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POLÍTICA Y MINERÍA
Constitucional y minería: Rechazo de IIMCh y Sutil (CPC). La confianza de BHP
DIARIOS/MINING PRESS

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio reiteró su preocupación por la definiciones dadas en el proceso constituyente y su impacto sobre la inversión y el empleo

04/05/2022

Manifestaciones a favor y en contra se dieron luego de que la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobara nuevos artículos para el “Estatuto Constitucional de los Minerales” que, de forma general, limitan la participación privada para proyectos de litio, tierras raras e hidrocarburos liberando de esta claúsula a los de cobre. El Instituto de Ingenieros de Minas y presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil criticaron las medidas mientras que Ragnar Udd de BHP confía en que el pleno decidirá lo mejor para las inversiones.

IIMCH: LOS RIESGOS CONTINÚAN

El Instituto de Ingenieros de Minas, a través de su Comisión de Política Minera, mantiene un trabajo de seguimiento de la actividad de la Convención Constitucional, en particular de la Comisión de Medio Ambiente, encargada de definir el tratamiento constitucional de la minería.

Si bien el texto propuesto en el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente fue rechazado en general por el Pleno de la Convención, el pasado 21 de abril, esta comisión ha votado las indicaciones de reemplazo para la consideración del Pleno. Las nuevas indicaciones de esta comisión, nos retrotraen a las ideas de una nacionalización de la industria del cobre nuevamente, tema del primer informe de esta Comisión, también rechazado en el Pleno.

Los plazos requeridos para desarrollar la actividad minera desde la exploración hasta la construcción de los proyectos pueden llegar fácilmente a más de 10 años. Si a lo anterior se suma el tiempo de recuperación del capital -que en el caso de proyectos subterráneos o los megaproyectos pueden ser muchos años más- se entiende la necesidad de dar certeza jurídica con respecto a las reglas que establece el país para la inversión en minería.

Lamentablemente, los nuevos textos propuestos por la Comisión de Medio Ambiente, siguen sin tener en consideración una mirada de largo plazo tanto para la minería, como para el país; ya que provocan profundas grietas en las definiciones que la minería requiere para continuar con su mejoramiento y desarrollo futuro.

Nuestra industria y la comunidad que vive históricamente en torno a ella ha vivido en los últimos dos años una alta incertidumbre que afecta la competitividad y la inversión en el sector. Iniciativas como las que comentaremos, harán este efecto permanente en el tiempo, impactando especialmente las regiones mineras de Chile y también la recaudación fiscal.

El Instituto pone una vez más a disposición de la Convención, sus capacidades técnicas y experiencia, ya que somos los primeros interesados en que Chile progrese de la mano de una minería cada día más inclusiva y sustentable.

a.      Cambio a un régimen administrativo de las concesiones mineras, desde el judicial actual, sin que otorguen propiedad.

Si bien el texto de reemplazo ha agregado que la ley asegurará la protección de los derechos del autorizado y en especial de sus facultades de defenderlos frente a terceros, indica claramente que no otorgarán propiedad a su titular.

La minería en Chile creció de manera significativa, justamente por el hecho que los cuerpos legales que la han amparado, dan una certeza clara a los inversionistas tanto a través del Código de Minería, como los que se desprenden de la actual Constitución, en particular la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras.

Cuando se compara nuestro país, con los casos de Australia y Canadá, quienes cuentan con procesos administrativos y no judiciales, no se tiene en consideración que estos países tienen bajos niveles de corrupción[1], estando en las posiciones 7 y 16 respectivamente, respecto de Chile en la posición 30.

Las inversiones que requiere la minería, ocurrirán en las próximas décadas en aquellos países que junto con contar reservas comparables a las de Chile, den certeza jurídica en el tiempo.

b.      Incorporación de términos sin una definición económica clara, que se prestarán para la subjetividad y controversias.

Se mantiene el inciso segundo del Artículo 22, comentado en nuestra declaración anterior, la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés intergeneracional y la protección ambiental.

Esta definición, unida a aquella que plantea el otorgamiento de autorizaciones temporales, que no otorgan propiedad, genera una especie de arbitrariedad potencial, que para una industria altamente intensiva de capital, implicará que las empresas elijan otros países, con potencial minero tan alto como el de Chile.

c.       La indicación que el Estado deberá resguardar su participación mayoritaria en la exploración y explotación, unido a la definición de regalías ad valorem, no guarda proporción con lo que ocurre en otros países mineros importantes.

Es importante que la Convención Constitucional tenga presente que la minería puede ser desarrollada en otros países del mundo, con reservas también importantes como las de Chile. Entre ellos: la República del Congo, Zambia, Kazakhstan, México y Perú, todos ellos con importantes inversiones en minería, que los han hecho pasar desde un 14% a un 28% de la producción mundial de cobre, entre el 2000 y el 2020.

d.      Parece interesante la creación de un órgano administrativo, de carácter autónomo y técnico, creado por ley, relativo a la minería; pero se confunden los roles que este órgano podría ejercer.

Si bien la Constitución actual plantea que la concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento, en los hechos, la legislación ha permitido la acumulación de concesiones, sin que se desarrolle actividad minera, contrario a lo que se entendería es el interés público.

Este hecho ha generado un espacio en las definiciones legales existentes, para pensar en la necesidad de mejorar la regulación, tal que promueva y permita el cumplimiento del “interés público”, a través de más exploración e inversiones. Este órgano, quizás podría ser la adecuación de algunas de las instituciones con que cuenta el país actualmente, por ejemplo el Sernageomin o Cochilco, por mencionar algunas.


SUTIL (CPC): SON LOCURAS

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, se sumó a las críticas planteadas por sus pares de la Sonami, Diego Hernández, y del Consejo Minero, Joaquín Villarino, luego que la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobara una norma que establece que, en el caso del cobre, el Estado explorará y explotará por sí mismo, y podrá hacerlo en asociación con particulares, siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado, informó Patricia San Juan en La Tecera

“Anoche aprobaron que la minería tenía que ser desarrollada por privados en un carácter minoritario y mayoritario del Estado, entonces son locuras de tal magnitud que es más de loco, creo yo, pretender hacer una inversión”, dijo Sutil al exponer en un encuentro organizado por el Club Monetario de la Universidad Finis Terrae.

Asimismo reiteró su preocupación por las definiciones que se han ido dando en el marco del proceso constituyente y su posible efecto sobre la inversión y el empleo.

“En el sector minero hay US$71 mil millones esperando, en el día de hoy estamos en compás de espera lo cual es gravísimo porque va a impactar en los empleos de mediano y largo plazo”, agregó. 


Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio


En este sentido detalló que “Los Bronces Integrado son US$3.700 millones y está en proceso en el SEA y es de alto riesgo de que eso no prospere, ahora ahí están US$3.700 millones, Dominga US$2.500 millones ahÍ parados, Los Rulos, una planta en Quillota de producción de más de 500 MW en gas, que permite apagar una carbonera, ahí está parado, entonces no se toma magnitud de la importancia de proyectos que pueden significar, en el caso de Dominga, por ejemplo, son 15 empleos estables y 60 mil empleos en proceso de desarrollo”.

Al respecto sostuvo que “si vamos a tener miradas políticas, ideológicas y no pragmáticas, es bien poco probable que podamos avanzar”.


PLEBISCITO
Sutil, que tal como adelantó en entrevista con La Tercera decidió permanecer hasta fin de año liderando el mayor gremio empresarial del país para enfrentar los efectos de lo que será el plebiscito por la nueva Constitución, señaló que cree que la opción rechazo sea la que gane o que el apruebo se imponga por un margen ajustado.

Sin embargo, afirmó que “en caso de que pierda el rechazo, yo creo que eso va a obligar al gobierno a llegar a acuerdos muy rápido porque se va a desestabilizar completamente, y no me cabe ninguna duda que eso puedo significar un acercamiento al sector productivo, en este caso el sector empresarial y esa es la razón principal por la que me estoy quedando”.

Sutil explicó que la idea es, en ese escenario, poder ir avanzando en propuestas que permitan implementar las reformas que el país necesita, pero con la gradualidad y la sostenibilidad necesarias para llegar al desarrollo en el largo plazo.


BLOOMBERG: LA CONFIANZA DE BHP

El presidente de Minerals Americas en BHP Group tiene esperanzas en el futuro de una industria que representa más de la mitad de las exportaciones del país.

La próxima semana, el organismo encargado de reescribir la Constitución de Chile votará una serie de propuestas que incluyen artículos que podrían restringir severamente la propiedad privada en la minería. Están en juego futuras inversiones en las reservas de cobre más grandes del mundo que son cruciales para abastecer la transición de energía limpia.

BHP, la compañía minera más grande, espera una resolución rápida de todas las incertidumbres, lo que le permitirá ejecutar “algunos planes realmente emocionantes para Chile”, dijo Ragnar Udd. Esto puede incluir nuevas instalaciones de procesamiento o incluso operaciones subterráneas en la mina gigante Escondida que BHP ha operado durante 30 años. Sin inversiones, la calidad del mineral de Escondida seguirá decayendo.

“Estoy realmente seguro de que Chile podrá apreciar la gran oportunidad que tiene frente a él como país”, dijo Udd en una entrevista. “Necesitamos dejar que el proceso se resuelva antes de que nos fijemos demasiado en un sentido u otro en términos de cuáles son los resultados”.

El ejecutivo canadiense que ingresó a BHP hace 25 años y ahora reside en Chile, dijo que mientras tanto, la industria debe “respetar la voz de la gente”.

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El proceso de reescritura de la carta magna nació de una ola de protestas iniciada en octubre de 2019 ante la desigualdad en la nación latinoamericana. La Convención Constitucional deberá presentar la nueva carta antes del 4 de julio, que luego se someterá a referéndum dos meses después.

Entre otros posibles proyectos citados por Udd estuvo Cerro Colorado, la mina más pequeña de BHP en Chile, donde la compañía está buscando alternativas para el suministro de agua que podrían extender las operaciones más allá del vencimiento del permiso actual de fines de 2023. Udd ve “un futuro potencial” para Cerro Colorado con “opciones que similares a la desalinización”.

Más allá de las propuestas constitucionales que amenazan la propiedad privada, BHP está alineado con el impulso de estándares ambientales, sociales y de gobernanza más altos, dijo. La compañía ha avanzado en su objetivo de utilizar energía 100% renovable hasta 2023 y ya ha retirado el agua dulce de sus principales operaciones mineras.

 

“En general, estamos totalmente de acuerdo con el presidente Boric”, dijo Udd. “Pensamos que el diálogo y la colaboración son indispensables para construir un país mejor para todos”.

Mientras tanto, todos los ojos están puestos en la votación del sábado en el pleno de la Convención Constitucional. Si en general el paquete de propuestas es rechazado, la minería podría quedar fuera de la Constitución por completo, dejando a la industria expuesta a las nuevas reglas aprobadas en el Congreso.

“Una empresa como BHP, por supuesto, tiene planes para todo tipo de escenarios”, dijo Udd. “Llevamos 30 años aquí. Básicamente, nuestra intención es continuar invirtiendo en este país y realmente esperamos que la incertidumbre se disipe pronto”.


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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