La Agencia Nacional de Minería (ANM) otorgó 14 nuevos títulos mineros a la pequeña y mediana minería en los departamentos de Casanare, Putumayo, Guaviare, Meta y la Guajira.

Lo anterior, con el propósito de fortalecer la pequeña y mediana minería del país, incrementar la producción minera y aumentar los niveles de formalidad en el país.

“Nuestro compromiso por aumentar los niveles de formalización a través de la opción de instrumentos que eliminan las barreras de acceso continua, por eso desde la ANM generamos más oportunidades y nuevas fuentes legales para el desarrollo de la actividad minera en el país”, aseguró el presidente de la ANM, Juan Miguel Durán, según informó La República.

Los 14 contratos de concesión entregados son para la exploración y explotación de minerales como arcillas, arenas, gravas, recebo y asfalto natural en los municipios de Yopal, Casanare, Orito, Putumayo, San José de Guaviare, Puerto Concordia en el Meta y en Dibulla la Guajira.

Para la autoridad minera el incremento de la exploración en Colombia, la estimación de recursos, las reservas minerales y la consecución de nuevos proyectos, "logra el desarrollo del potencial identificado para la extracción de diferentes minerales en el país, como los que se utilizan en las nuevas tecnologías, permitiendo la diversificación de la matriz minera".

LEGISLACIÓN MINERA SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

La dinámica de la minería en Colombia ha generado que el congreso y el gobierno nacional postule nuevas leyes para el futuro del sector minero del país.

Como resultado de este proceso nace, la Ley 2177 de 2021, promulgada el pasado 30 de diciembre, garantizando que toda la cadena productiva, es decir titulares, explotadores, comercializadores de minerales y prestadores de servicios especiales, puedan acceder a productos financieros exclusivos para su dinámica, créditos hipotecarios, de libre inversión y leasing habitacional, cuentas corrientes, de ahorros y tarjetas de crédito.

Sin embargo, a pesar de ser un avance en cuanto a la eliminación de brechas en el sector extractivo, aún quedan desafíos por enfrentar y vacíos por resolver en cuanto a legalización y formalización de esta industria. 

La norma establece que los bancos solo podrán “denegar” sus servicios a los mineros por razones objetivas, “las cuales deberán ser debidamente informadas al solicitante”. En caso de rechazo, señala el proyecto, los inadmitidos por el sistema financiero tendrán el derecho a que el Banco Agrario les facilite los productos y servicios que requieran para desarrollar su actividad minera.

Enfatiza la norma que, los servicios financieros deberán observar los principios de universalidad, igualdad, eficiencia, reciprocidad, inclusión financiera, colaboración, coordinación, y confianza legítima.

Destaca el articulado que la “Autoridad Minera” deberá entregar al sistema financiero, la información que esta le requiera acerca de los solicitantes de sus productos y servicios, en el marco de sus competencias, en pro de garantizar una debida trazabilidad y lograr transparencia del proceso que es en definitiva uno de las mayores angustias del sistema financiero para no tener una apertura a este sector y lograr una inclusión del mismo a los beneficios bancarios, logrando acercar al pequeño y mediano minero a una cultura del ahorro, acceso a la adquisición de vivienda en beneficio de sus familias y demás elementos que retribuyan a este gremio su esfuerzo ancestral en Colombia.

El presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía Sendoya, expresó que, “es muy importante que los mineros estén en el banco y hay que resaltar que se formalizó la industria del oro en Colombia con todos los que cumplen con la normatividad”.

Sendoya manifestó que, en 2018, el Banco Agrario hizo movimientos por 414 mil dólares, en monetización de divisas de compañías exportadoras de oro; y que, a noviembre de 2021, ya lleva 281 millones de dólares monetizados de compañías que exportan oro y que cumplen con toda la normatividad.

Se crearon formas para que los bancos puedan verificar que son títulos o mecanismos legales como pueden ser contratos o subcontratos de operación, así, las entidades podrán ver que todo esté dentro del marco de la ley para desarrollar la actividad minera, y que se cumple también con lo que se exige en materia técnica y ambiental.

De igual modo, dicha entidad también deberá remitir la información suministrada por el minero a la Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Economía Solidaria para determinar si hubo malas prácticas en la prestación del servicio bancario.