GONZALO SOLANO

Aunque en Ecuador sólo hay dos minas en funcionamiento, esta actividad naciente pareciera reclamar mayor espacio en el panorama económico: con el oro y cobre como puntas de lanza, ha llegado a ubicarse entre los productos de mayor exportación del país.

Las minas Fruta del Norte -de oro- y Mirador -de cobre- entraron en fase de producción apenas en 2020, año en el cual generaron exportaciones por alrededor de US$ 1.000 millones a pesar de los efectos adversos producidos por la pandemia.

Sólo un año después, en 2021, las ventas casi se duplicaron y alcanzaron US$ 1.780 millones. Para este año, se esperan ventas por alrededor de US$ 1.900 millones.

El analista y ex viceministro de Minas, César Espinosa, dijo que la minería “en poco tiempo más se convertirá en la principal fuente de divisas del país. En unos pocos años estaremos viendo como el sector minero se convierte en la principal actividad económica de Ecuador”.

Desde la década de 1970, la economía ecuatoriana ha girado en torno a la producción y venta de petróleo, cuyas exportaciones tradicionalmente han aportado alrededor del 30% del presupuesto fiscal, pero en sólo dos años los productos mineros ya se ubican en el cuarto puesto, detrás del camarón y del banano.

Luis Prato, economista senior de Torino Economics, con sede en Nueva York, destacó que la minería es uno de los sectores “que consideramos como puntales de mayor crecimiento potencial, como generador alternativo de divisas a los sectores más tradicionales de exportación en Ecuador”.

Añadió que la minería a mediano plazo tiene un potencial de exportación entre US$ 10.000 y 15.000 millones, para lo cual el gobierno del presidente Guillermo Lasso debe lograr la aprobación y el consenso de leyes en ámbitos como el laboral y las inversiones.

Las dos minas a gran escala que funcionan en Ecuador están ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe, al sur del país en la Amazonía. Una de ellas, Fruta del Norte, pertenece a Lundin Gold, y la otra, Mirador, a la empresa china Ecuacorriente.

El analista y catedrático de la universidad San Francisco, Luis Espinosa, aseguró que Ecuador “ha llegado a los niveles de producción actuales con muy malas leyes mineras, malas leyes laborales y de inversiones, y el gobierno está muy centrado en mejorar estas leyes. En minería se ha avanzado bastante. Está por anunciarse la ley de inversión. Ojalá se consiga mayor seguridad jurídica y eso despertará el potencial minero de Ecuador”.

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería, María Eulalia Silva, dijo que en Ecuador hay 12 proyectos mineros en marcha y que se espera que cuatro de ellos entren a fase de construcción en los próximos cuatro años y más adelante vayan a la fase de producción. “Ecuador es un país muy poco explorado. Menos del 8% del territorio ha sido concesionado”, explicó.

Añadió que en ese 8% “tenemos yacimientos de talla mundial”, afirmó, aunque reconoció que para desarrollar el potencial minero de Ecuador hace falta “una mayor gestión del Estado, del ejecutivo, del legislativo, una gestión que llegue al territorio, que no se concentre en grandes ciudades y que se persiga como corresponde a la minería ilegal”.

El ex viceministro de Ambiente de Perú, José De Echave, destacó desde Lima que en las últimas décadas la minería ha crecido en países donde ya había minería, como el caso de Chile, Perú y en menor medida Bolivia, pero ha comenzado a crecer y tiende a consolidarse en países donde no era tan gravitante como Ecuador.

“Es una actividad que genera un conjunto de impactos sociales y ambientales significativos. En el caso peruano la minería, lo dice la Defensoría del Pueblo, es la fuente de mayores conflictos sociales” y señaló que son problemas multidimensionales desde lo económico, pasando por lo social y la relación con las comunidades. “Lo ambiental ha estado fuertemente presente en la relación de la minería con la población”.

En Ecuador grupos de ambientalistas y anti mineros han desarrollado una sólida oposición a las actividades de minería formal, movilizando indígenas y campesinos para el bloqueo de vías, toma y destrucción de campamentos y hostigamientos de trabajadores y técnicos de las empresas extractivas.

El ambientalista y excandidato presidencial indígena, Yaku Pérez, uno de los más férreos opositores a la minería, señaló que esa actividad “lo aniquila todo. Hay una irreversible afectación al ambiente, hay el envenenamiento de los ríos y lagunas, que nutren con sus aguas las actividades agrícolas y ganaderas. Se afecta la soberanía alimentaria y se afecta el uso del agua para las poblaciones que viven aguas abajo”. Añadió que “el extractivismo configura un ecocidio y eso nos lleva a un colapso climático”.

Tanto los mineros formales como los ambientalistas coinciden en convocar al Estado para frenar y erradicar las actividades de la minería ilegal, regada por todo el país, laborando en malas condiciones para los trabajadores y sin respetar ninguna norma ambiental, lo que ha quedado en evidencia cuando se producen accidentes o eventuales acciones policiales.

En las imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación, se muestra que uno de los últimos y más grandes asentamientos mineros ilegales se ubica en la Amazonía a orillas del río Napo, donde cientos de personas parecen extraer oro con decenas de tractores y otras maquinarias en una zona donde el acceso de esos equipos solo es posible por vía aérea.

También se observa una gran extensión de selva deforestada y las aguas del río aledaño de un tono chocolate.

Decenas de efectivos del ejército y la policía intervinieron en la zona el domingo pasado, y neutralizaron la maquinaria pesada. Además tomaron posesión de los terrenos devastados por la actividad minera en plena selva de la Amazonía.

Se espera que para el 2024 Ecuador reciba inversiones por unos US$ 6.000 millones procedentes del sector minero legal y la generación de 300.000 empleos directos e indirectos.