DANIEL BOSQUE

En los últimos días, a partir de las expresiones de dos mineras dueñas de importantes proyectos de cobre en la Argentina, Josemaría y Taca Taca, acerca de la necesidad de garantías tributarias y monetarias que se prolonguen en el largo tiempo, han recibido dispar recibimiento en sus provincias, San Juan y Salta, respectivamente.

La pregunta del millón, y de varios, es ¿Hacen falta realmente más "actas compromiso para la protección de la inversión" (un nombre posible de amplio espectro) o debería ser la Ley 24.196 de Inversiones Mineras suficiente reaseguro de la estabilidad fiscal y regulatoria?.

En efecto, esta semana Mining Press y otros medios se han ocupado de los dichos de Alfredo Vitaller, el líder del proyecto del Grupo Lundin, y de Carlos Ramos, responsable del gran emprendimiento de First Quantum. Al primero le han salido al cruce el gobierno de San Juan e inesperadamente, la cámara minera de esa provincia. Mientras que el salteño cuenta prima facie con el apoyo del gobierno de Gustavo Sáenz que entiende que peticionar no es ni delito ni falta de cortesías.

Mientras, la minería corporativa, desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) para abajo se debate entre decir y no decir algo ante los micrófonos y otrras cajas de resonancia. Comprensible: a contrario sensu de Chile o Perú, potencias mineras vecinas a las que se pretende imitar, desde hace tiempo en la Argentina sostener pulsos públicos con las autoridades tiene sus bemoles. Primero por el palo y la zanahoria, el maridaje que adoptó el Estado en los tiempos de Julio De Vido y Guillermo Moreno, que incluía simpáticos llamados amenazantes del secretario de Minería a las casas matrices advirtiendo que mejor era el mutis por el foro para hacer algo. Y luego la conciencia sectorial de que mejor es no hacer olas.

Por ejemplo, sería imposible ingresar al Parlamento una iniciativa para aggiornar la Ley de Inversiones Mineras ya mencionada sin correr el riesgo de ir por más lana y salir trasquilado. Por eso mismo es que la Ley de Glaciares, una espada de Damocles por donde se la mire, siempre ha quedado en los umbrales de revisiones porque es mejor convivir con lo inexacto o lo antiguo que ir a pelear mejoras al templo de las leyes.

Dicho esto aún hoy cuando, nunca como ahora, el gobierno nacional muestra devoción y adhesión por la inversión minera, lo cual sin embargo no es suficiente para rajar corsetes para empujar más a la inversión dudosa. Lo que va de ayer a hoy: estabilidades fiscales, divisas libres de liquidación, remesas de utilidades, devolución de IVAs y otras delicias fueron diseñadas en los '90 del menemismo, cuando "Argentina era un fiesta" del 1 a 1. Antes de que el sueño se estrellara y comenzara un largo tobogán en el que sin embargo la minería metalífera logró desplegarse. Hoy se sabe que podría haber volado mucho más alto, pero el mix de torniquetes argentinos más otros precios mundiales detuvieron el pan antes del horno.

De nuevo ¿Es suficiente con pedir que se respete la sacrosanta Ley 24.196 o hacen falta más instrumentos? Un abogado de un estudio top, que pide anonimato, deja su sentencia a Mining Press. "La Ley de Inversiones Mineras tiene un paraguas suficiente como para proteger a los proyectos de inversión y no haría falta firmar actas acuerdo por proyectos particulares. El problema es que la han violado tantas veces que las empresas buscan, con razonabilidad, asegurar la viabilidad de su inversión. Esta es la situación y cuando un cliente nos pregunta, para ese lado va nuestro consejo. La estabilidad cambiaria y tributaria no se la han respetado a nadie".

Un primer caso sonado fue el del impuesto a la igualación, que se le quiso cobrar a los accionistas de una empresa estabilizada (fallo de la CSN en Cerro Vanguardia, donde se resolvió acorde con las expectativas mineras, hacia 2009). Luego vinieron los derechos de exportación a empresas estabilizadas, lo que terminó en el fallo testigo de  Minera del Altiplano (donde la Corte Suprema dijo que primero había que reclamar a la AFIP). El ejercicio de la minería en la Argentina puede ser un negocio más o menos próspero, pero tiene asumida su carga de un rosario de planteos judiciales.

"A las empresas  estabilizadas les pusieron derechos de exportación y la Corte Suprema, en su momento, no dio respuesta satisfactoria, fallando con respecto a los reclamos impositivos que debía esperarse al cierre del ejercicio, demostrar la violación tributaria, después ir a la AFIP para que reconozca, y una vez culminado el circuito, si la AFIP no hacía el reembolso de lo pagado demás, quedaba abierta la vía judicial. No hay empresario minero que no piense que eso es una locura, porque la salvaguarda es la Ley de Inversiones Mineras", dice nuestra fuente jurídica.

Así las cosas es Kafka vs. Kulfas. En la impecable declaración del gerente de Taca Taca a este diario se ilustra lo que todos saben. El hasta hace poco secretario de Minería, Alberto Hensel, promovía la tesis de una ecuación tributaria "proyecto por proyecto", interesante moción que tendría su sustento en que regalías, fideicomisos, impuestos nacionales varios, deberían decidirse bajo el prisma de la riqueza y contextos de cada yacimiento. La idea era avalada en su momento por CAEM, aunque hay quienes objetan que en un escenario así, todos querrán disfrutar del mejor marco otorgado.

El año pasado el gobierno dio un paso con Decreto 234/21, pero no parece haber sido suficiente para las incertidumbres mineras. En ocasión de la asunción de la nueva conducción de CAEM hubo voces críticas hacia el actual cuadro de cosas, pero después ha desaparecido de los radares un planteo colectivo y sectorial. No es el único segmento del país en el que pasa, como se ve en negociaciones de empresas del oil&gas con provincias y Nación. "El buey solo bien se lame", es sentencia siempre vigente.

"Dada la situación fáctica de los últimos 15 años de constantes violaciones ahora todos piden sus acuerdos, por ahí te firman y el gobierno que siga dirá que la firma no es suya. Lo ideal sería que se respete la Ley de Inversiones Mineras pero como dice el tango, el que no llora no mama", dice el abogado consultado, mientras recuerda su pedido de anonimato.