“Nuestra principal preocupación es que cualquier sistema que se ponga en marcha se haga de una manera que permita a la industria minera producir y contribuir de manera más responsable a la economía local”. Con esa premisa en mente, el presidente del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Rohitesh Dhawan, entrega la visión que tiene sobre la minería en Chile, así como sobre los cambios que se están discutiendo en el país en esta materia.

Y habla con autoridad del asunto, ya que el ICMM es un organismo global que representa a varias de las compañías mineras más grandes del mundo en los temas de desarrollo sostenible, pues quienes integran el Consejo, suscriben los principios mineros que incorporan requisitos ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

Actualmente tienen 27 empresas miembros que, en conjunto, representan un tercio de la industria minera y metalúrgica mundial, incluyendo a algunas de las compañías con mayor presencia en nuestro país como Antofagasta Minerals, BHP, Anglo American y Codelco, entre otras. También tienen 37 asociaciones miembros, entre las cuales está el Consejo Minero de Chile.

“No se trata solo de maximizar la producción y maximizar la cantidad de veces que podemos producir, porque no es así como operan las empresas que pertenecen al ICMM. Para nosotros, es igual de importante asegurarnos de que protegemos el medioambiente, generamos empleos de buena calidad, contribuimos a la economía local y, por supuesto, que podemos tener un negocio sostenible y producir de esa manera”, asegura en una entrevista con Mariana Marusic de La Tercera

¿Qué le parece que, como parte de la reforma tributaria, el gobierno pueda patrocinar el proyecto de royalty a la minería que tramita el Congreso?

-Un cambio en el régimen de impuestos y royalty como el que se está discutiendo, sin duda tendrá un impacto en la viabilidad y el atractivo de los proyectos mineros en Chile. Sin duda. Y la propuesta en Chile está vinculada al precio del cobre, lo que tendría un impacto en los royalties que pagan las empresas. Creo que es muy importante que, además de observar el precio del cobre, también sea muy importante observar el costo de producción. Por lo tanto, incluso si el precio es alto, el costo de producción también debe tenerse en cuenta al calcular lo que sería un régimen fiscal justo y razonable. Y la razón por la que digo eso, es porque en los últimos 15 años lo que hemos descubierto es que el costo de la minería se ha duplicado, de un US$1 por libra de cobre, a US $2 por libra de cobre. Eso significa que en 15 años el costo de producción se ha duplicado y, al mismo tiempo, también se ha vuelto más difícil producir los materiales. Así, en 2005 en Chile fue posible extraer un promedio de 10 kilogramos de cobre por tonelada de roca procesada. Para 2019, eso se redujo a siete kilogramos de cobre. Por lo tanto, cada vez es más difícil de producir, cada vez es más caro de producir.

En materia de impuestos a la mineras, ¿cómo funciona en otros países de fuerte desarrollo del sector?

-La cantidad de impuestos que paga la industria es muy importante. En este momento, en Chile los proyectos mineros tendrían una carga tributaria de entre 39% y 44,5%, y eso es similar o superior a la de otros países de referencia. En Perú es 34,6%. En México es 34,2%. En Canadá es más bajo, del 23%. Y cuando miramos en todo el mundo, en 2020 la tasa impositiva efectiva fue del 39,6%. En esa línea, el régimen actual de Chile es muy comparable a otros regímenes y, en algunos casos, ya es más alto.

Lo que se está discutiendo sobre minería en Chile, tanto en la Convención Constitucional como el royalty minero que se ha propuesto, ¿afecta el futuro de la minería en Chile?

-Crea incertidumbre, eso es seguro, porque dependiendo de cómo resulte, cuando se trata de nacionalización, royalties y otros aspectos que se discuten en la Convención, tiene un impacto en la capacidad del sector minero para operar de la mejor manera. Por ejemplo, uno de cada siete pesos en el país se invierte en minería. Y ese número, si bajara en el futuro, tendría impacto en el resto de la economía, en la capacidad de la industria minera para contribuir al desarrollo y las perspectivas en Chile. Además, actualmente el 19% de los ingresos de la industria minera en Chile se destina a impuestos, a los trabajadores, a los proveedores, lo que en última instancia beneficia al pueblo chileno. Si hubiera una situación en la que existe un cambio que, de cierta manera, dificulta que las empresas operen de forma responsable, entonces ese número y esa contribución pueden disminuir, lo que sería malo para los chilenos.

¿Cómo están mirando desde afuera lo que se discute en el país?

-Chile está muy bien posicionado como país para proporcionar los metales y minerales esenciales que el mundo va a necesitar para descarbonizar. Eso ocurre porque Chile es el principal productor de cobre del mundo, con una producción de 5,7 millones de toneladas en 2020, lo que podría crecer a 8 millones de toneladas para 2026 si se implementan todos los proyectos mineros en tramitación. Y la razón por la que eso es importante, es porque el mundo va a aumentar su consumo de cobre desde alrededor de 20 millones de toneladas en la actualidad, a 30 millones de toneladas en 2030. Y Chile tiene la oportunidad de ser uno de los principales beneficiarios de ese crecimiento. Por lo tanto, la importancia de las conversaciones que se están llevando a cabo en Chile en este momento en torno al royalty, la Constitución y el debate sobre la nacionalización, son importantes, porque influirán en el papel que Chile puede desempeñar para satisfacer la demanda mundial de estos minerales y metales esenciales. Mi principal mensaje es que Chile tiene una maravillosa oportunidad de seguir siendo un actor importante, y espero que los problemas se resuelvan de manera amistosa para que la contribución que ha hecho la minería a la economía chilena en los últimos años pueda continuar en beneficio del pueblo chileno, y que el mundo se beneficie de la producción chilena de estos metales esenciales.

Ahora, con todo que se está discutiendo en Chile, ¿el país puede seguir siendo un actor importante en la minería mundial?

-Creo que sí, porque varias empresas que operan en Chile tienen una visión de largo plazo. A medida que se desarrollen estos debates, mi esperanza y expectativa es que la producción minera y la inversión puedan continuar, en beneficio de la gente en Chile y en beneficio del mundo que obtiene sus metales y minerales. Hemos escuchado los comentarios de la industria diciendo que existe preocupación por resolver los problemas actuales, para que podamos proceder con las inversiones planificadas. No ayuda que esta incertidumbre continúe durante mucho tiempo más. Así que cuanto antes se pueda resolver, creo que será lo mejor para todos los interesados y, en particular, para que la industria pueda continuar su inversión en Chile.

¿Hay proyectos suspendidos en minería como resultado de lo que se discute en el país?

-Por el momento, lo que sabemos es que todavía hay mucho enfoque y mucha atención a Chile como jurisdicción minera. El 6% de la exploración mundial de metales y minerales se realiza en Chile, y es el país donde se invierte la mayor cantidad de dólares por kilómetro cuadrado en exploración minera. Por lo tanto, obviamente hay una base muy sólida de inversión e interés existentes en el país. Es difícil decir si eso ha cambiado, pero lo que puedo decir con seguridad es que cuanto más rápido se resuelva, creo que mejor será para todos.

Una propuesta en la Convención plantea la extinción de las actuales concesiones mineras para ser reemplazadas por autorizaciones administrativas. ¿Sería complejo operar en Chile con una norma de este tipo?

-A nivel mundial, en la mayoría de los casos, lo que se tiene es que los recursos naturales de cualquier país pertenecen a los ciudadanos de ese país. Y cada país trata de establecer un marco que permita que esos recursos sean explotados tanto por los actores estatales como por el sector privado, para el máximo beneficio de sus ciudadanos. Y lo que hemos descubierto en el pasado es que la estructura que ha existido en Chile durante los últimos años, ha significado que se encuentre entre los países mejor gobernados en el índice de gobernanza de recursos que el ICMM utiliza en su informe de Progreso Social. En ese informe que publicamos el año pasado analizamos 31 países que dependen de la minería en todo el mundo. Ahí comparamos el progreso que un país ha logrado en el cuidado de la salud, el empleo, el desarrollo económico y el desarrollo local, con la calidad de la gobernanza de los recursos minerales en ese país. Y se midió en tres dimensiones que eran la realización del valor, la gestión de los ingresos y el entorno propicio. Y Chile ocupó el lugar más alto de todos los países en la puntuación compuesta de gobernanza. Eso nos dice que lo que Chile ha tenido hasta ahora como sistema de gobierno de sus recursos minerales ha sido muy efectivo. Por lo tanto, cualquier cambio en eso debe ser considerado con mucho cuidado.

¿Le preocupa lo que se discute sobre nacionalización?

-Hay ejemplos de otros países que han manejado con éxito la relación entre el sector privado y el gobierno, y se han beneficiado de que ambos sean parte de la industria minera. Y este quizás sea un aporte importante para el debate sobre la nacionalización en Chile. El país al que quizás más señalaría aquí es Botsuana. Este país en África ha experimentado un rápido crecimiento económico en los últimos 40 años, en gran parte como resultado de la industria minera. Tuvo una experiencia muy diferente a la de otros países de África que adoptaron un enfoque muy distinto. Botsuana aumentó su PIB per cápita seis veces entre 1970 y 2000. Y la razón de ello fue una gobernanza sólida, con una asociación entre el sector privado y el gobierno, y una transparencia en los planes de desarrollo local entre ellos. Y así, en Botsuana, lo que nuestro trabajo ha encontrado es que las empresas mineras ayudaron a fortalecer el desarrollo empresarial local en las regiones mineras. Crearon una vía de desarrollo junto con los gobiernos. Eso lo digo porque, además de los impuestos, hay otro debate en Chile, que es cuánto se le debe dar al sector privado frente al Estado. En todo el mundo, los países que hemos visto, donde ha habido más desarrollo para el país a nivel local en los últimos 25 años, han tenido una participación bastante fuerte del sector privado. Otros ejemplos serían Indonesia y Perú.

CÓMO AVANZA EL DEBATE

Desde antes del inicio de la redacción de una nueva Carta Magna, una de las conversaciones, disputas, y alegatos de la población y el mundo político estaba relacionado con la nacionalización del sector minero. Uno que tras la victoria del apruebo los debates en torno a ello aumentaron.

Pese a que esto representa una preocupación para las industrias, ahora el foco de atención cambió hacia concesiones mineras, puesto que la Comisión de Medio Ambiente despachó una iniciativa que tendrá que ser aprobada en el pleno, informó CNN.

Se trata de la propuesta Dominio Público Minero -impulsada por Frente Amplio y el Colectivo Socialistas- la cual busca cambiar el régimen en la aprobación de concesiones de una forma sumamente drástica.

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“Todavía hay muchos trámites, ir al pleno, volver a Comisión y lo que uno cuenta todavía es tentativo, está aprobado sin perjuicio de que puedan haber muchas normas que se incluyan. Pero lo más central y lo más importante en esta etapa es el cambio de una situación a un sistema -cambio que yo no comparto- de un sistema de derechos a un sistema de permisos”, explicó Rodrigo Álvarez, Convencional de la UDI.

¿En qué consiste?
La iniciativa contempla el desarrollo de autorizaciones mientras que serán otorgadas de forma temporal mediante un proceso transparente e informado a la población. Asimismo, no otorgará propiedad a las mineras.

Es aquel punto que para los expertos representa un peligro para la industria. “Si se llega a aprobar como está, significa que tenemos que modificar todo lo relacionado con leyes y reglamentos que hoy día aplican a la minería, desde el código de minería, la ley orgánica de concesiones minera, deben ser modificadas y eso es un trabajo enorme”, explicó Juanita Galaz, directora ejecutiva Consultora Lima.

Para el abogado experto en minería, Daniel Weinsten, esto precaria los derechos de los privados y -en general- debilita el rol del régimen consensual actual, “que son concesiones que los otorgan el poder judicial y sobre las cuales se tiene propiedad, se pasará a uno que se otorguen concesiones administrativas. Siendo la minería una actividad que requiere de cuantiosas inversiones y un largo tiempo para recuperarlas, la incertidumbre es el ingrediente perfecto para ahuyentar la inversión”.