En los próximos 100 días, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables deberá difundir las condiciones en que la minería legal y responsable debe desarrollarse en el país.

Esa es una de las disposiciones del Decreto Ejecutivo 151, que el presidente Guillermo Lasso firmó y emitió el 5 de agosto, después de mantener una reunión con autoridades y representantes de empresas mineras en Carondelet.

Mediante el decreto se establece el plan de acción para el sector minero, cuyas políticas observarán criterios de eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad ambiental y social, garantizando la seguridad jurídica para las inversiones. El documento tiene 16 artículos, cinco disposiciones transitorias y una disposición final.

Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, expresó que el decreto se basa en varios pilares, entre ellos se destaca la atracción de inversión privada, brindando seguridad jurídica y garantías.

Además, dijo Bermeo, se hace una adecuación del marco jurídico para que la administración y manejo de los títulos mineros sea eficiente y ágil. El decreto también se enfoca en la simplificación de trámites y se da “una atención específica” a la minería ilegal.

Dentro del plazo de 100 días determinado para el Ministerio de Energía, además de la difusión de las condiciones de la actividad minera legal, se establecen otras nueve acciones que deben cumplirse:

+ Impulsar y promover la generación de normativa sobre los procesos de consulta previa.

+ Diseñar una estrategia integral para la prevención, combate y aplicación de sanciones a la explotación ilícita de minerales.

+ Coordinar con el Ministerio del Ambiente para adoptar medidas para que los actos administrativos previos y demás permisos ambientales y de agua sean atendidos de manera oportuna.

+ Instruir a la Enami en la toma de acciones para desarrollar y facilitar los acuerdos asociativos, con el fin de permitir la participación de inversionistas privados en los proyectos que tiene a su cargo.

+ Promover y difundir las estadísticas y proyecciones del sector minero.

+ Promover negociaciones transparentes y equitativas entre el Estado y los titulares mineros.

+ Fortalecer la institucionalidad de la entidad a cargo de la regulación, control y administración de los derechos mineros.

+ Generar política pública, normativa, regulación y control para fortalecer los procesos administrativos y evitar la discrecionalidad o arbitrariedad de los funcionarios en la interpretación de los contratos.

+ Generar condiciones óptimas, técnicas y jurídicas, para evitar conflictos y controversias.

El plan de acción contempla que el Estado se compromete a erradicar la explotación minera ilegal, a través de la intervención en el territorio nacional, especialmente en las zonas de difícil acceso.

El Ministerio de Energía y la Agencia de Regulación y Control de Energía, en un plazo de 90 días, implementarán un plan de acción que permita desarrollar una herramienta tecnológica para la administración de derechos mineros, que promueva la generación de nuevas inversiones. Una vez que se cumpla esta fase, se dispondrá la reapertura del catastro minero.

Se fija un lapso de cuatro meses para que la cartera de Estado elabore y aplique un plan de formalización de los mineros artesanales.

Otro plazo para el Ministerio es que en un mes deberá remitir a la Presidencia de la República el proyecto de conformación del Consejo Consultivo Minero Público-Privado, que tendrá el objetivo de promover la participación de la sociedad en la construcción de la gobernanza pública minera.

María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, dijo que el sector “ve con buenos ojos” el decreto, porque visibiliza a una industria que se hace de manera formal.

Aumentar la producción de crudo requiere una inversión de $ 16.000 millones

A continuación del encuentro con los representantes de la industria minera, el presidente Guillermo Lasso dialogó con empresarios del sector hidrocarburífero sobre sus planes para aumentar el bombeo de crudo.

En ese sentido, Lasso señaló que en los “próximos cuatro años se trabajará para que la producción petrolera se incremente de 500.000 a 1′000.000 de barriles. Para ello, se necesita una inversión de $ 16.000 millones, sin considerar lo que se puede invertir en exploración. Tratamos de ir ubicando cuáles son los problemas u obstáculos, y uno de ellos era el tema de licencias ambientales”, dijo el presidente.