ANAHÍ ABELEDO

Una fundamentada lucha ancestral de los mapuches por el reconocimiento de la propia identidad y por la recuperación de tierras -actualizada por los reclamos socio-ambientales de la época- es atravesada en los últimos años por la acción violenta de grupos extremos que tienen como objetivo socavar el desarrollo de la economía de la región del sur de Chile. La ambición de estos grupos es la de concretar una lucha "independentisa" para escindir parte del territorio del país y crear una nación propia. En esta diversidad de intereses se mezclan métodos y se confunden diagnósticos. Los conflictos socio-ambientales llevados adelante por muchas comunidades mapuches se vuelven cada vez más difíciles de distinguir, clasificar y gestionar mientras se multiplican y la violencia crece. Los sectores energético y minero son los más afectados según datos oficiales.

Ni la presencia de representantes mapuches de alto perfil en la Constitucional, ni el trabajo de la misma para atender las aspiraciones de las comunidades, ni "gestos" como la ceremonia ancestral que realizó Gabriel Boric junto a los pueblos originarios el segundo día de su gestión, ni siquiera el levantamiento del estado de excepción en el sur, parecen incidir en el ánimo de los grupos extremos mapuches y tampoco reducen la conflictividad.

El flamante gobierno de Boric, que llega levantando la causa de los pueblos originarios entre sus principales banderas, se ha chocado con la realidad apenas se acercaron con sus consignas a los lugares conflictivos. 

El "Wallmapu", la Nación mapuche que pretenden los grupos extremos abarca extensas varias regiones de Chile y provincias argentinas, de donde los mapuches no son originarios. 

Cuatro días después de que asumiera el gobierno de Boric, su ministra del Interior y Seguridad, Izkia Siches, visitó la zona y fue objeto de una emboscada cuando se dirigía hacia la comunidad mapuche de Temucuicui, donde no se permite el acceso de agentes del Estado sin la autorización de quienes viven allí.

La situación se repitió el miércoles con agravantes cuando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, debió interrumpir este miércoles su visita a la localidad de Cañete en la región del Bíobio. El funcionario pretendía reunirse con autoridades locales cuando fue sorprendido en la carretera por un grupo de personas que portaban banderas de la etnia mapuche y que impidieron su paso.

A partir de 2016, las personas que se identifican con el pueblo mapuche han aumentado en más de un 20% y un 60% apoya, por ejemplo, la restitución de tierras indígenas, según el Estudio Longitudinal de Relaciones Interculturales del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, que reúne a tres universidades chilenas (Católica, Academia de Humanismo Cristiano y Diego Portales).

Según los resultados de la misma encuesta del CIIR ya mencionada, una amplia mayoría de los mapuche (más del 70%) rechaza la violencia y no justifica los ataques incendiarios, ni el uso de armas entre agricultores, ni el uso de la fuerza policial para disolver protestas.

Las fuerzas militares se retiraron de la Macrozona Sur el 26 de marzo. La población quedó desprotegida.

LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL POR SECTOR. EL SUR
El mapa de la conflictividad social en Chile del INDH (Informe Derechos Humanos) indica a día de hoy 128 conflictos en el país, de los cuales 71 están activos; 33 están latentes y 24 se han cerrado. El 34 %de los mismos se desarrolla en territorio indígena y 28 conflictos afectan a personas que se encuentran en el quintil III de niveles de pobreza. 

De acuerdo al sector productivo con el que se relacionan, el 38% afecta al de la  Energía; el 27% la Minería; el 8% el Saneamiento Ambiental; le siguen la Pesca; el Agro y las Obras de Infraestructura. 

Regiones y sectores productivos a los que afecta la conflictividad, INDH

Del total de 128 conflictos; 68 están relacionados con el lugar de exploración o explotación; el 25 con el uso y/o contaminación de los recursos naturales y el 45% con residuos, emisiones o inmisiones. 

El 24% registra un reclamo por el derecho a participar de la dirección de los asuntos; el 21% por el de la reducción de la mortalidad y daños y el 16% por el derecho al agua potable y saneamiento. 

El mapa de la conflictividad socio-ambiental según el informe de INDH, abril 2022

El gobierno levantó la militarización de la zona, que fue decretada por el ex-presidente Sebastián Piñera, y que mantuvo cuatro provincias del sur: Biobío y Arauco, en la región del Biobío; y Cautín y Malleco, en la región de La Araucanía, bajo la custodia de las Fuerzas Armadas en operaciones policiales. 

La población; los comerciantes y los empresarios reclaman protección para poder trabajar y vivir en paz y aseguran sentirse con miedo por el retiro de las fuerzas militares. 

Los ataques incendiarios a maquinaria y predios se producen casi de manera diaria en el marco de un conflicto que le ha costado la vida tanto a comuneros mapuches como a policías.

Los gremios afectados  lamentaron la decisión y piden medidas concretas "Una respuesta robusta y que garantice la seguridad de los habitantes de mi región", el gobernador Luciano Rivas también pidió a Boric un plan de protección. 

Así, desde la Multigremial Nacional señalaron a Emol que "es inexplicable y peligroso que el gobierno haya descartado ampliar el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, especialmente luego de los hechos violentos en que se vio involucrada la propia ministra del Interior durante su visita a La Araucanía". 

"(Con) esta decisión están quedando desprotegidas miles de familias inocentes, agricultores, transportistas y trabajadores forestales, que han sido las principales víctimas del terrorismo estos últimos años", añadieron. Por otra parte, desde la Asociación para la Paz y Reconciliación en La Araucanía (Apra Chile) plantean que si bien el territorio no debió haber llegado a un estado de excepción por hechos de violencia, lamentan que se retire la medida y recalcan que "el Estado ha fallado" en todos sus poderes. 

"Vivir en La Araucanía significa que sales a un camino y no sabes si tus equipos a final del día van a estar operativos o quemados. Detrás de esta violencia hay narcotráfico, no hay ninguna duda, y quienes tienen capturado el territorio son narcotraficantes. ¿Qué hacemos con eso? hay cero inteligencia, cero prevención" dice la asociación. 

Un nuevo ataque en la región del Bíobio destruye varias viviendas. Una postal cotidiana en la Patagonia chilena

Por eso, afirmó que el estado de excepción vino a concretar un apoyo a la labor policial, y si advirtió que su fin "va a ser un ir y venir de armas y drogas, y por lo tanto, va a llegar un minuto en que con ninguna condición que quiera instalar van a poder hacerle frente a esto". 

Los representantes del mundo del agro piden un plan de seguridad concreto, porque  la disminución de patrullajes preventivos y el trabajo conjunto entre militares y carabineros pueda propiciar el aumento de las tomas de predios o "recuperaciones territoriales". 

"Como gremio siempre seguiremos abiertos a todas las instancias de diálogo, pero nos hubiese gustado tener un plan más concreto, de seguridad, porque no todos quieren dialogar", afirmó a El Austral de Temuco, Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores Victoria-Malleco.

Un aserradero y dos camiones fueron incendiados durante la madrugada de este jueves en la comuna de Empedrado, Región del Maule. Imposible mencionar la cantidad de atentados con daños como este, se producen todas las semanas. 

Según el alcalde de la comuna, Gonzalo Tejos, se encontraron panfletos alusivos a la reivindicación territorial mapuche. "Dicen 'esto pasa cuando nos van a robar nuestras tierras y se ríen en nuestras cara' ", leyó.

El jefe municipal explicó que se "quemó un aserradero completo que se está valorizando en unos 150 millones, con toda su maquinaria. Aquí a 12 kilómetros de Empedrado hay un empresario y a él le quemaron dos camiones", informa Cooperativa.

CUANDO LA IDEOLOGÍA SE OPONE A LA DIPLOMACIA
Habrá sido por querer quedar bien con el pueblo mapuche pero también por inexperiencia en la gestión pública, la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Izkia Siches, se metió en problemas en estos días por referirse a las zonas en conflicto de la Araucanía y Bíobio como "Wallmapu". “Finalizamos el día en #Wallmapu con reunión de representantes de @MGAraucania @EduardoVergaraB #RaulAllard”, twiteó.

Tras su mal paso al querer visitar una localidad patagónica, Siches cometió un error que no solo la puso en problemas en Chile sino que cometió una afrenta hacia Argentina. Al usar el concepto de "Wallmapu",  avaló, desde el gobierno chileno, el reclamo de los grupos extremos que desconocen autoridades, Constitución Nacional y demás leyes así como la legitimidad de sendos estados. Las críticas le llegaron desde los dos países. 

El "grupo Honorio", un conjunto de diplomáticos reunidos en la Unión Cívica Radical, le salió al cruce y pidió al canciller argentino, Santiago Cafiero, que reclamara explicaciones a la ministra. 

“Resultaría muy preocupante que altas autoridades chilenas estén respaldando pretensiones separatistas de grupos que reclaman macro regiones de ambos países, potencialmente violatorias de la integridad territorial de la Argentina y del Tratado de Límites de 1881”, afirmaron ya que ese nombre se usa para referirse no solo a las regiones del Bio Bio, de la Araucanía, de los Ríos y de los Lagos, sino también a las provincias argentinas de Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza y parte de San Luis, de Córdoba y hasta de Buenos Aires.

En los medios provinciales argentinos las quejas se multiplicaron.

“Para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestros hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara, el término está enfocado a nuestro territorio nacional”, tuvo que aclarar la funcionaria. Siches se disculpó a medias "si he producido malestar a nivel nacional o a nivel trasandino pido todas las excusas correspondientes”, dijo. 

DESALOJO DE LA HIDROELÉCTRICA DE PANGUE
El martes Carabineros desalojó, tras dos meses de toma, los accesos a la central hidroeléctrica Pangue en Alto Biobío. 

La ocupación realizada por la comunidad Aukin Wallmapu pedía el cumplimiento de acuerdos con la empresa Enel firmados entre el 2016 y 2017 derivados del caso denominado “Patio 53“, que fue la inundación de un cementerio mapuche que dio paso a la represa. El desalojo se realizó de manera pacífica y no hubo detenidos, según informó DW.

La crítica de la comunidad mapuche no se hizo esperar: “Nos vamos sin acuerdo alguno, pero ahora, señores de Enel, comenzará la lucha. Señora Dresdner le quedó grande el cargo al ir con la policía por delante, no puede ser que en nuestro territorio manden los italianos“, fustigó Maria Curriao, presidenta Aukin Wallmapu. 

Se desalojó tras dos meses de toma, Enel saludó la decisión del gobierno, los mapuches hicieron oir sus enojo

A través de un comunicado, Enel valoró la decisión de desalojo tomada por la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner. La comunidad Aukin Wallmapu pedía el cumplimiento de acuerdos derivados del caso “Patio 53”, que fue la inundación de un cementerio mapuche que dio paso a la represa.

“Valoramos la intervención ordenada por la Delegada Regional, dando cumplimiento al deber de resguardar el orden público y la seguridad del suministro eléctrico. Después de más de dos meses de bloqueado el acceso a nuestra planta hidroeléctrica Central Pangue, nuestros trabajadores podrán ingresar a las instalaciones de manera segura para mantener el correcto funcionamiento de la central que además significa seguridad para la cuenca del Río Biobío“, señaló Dresdner.

ACTIVIDAD FORESTAL: CAMBIO DE DUEÑO PARA EVITAR EXPROPIACIONES
El 26% de las comunidades mapuche mantiene relaciones de colaboración o prestación de servicios con empresas forestales. El reclamo es por tierras y aunque está aprobado el traspaso de las mismas se produce lentamente, según los mapuches. La Conadi tiene registradas 3.814 comunidades mapuche entre las regiones de Biobío y de Los Lagos, la Corporación de la Madera contabiliza 1.012 comunidades que mantienen relaciones de colaboración o comerciales con empresas forestales. 

Los mapuches exigen retirar de sus tierras a las empresas forestales y recibir el pago por los territorios ocupados, de lo contrario Boric enfrentará un motín indígena. Otro más para el país y el primero de su administración.

En los últimos dos años, la titularidad de la propiedad de grandes predios forestales ubicados en zonas mapuches, o en sus cercanías, cambió de manos, se afirma en un detallado informe de El Mostrador. 

Según diversos observadores, el traspaso de estas tierras no solo se explica por la alta rentabilidad de la venta, dado el creciente interés del mundo financiero por adquirir activos verdes que puedan traducirse en bonos de carbono, sino también por ser una forma de evadir jurídicamente eventuales expropiaciones de terrenos, para ser entregados a comunidades mapuches. Si el Estado las expropiara una vez transferidas, seguramente los inversionistas extranjeros llevarían a Chile a arbitrajes internacionales, establecidos para decidir controversias vinculadas con la protección de inversiones foráneas. “Hoy, para empresas como Arauco, Mininco, una salida fácil para evitar responsabilidades jurídicas es enajenar estas tierras a empresas transnacionales", señala Manuela Royo, abogada y convencional constituyente por el distrito 23.

El 13 de mayo de 2021, mientras la Conadi, en el ámbito público, ingresaba a Contraloría las resoluciones de compra de cinco predios de Forestal Mininco (filial de CMPC), en la comuna de Angol, y que correspondían a un total de 300 hectáreas reclamadas por la comunidad Alex Lemún, en el ámbito privado se celebraba una transacción millonaria de más de 80 mil hectáreas de predios forestales, algunos de ellos ubicados en zonas de reivindicación territorial mapuche. 

En concreto, hay un espacio para negociar bajo los tratados. Pero lo que sí es regla internacional, es que la indemnización se paga. Si no se cumplen los requisitos puede haber controversias. Y probablemente, de generarse una controversia, sería por la indemnización, no por la naturaleza de necesidad pública. 

Los inversionistas extranjeros no pueden alegar desconocimiento de la situación. Cabe recordar, por ejemplo, que cuando dieron a conocer la noticia del acuerdo de compraventa –en Diario Financiero– plantearon claramente: “Uno de los puntos que más se debatió durante las negociaciones tuvo que ver con la cercanía de zonas en conflicto en territorios mapuche. Fueron mirando uno a uno hasta depurar los menos conflictivos o sin ningún tipo de controversia de por medio. Eso sí, Timberland se reforzó el año pasado y creó una nueva división, bautizada como Landscape Capital, enfocada en dar valor a las propiedades forestales que tienen, y eso incluye trabajo con las comunidades. Lo han aprendido en Brasil, donde varias comunidades indígenas también tienen reclamaciones contra empresas forestales”.

RECLAMOS COMUNITARIOS Y GRUPOS TERRORISTAS
Chile ocupa el puesto 18 en el mundo y el segundo en Latinoamérica en el ranking de los países con más terrorismo según el “Global Terrorism Index 2022" del Instituto de Economía y Paz (IEP - Institute for Economics and Peace), dado a conocer en marzo de este año. 

En  2021 se registraron 362 ataques terroristas, de los cuales más de la mitad“se atribuyeron a indígenas mapuches extremistas”. El ascenso en esta preocupante escala fue meteórico ya que un año antes ocupaba el lugar 47. 

Los grupos extremos tienen como estrategia insertarse en territorios y participar de los conflictos de las comunidades para pregonar la nación mapuche, que no reconoce al Estado chileno.

Chile se encuentra apenas debajo de países como Mozambique, Egipto y la República del Congo, y superamos en terrorismo a países como Kenia, Turquía, Libia y Palestina. En la región solo lo supera Colombia. 

El IEP es la entidad internacional independiente más importante en la medición de violencia, terrorismo y paz. El cálculo de la puntuación del ranking GTI tiene en cuenta no sólo las muertes producto del terrorismo, sino también los incidentes, los rehenes y las lesiones del terrorismo, ponderando los resultados en un período de cinco años. 

El ranking utiliza una serie de factores para calcular el puntaje: utilizando el número de incidentes, muertes, lesiones y rehenes, los cuales luego se combinan con datos socioeconómicos y de conflicto. El promedio le otorga a Chile un puntaje superior a 6 mientras que Perú se encuentra en 4,4 puntos y Argentina en 2,5, aunque estos dos países también ascendieron en la escala en la última década.

"GENERAR CAOS, DESTRUIR, PARALIZAR" LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
El ranking registra 831 atentados y 11 muertos por terrorismo en la última década, de los que 362 tuvieron lugar en 2021 y, desde 2020 359 de estos ataques son atribuidos a extremistas mapuches. La mayoría de dichos ataques han sido dirigidos contra las actividades comerciales y empresas en la región”. Estos grupos buscan que operan en la Patagonia chilena y argentina buscan separarse de los Estados a los que desconocen y fundar el "Wallmapu", una Nación mapuche indpendiente que pretenden los grupos extremos abarca extensas  regiones de Chile y  Argentina, de donde los mapuches no son originarios. 

Como señala Pablo Paniagua en el diario La Tercera "en el último catastro de la violencia y terrorismo en la Macrozona Sur del país —realizado por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) junto a la Dipolcar y la Policía de Investigaciones (PDI) se evidencia que, desde el 2015 hasta el 2020, se registraron 772 atentados, siendo un 36,4% de ellos perpetrado contra inmuebles de civiles y 22,9% contra camiones". 

De acuerdo a esta fuente, los delitos contra la propiedad aumentaron un 126% pasando desde 206 a 466 desde 2020 a 2021 mientras que las tasas de usurpaciones de terrenos crecieron un 342% y los homicidios frustrados un 224%.

Un  manual mapuche de nombre "Kutralwe, herramientas para las luchas",  enseña a “generar un clima de descontrol y caos”, “destruir y paralizar” infraestructura e inversiones.

La portada del manual (detalle) donde se enseña a paralizar, destruir inversiones o bien quedarse con los bienes

El objetivo de la lucha es “la recuperación total del territorio pero hay que ir paso a paso”, dice el manual. Sin embargo, “no hay que tenerle miedo a la guerra y sus consecuencias…”

La estrategia más directa es “someterlos (a los enemigos) a una situación de contexto desfavorable para sus inversiones, llevada cabo a través de la acción de sabotaje, de violencia revolucionaria, que tenga por objeto destruir y paralizar sus espacios, vías de tránsito, maquinarias, infraestructura, objetos e inversiones en general”, resume el portal Infobae.

El manual sigue: “Que al empresario se le haga poco viable desarrollar su negocio en la localidad. Las acciones contra el enemigo deben dejar consecuencias graves en su economía, irreparables y cada vez en mayor escala”. Se trata de “destruir o quedarse con todos sus medios de producción, sus máquinas y recursos, avanzar en la construcción de condiciones para el control territorial total”.

La estrategia consiste en elegir un territorio, hacer inteligencia y empezar a “golpear sin ser golpeados”, lo que implica la realización de “diversos tipos de acciones de sabotaje que hagan un daño irreparable a las máquinas del capitalismo”. Debe evitarse recibir “represalias” o “investigaciones”, por lo que hay que hacerlas “en la completa invisibilidad e impunidad” con velocidad y firmeza “para aturdir al enemigo, tomarlo desprevenido, desconcertarlo, dejando pruebas falsas que confundan...”.

Camiones quemados, en Empedrado esta semana, otra postal demasiado frecuente en la Patagonia que se repite bajo el gobierno de Boric.

El manual aconseja “preparar acciones de sabotaje a los medios de transporte e infraestructura del empresario usurpador” a la vez que se prepara la “defensa jurídica” y se construye un “movimiento político y social para realizar y respaldar todas las acciones que se hagan”. El fuego es la herramienta para hacer justicia "la justicia está en el fuego", proclaman.

Enseñan a realizar “ataque SPAM”, a través de correo electrónico, a "hacer una acción de propaganda al momento en que la prensa esté cubriendo otras instancias”, por ejemplo, interrumpiendo “frente a las cámaras y dejar un mensaje: breve pero contundente, que se entienda fácilmente”. 

"No somos chilenos, somos mapuches". El desconocimiento del Estado de Chile es la base para el reclamo de la Nación independiente.

Conscientes de que todas las comunidades no están en la misma tesitura, hay que promover que “se levanten en lucha”, que pasen “de la ignorancia a la conciencia, de la dispersión a la organización (...), de la pasividad a la movilización (...), del descontento al sabotaje (...), de la resistencia con piedras a la lucha con armas de fuego, (...) de la normalidad a la clandestinidad, de la protesta callejera a la muerte en combate [sic] dentro de un fundo en recuperación…”.

“(Como comunidad) hemos dado la batalla desde el principio y hoy se han sumado otros actores, con otras ideas. Es un grupo pequeño que tiene (aceptado) el uso de las armas. Teníamos buenas propuestas con Mininco (forestal) de sacar el proyecto adelante y dar trabajo para mucha gente, pero estos grupos llegaron, nos amenazaron cuando estábamos trabajando, con armas y todo”, aseguró el dirigente mapuche Aurelio Millabur. Se refiere a los grupos más radicales que operan en la zona donde se ubica la comunidad Juan Lincopan, como la CAM y la Franja Lafkenche, entre otros. Millabur no ve otra solución que retirar a las forestales de las tierras. 

Viven intimidados, admite el dirigente, por atentados a casas de las comunidades del sector y por el aumento de la violencia. –Esto está creciendo como una burbuja, va a llegar un momento en que se va a volver insostenible–, dijo.

EL NORTE. ATACAMA Y LA TENSIÓN POR EL AGUA
Un dilema difícil es cómo no desaprovechar la riqueza en litio del de la región de Atacama. Coyo es una de las doce aldeas en los dispersos oasis del desierto. Los miembros de la comunidad se turnan para sacar agua del río San Pedro, consideran que desde que se instalaron las mineras el agua empezó a escasear. Tras dos semanas de espera, Hugo Díaz pudo finalmente irrigar sus campos.

"Antes de que llegaran las mineras acá había mucha agua. La minería ha consumido las napas subterráneas, sacan agua de un río de otro sector también y no llega acá el agua que corresponde", dijo un dirigente mapuche a DW.

Chile tiene una de las mayores reservas de litio del mundo. Sus exportaciones cubren el 40% de la demanda mundial de este valioso metal. Por eso se le llama la "Arabia Saudita del Litio". Además, se espera que la demanda global se triplique en los próximos seis años.

Para los atacameños, el agua no solo tiene un valor material sino también cultural y espiritual. "Para nosotros como likan-antai (etnia atacameña) es muy importante el agua. No solamente el agua en relación a lo que es mantener nuestras costumbres mediante la agricultura, sino que también porque el agua es vida", explicó Vladimir Reyes, uno de los mayores de la comunidad de Coyo.

El desierto de Atacama, gigantesca riqueza en litio y fuente de nuevos conflictos y reclamos por la preservación del ambiente y por el agua. 

Las dos compañías mineras que operan en Atacama, la chilena SQM y la estadounidense Albemarle, extraen cada año más de 63 mil millones de litros de agua salada de las capas más profundas del desierto, es decir, casi 2 mil litros por segundo. Además, la industria consume una cantidad considerable de agua dulce.

Según los operadores de la mina, la extracción de agua salada del desierto no tiene ningún efecto en el suministro de agua dulce de la zona. "La salmuera, rica en minerales, no es adecuada para el uso agrícola o como agua potable. Y estamos trabajando muy de cerca con las comunidades locales para asegurarnos de que estamos actuando de manera sostenible", dijo a DW Hailey Quinn, gerente de comunicaciones de Albemarle.