejos del pequeño subsidio que Argentina daba a la industria para incentivarla -y no al usuario residencial- allá por los años 60, cuando todavía era un país pujante casi sin desempleo.

Pese a la reactivación económica, las tarifas siguieron retrasadas como pilar de una política de dependencia de los subsidios. El Estado da. 

EL INTRINCADO ESQUEMA DE SEGMENTACIÓN
Por el momento la segmentación distinguirá, en cuanto a los usuarios residenciales:

+ A - Aquellos usuarios a los que se quitará el subsidio porque pueden pagar. (Se trata del 10% de la población y se estima que el aumento será de un 200% mínimo para ellos pudiendo alcanzar el 300%). 

Se trataría de quienes estén ubicados dentro de polígonos de alta capacidad de pago identificados por el ENRE;o estén en el registro de urbanizaciones cerradas.

Tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT), es decir, según los últimos datos relevados por el Indec, mayor a $ 101.591, ya que la una canasta está $ 29.026.

Tener 3 o más inmuebles registrados;

Tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años

Tener aviones o embarcaciones de lujo. 

+ B - Aquellos usuarios beneficiarios de la tarifa social que tendrán un incremento del 40% del CVS del año anterior, para cada año calendario (se calcula un 20% del monto de la factura actual para el año).

Los requisitos son:

Estar ubicado dentro de polígonos identificados por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Los jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).

Los beneficiarios de pensiones no contributivas y monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el SMVM. Es decir, menor al total de $ 77.880.

Los titulares de programas sociales, los trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, los trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, titulares de algún seguro de desempleo, de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y de certificado de discapacidad.

Sin embargo, hay una excepción a estas condiciones: ser propietario de dos o más inmuebles, ser propietario de un vehículo de hasta diez años de antigüedad (excepto los titulares de algún certificado de discapacidad) y tener más de un suministro bajo su titularidad.

+ C - Todos los usuarios que están en el medio asumirán incrementos aproximados del  80% del CVS del año anterior (un 40% sobre la factura actual para el año).