ANA CRISTINA ALVARADO

Miles de piedras y sedimentos rodaron por un cerro de arena de río. Después hubo gritos. Alejandra (nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente), de 33 años, llevaba a su bebé de nueve meses en la espalda pero logró pasarlo por debajo de su brazo y protegerlo con su cuerpo en cuestión de segundos.

La montaña se venía abajo y al menos una persona ya estaba atrapada debajo de los escombros. Piedras más pequeñas golpearon su espalda y sus piernas. El impacto del derrumbe empujó a la madre contra el suelo y sus manos y rodillas soportaron su peso hasta sangrar.

Escenas similares ocurren por lo menos desde octubre de 2021 en las riberas del río Jatunyacu, en Napo, una provincia ubicada en el noreste de los Andes ecuatorianos, donde nacen varios ríos amazónicos.

La comunidad de Yutzupino, por donde cruza el afluente, está a menos de 10 minutos en auto desde Tena, la capital provincial. Esta provincia es rica en oro aluvial, el principal objetivo de los dueños de las 153 concesiones que ha entregado el Estado ecuatoriano en 32 277 hectáreas. Sin embargo, es la minería ilegal la que se ha adueñado de la zona hasta secar las fuentes hídricas.

Los colectivos ciudadanos ‘Napo ama la vida’ y ‘Napo Resiste’ denunciaron a inicios de noviembre de 2021 la presencia de cuatro retroexcavadoras en las playas del brazo izquierdo del Jatunyaku, afluente del río Napo. De hecho, así lo corroboró el personal del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) con un informe publicado el pasado 6 de febrero. Los mineros ilegales estaban tomando rápidamente la zona.

Sylvia Villacís, especialista en Sistemas de Información Geográfica de la organización Ecociencia, participó en ese análisis de MAAP y cuenta que el primer reporte de alarma se dio el 3 de octubre de 2021.

En ese momento el área afectada era menor a una hectárea pero, en diciembre, el daño alcanzó 61 hectáreas. “El 87,5 % de toda la expansión minera ilegal se dio en diciembre”, asegura. Para el 17 de enero de 2022, el área afectada se había incrementado en otras seis hectáreas y es justo esa velocidad de expansión de la actividad minera lo que más sorprende a Villacís.

La segunda semana de febrero de 2022, el colectivo ‘Napo ama la vida’ identificó, a través de sobrevuelos con drones, al menos 100 retroexcavadoras y unas 2000 personas removiendo el suelo del río Yutzupino. Los mineros ilegales abrieron cráteres y apilaron el material extraído hasta formar altos montículos que amenazaban con derrumbarse sobre ellos.

El 15 de febrero, Alexandra Vela, ministra de gobierno de Ecuador, ofreció una rueda de prensa para compartir los resultados del ‘Operativo Manatí’ con el que intervinieron en la zona. Este se realizó dos días antes y tenía como objetivo encontrar en delito flagrante a los mineros ilegales. No obstante, debido a la fuga de información, solo se hallaron retroexcavadoras abandonadas en las playas del río o estacionadas en fincas cercanas, 48 máquinas fueron identificadas y 27 fueron llevadas a un centro de acopio en cadena de custodia.

Además, se decomisaron 10 bombas de agua y 7 motores. Al cierre de esta publicación, la Fiscalía informó que algunas de las maquinarias que fueron decomisadas pertenecerían a gobiernos seccionales. Una retroexcavadora tendría sellos del municipio de Yantzaza, en la provincia de Morona Santiago, en el sur de la Amazonía ecuatoriana.

En la rueda de prensa, Vela dijo que el objetivo del gobierno es eliminar la explotación ilegal. “Aquí hay una actividad empresarial equivalente al narcotráfico”, sentenció y añadió que las acciones estatales no eran tardías. “En la intervención no ha habido ninguna demora”, aseguró la funcionaria.

Más adelante reconoció que las autoridades estatales conocían de estas actividades desde octubre del 2021 y que desde entonces se habrían iniciado investigaciones en conjunto con la Fiscalía. Sin embargo, dijo que el ‘Operativo Manatí’ no pudo llevarse a cabo antes “porque las comunidades utilizaron a los niños y a las mujeres, y en algunos casos a los ancianos como escudos para impedir el trabajo de la Policía Nacional”.

Vela también advirtió problemas al solicitar la intervención de los jueces. “No tenemos el respaldo de la Judicatura ubicada en la provincia del Napo (…) y eso retrasa los procesos de intervención”, reclamó. Según la representante del Gobierno, estos obstáculos habrían impedido que este operativo hallara a los mineros en delito flagrante pues hubo “fugas de información”.

“NO QUEREMOS MINERÍA LEGAL NI ILEGAL”
A lo largo del río Jatunyacu se asientan unas 50 comunidades indígenas kichwa. Sus habitantes han convivido con este y otros ríos durante siglos. Conocen de su riqueza y hay mitos que hablan de ‘Sacha Kuri Warmi’ o la mujer bella del oro. Como parte de sus prácticas ancestrales, los kichwas históricamente han separado el oro de la arena de los ríos con la ayuda de bateas.

“Yo me eduqué con la minería”, dice Rocío Cerda, presidenta de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN). Cuenta que sus padres sacaban un gramo a la semana para enviarle dinero a ella y a sus hermanos, quienes terminaron el bachillerato en Tena.

Sin embargo, asegura que a partir del 2007 el Estado ecuatoriano empezó a entregar concesiones en toda la provincia, sin realizar consulta previa, libre e informada, un derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas garantizado en la Constitución ecuatoriana. Estas concesiones, comenta, se encuentran en propiedades indígenas comunales.

“El Estado, en vez de titular a los pueblos y nacionalidades, titula a empresarios chinos, incluso dando este permiso para la explotación de oro a cielo abierto”, reclama indignado Kambak Wayra Alvarado, presidente de la comunidad kichwa Tzawata, ubicada a unos 500 metros de las minas que han formado los ilegales y cuyo territorio, además, fue concesionado, en parte, a una minera china.

A medida que las concesiones legales avanzaban, iban llegando mineros ilegales. “Desde que se escuchó de la situación, en mi comunidad se organizó una asociación de guardias comunitarias indígenas (Yuturi Warmi). Las mujeres somos las que más guerreamos en estas luchas”, dice la líder de la FOIN y parte de la comunidad de Serena. “No queremos minería legal ni ilegal. Ambas son destructivas”, asegura.

LA LUCHA CONTRA UN SISTEMA CORRUPTO
“La mayoría de operadores mineros son dueños de concesiones, pero hacen minería ilegal”, denunció José Moreno, coordinador de los colectivos ‘Napo ama la vida’ y ‘Napo Resiste’, en la sesión de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional que tuvo lugar el 14 de febrero de 2022, y que fue motivada por el caso de los ríos Jatunyacu y Yutzupino, que también pasa por territorios kichwa.

“Los dueños de las concesiones explotan ilegalmente el oro para no pasar por procesos de consulta previa”, explica Eduardo Andrés Rojas, abogado de los colectivos sociales que en octubre del 2021 presentaron una acción de protección ante una corte penal de Tena, en contra del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), del Ministerio de Energía, de la Agencia de Regulación y Control Minero y de sus respectivos representantes.

Durante al menos dos años, diferentes colectivos han denunciado la arremetida de la minería legal e ilegal en la provincia de Napo, sin embargo, no ha habido acciones concretas para frenarlas. Esto ha llevado a que líderes y activistas piensen que las autoridades locales estarían detrás de las estructuras de mineros ilegales.

El asunto ha sido tan álgido que Wilfrido Villagómez, gobernador de Napo, ha sido acusado en plantones antimineros de ser dueño de algunas de las retroexcavadoras que se han usado para buscar oro en las riberas de los ríos de manera ilegal. Pero Villagómez niega esas acusaciones: “tengo mi conciencia tranquila, las cosas no hay que decirlas, hay que demostrarlas”, le dijo el gobernador vía telefónica a La Barra Espaciadora y Mongabay Latam.

El abogado Rojas explica que el Decreto 151, promulgado en 2021 por el presidente Guillermo Lasso para incrementar la producción minera, aumenta también las facultades del gobernador para controlar la minería ilegal.

De acuerdo con Rojas, cuando los representantes de los colectivos le informaron a Villagómez, a inicios de noviembre de 2021, que decenas de retroexcavadoras estaban trabajando en el lecho del río Jatunyacu, el funcionario habría respondido que no contaba con personal para ejecutar medidas de control en ese momento.

“En ciertos casos hemos estado luchando solos porque no hemos tenido recursos. El personal policial y militar es reducido, no hemos tenido la capacidad operativa para terminar con esta actividad. Subimos al siguiente escalón [las autoridades del gobierno central], lastimosamente empezó a haber fuga de información desde arriba”, asegura el gobernador Villagómez.

La sentencia en primera instancia de la acción de protección, emitida en enero del 2022, es considerada por el colectivo como un retroceso en la lucha contra la minería ilegal. Este documento reclama que se declare la caducidad de las concesiones otorgadas desde el 2008 hasta la fecha y que sean revertidas al Estado.

Según el abogado Rojas, el juez del caso, Roberto Sarabia Altamirano, dijo que no se respetó el derecho a la consulta previa ni a la consulta ambiental. Además, en la acción de protección se presentó información sobre afectaciones a la naturaleza, principalmente contaminación del agua y su consecuente impacto a la flora y fauna acuática.

No obstante, esa sentencia de primera instancia solo reconoció la vulneración a los derechos de la naturaleza por parte de la minería ilegal, pero “considera que la minería legal no puede estar sujeta a revisión”, ya que “los actos del Estado gozan de legitimidad”, parafrasea Rojas.

“Esto nos sorprende sobremanera porque tenemos de base dos sentencias del caso Sinangoe, en donde se declaró la reversión de las concesiones debido a que no se respetó la Constitución”, dice el abogado Rojas. En estos fallos judiciales se reconoció la vulneración del derecho a la consulta previa en los procesos de entrega de concesiones mineras para el pueblo Ai’Cofán de Sinangoe. Esa decisión es vinculante a otros casos similares.

Los colectivos ciudadanos presentaron un recurso de apelación porque consideran que los pasivos ambientales “no son exclusivos de la minería ilegal”, dice Rojas, quien también es Presidente del Consejo de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos y la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo de Napo. 

“Empresas que están operando de forma legal también explotan de una manera arbitraria, negligente y que termina vulnerando los derechos de la naturaleza. Todas las concesiones involucran ríos y otros cuerpos de agua, por lo tanto es imposible que no existan afectaciones a la naturaleza”, agrega.

“RÍOS MUERTOS”: EL SALDO DE LA MINERÍA
Las partes bajas de dos ríos están muertas, así lo dice Marcela Cabrera, ingeniera química y técnica de laboratorio de la universidad Ikiam.

A lo largo de enero y febrero se han difundido por redes sociales tomas aéreas e imágenes satelitales que muestran cómo la actividad minera secó completamente el brazo izquierdo del río Jatunyacu que tenía unos 3 km de longitud y unos 300 metros en su parte más ancha, dice Sylvia Villacís de Ecociencia. Fue así como esta parte del Jatunyacu se unió al río Yutzupino, que también fue secado en gran parte por la minería ilegal desde hace unos cinco años, comenta Rocío Cerda.

Jorge Celi, ecólogo de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, dice que los mineros habrían usado algún mecanismo de barrera para evitar que el agua entre en el brazo del río Jatunyacu para, de esta manera, operar con menos inconvenientes. La época seca que termina en marzo habría facilitado esta tarea.

“¡La destrucción del hábitat es terrible!”, exclama Celi y explica que, además, el río Jatunyacu y sus brazos conforman la vía principal de la migración de peces que vienen de la Amazonía Central como bagres, bocachicos o sábalos. Estos nadan hasta el piedemonte, hasta unos 700 metros sobre el nivel del mar, para desovar. Ahora que uno de los brazos tiene niveles de agua casi inexistentes, estas especies tendrán problemas para culminar su ciclo reproductivo, comenta el experto.

Asimismo, la intervención del cauce, bordes y lecho del río puede conllevar otros graves peligros. El ecólogo explica que una vez que empiece la temporada de lluvias y el nivel de agua suba, el río buscará estabilizarse y esto provocará que se erosionen los márgenes y que haya riesgo de inundaciones en las comunidades cercanas y en las infraestructuras públicas.

Los daños son aún peores, a pesar de que no sean tan evidentes. Marcela Cabrera fue parte de un estudio publicado en junio de 2021 en el que se evaluaron los ecosistemas acuáticos de los ríos Yutzupino, Chumbiyaku, Yanguno, Tuyano y Guanguno. Yutzupino y Chumbiyaku vierten al Jatunyacu y estos, junto con los otros tres ríos, alimentan el río Napo.

En el caso del Yutzupino se monitoreó la parte alta, media y baja del río. Cabrera fue testigo de que los relaves mineros eran vertidos directamente a los esteros que conectaban con este río, sin tratamiento previo. Según el estudio, esto provocaba que el agua de las partes medias y bajas se tornara café, lo que evita que pase la luz, que se produzca fotosíntesis y, como resultado, que no se emita oxígeno, elemento esencial para la vida en el agua.

Además, los mineros ilegales usan mercurio para facilitar la separación del oro de la roca. Este elemento es “altamente tóxico” y, al utilizarlo en este tipo de actividades, entra en la cadena trófica, afectando a los organismos”, dice Francisco Villamarín, biólogo y docente de la universidad Ikiam.

La afectación ya se comprobó en el laboratorio. Mientras en la parte alta la cantidad de sólidos suspendidos era de 19 miligramos por litro (mg/L), en la parte baja el incremento fue de más del 100 %, superando los 130 mg/L . Cabrera recuerda que la normativa ecuatoriana permite que los ríos tengan un aumento máximo del 10 %.

Cabrera y su equipo también encontraron que el cobre, hierro, aluminio, manganeso, plomo y zinc superaban hasta en un 500 % los límites permitidos en la normativa ambiental. Estos metales pesados podrían transferirse a los seres humanos a través de la cadena trófica, explica Villamarín.

Además, en la parte baja del Yutzupino y en el Chumbiyaku, los científicos no encontraron macroinvertebrados. “Esto quiere decir que el río llegó a un nivel de contaminación en el que ya no existen organismos vivos ahí”, dice la ingeniera química. “Las partes bajas de los ríos murieron debido a que acumulan contaminación de todo el trayecto”, aclara.

Asimismo, los científicos realizaron exámenes de toxicidad. Para ello expusieron pulgas de agua (Daphnia Magna) a cinco muestras de agua de los ríos analizados durante 48 horas. Los insectos tuvieron menos del 50 % de supervivencia en aguas de la parte baja del río Yutzupino.

LO QUE HAY DETRÁS DE LA MINERÍA ILEGAL
El Estado mantiene el control de la zona desde que realizó el ‘Operativo Manatí. “Quiero dejar claro que el objetivo del Gobierno no es atacar a la gente que hace minería de carácter ancestral”, dijo Vela y explicó que cada máquina retroexcavadora tiene un costo de entre 180 mil y 250 mil dólares.

“Ningún minero de carácter artesanal, nadie que batea el oro (…) tiene 180 000 dólares”, dijo. Agregó, además, que hay evidencia de explotación laboral de las personas que realizan el bateo original. Al final del día, compradores que no eran de la zona, según cuenta Alejandra, se acercaban a las minas para adquirir cada gramo de oro por unos 40 dólares, a pesar de que, según la ministra Vela, el gramo estaría avaluado en unos 71 dólares.

Alejandra cuenta que junto con ella y varios habitantes de la zona también había colombianos y venezolanos buscando oro, así como ecuatorianos provenientes de otras provincias.

El hambre la motivó a acercarse a las minas. Desde que inició la pandemia, ni ella ni su esposo han tenido trabajo. Tienen bajo su cuidado a cinco niños. Durante los primeros días, la mujer llevó a la zona caldo de gallina y bolones de verde para vender a los mineros. Después, sus hijos le animaron a comprarse una batea. Haciendo un esfuerzo compró dos, por las que pagó unos 70 dólares, y comenzó a buscar oro.

No pasó mucho tiempo hasta que sucedió el derrumbe donde ella y su bebé se salvaron de morir. Sin embargo, una vez que se recuperó, Alejandra volvió al río. En una ocasión, ella y sus hijos encontraron medio gramo, por el que les pagaron 36,5 dólares. Otro día, encontraron un gramo y medio, por el que recibieron 57,50 dólares. “Pero luego de eso ya no encontramos más, para qué voy a mentir”, dice.

La zona de los ríos Jatunyacu y Yutzupino está resguardada y Alejandra está en casa, solo a la espera de que el sitio reabra. Pero ella ya no quiere volver a lavar oro. “Es muy peligroso”, comenta.

Hay rumores, dice Miriam Robles del colectivo ‘Napo ama la vida’, de que 17 personas han fallecido en accidentes similares pero nadie quiere hablar de eso.

“Ha habido 25 años de minería en la provincia de Napo —dijo el abogado Eduardo Andrés Rojas en la sesión de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional—, sin embargo, el 80 % de nuestros habitantes están viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema”.

La ministra Vela aseguró que las autoridades no permitirán que vuelva a instalarse la minería ilegal en esta zona, pero no habló en su rueda de prensa sobre la falta de servicios básicos ni de los altos niveles de pobreza y pobreza extrema que se registran en Napo y en el resto de la Amazonía ecuatoriana.

Según datos de diciembre de 2021 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 26,7 % de la población urbana y el 62,47 % de la población rural ecuatoriana vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema.