El documento aún tiene que ser ratificado en un referéndum
Una propuesta para suspender las concesiones mineras que infringen los territorios indígenas en Chile fue aprobada en primera instancia por una comisión ambiental como parte de la redacción de una nueva Constitución.
Los miembros de la comisión votaron 13 a favor y cuatro en contra sobre un plan para dejar sin efecto las concesiones de exploración y producción de minerales, así como proyectos forestales y energéticos, otorgados sin el consentimiento previo de comunidades indígenas.
La propuesta, que aún requiere una votación final de la comisión, además de la votación de los 155 miembros de la Convención, permitiría restaurar las concesiones dentro de los dos años posteriores a un período de consulta y con el consentimiento de la comunidad.
Las deliberaciones sobre una Carta que reemplaza los datos de la dictadura de Augusto Pinochet han comenzado. Otras propuestas incluyen establecer límites de tiempo para las concesiones , mientras que la industria del cobre presione para mantener el modelo de concesión indefinida bajo el argumento de que es fundamental para la planificación a largo plazo que sustenta las inversiones.
Hay mucho en juego. El documento, que tiene que ser ratificado en un referéndum, ayudará a determinar qué parte de las mayores reservas de cobre y litio del mundo se aprovechará en los próximos años para satisfacer la creciente demanda mundial en la transición de los combustibles fósiles.
REACCIONES
Tras la aprobación de la norma en la comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional que declara la nulidad de las concesiones mineras, eléctricas y forestales que se emplacen en territorios indígenas representantes de gremios, cámaras y empresas mostraron su rechazo.
La primera entidad empresarial en reacción fue la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) cuyo presidente Diego Hernández criticó la norma, señalando a DF que va en contra de la certeza jurídica para el sector.
"Junto con reconocer que lo que se ha pasado requiere aún de indicaciones y análisis en particular y de ser vista por la Convención en pleno, creemos que lo aprobado por la comisión respectiva es una mala señal y no contribuir en nada a generar el clima de certeza jurídica que necesita la industria minera . Es la certeza la que ha permitido que la minería sea lo exitoso que ha sido hasta ahora en términos económicos y sociales", aseguró el extimonel de Codelco.
A su vez, Hernández evite que de aprobarse la norma se provocaría un aumento en la judicialización de los proyectos. "No existe catastro de características son las concesiones que se verían afectados ni cómo sería impactado el país con esta decisión abriendo la puerta a interminables juicios que en nada van a beneficiar al país ya su desarrollo" , lanzó el timonel gremial.
Agregó que dicha medida puede implicar que las comunidades abran procesos de negociación con las mineras afectadas, "para obtener algún beneficio económico. Ello es contrario a la legítima pretensión de las empresas de poder realizar sus actividades en un marco de seguridad jurídica y de los pueblos ancestrales de recuperar sus tierras en beneficio de sus comunidades", cerró el ejecutivo.
"Es urgente que como sociedad avancemos en la tarea pendiente que tenemos con los pueblos originarios”, reconoce Richard von Appen, presidente de Sofofa en La Tercera. Sin embargo, destaca que “ello no implica tomar decisiones equivocadas como se ha hecho en el pasado y que finalmente atentan contra el anhelado desarrollo para los pueblos indígenas y contra toda la actividad económica”.
En tanto, Juan Sutil, presidente de la CPC, plantea que es una norma que “sale de toda realidad y racionalidad”. Según dice, “los recursos naturales son del Estado de Chile, que los concesiona de acuerdo al merco jurídico e institucional, lo que no se puede pasar a llevar tan fácilmente”.
Por su parte, el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, aseguró que la temática en torno a los pueblos originarios "sin duda" es de "suma importancia" en el proceso constitucional.
"Por ello, estamos atentos a la discusión e interesados en colaborar con la Convención y hemos hecho llegar nuestras propuestas a las comisiones respectivas", continuaron.
"Por ello, la iniciativa que fue votada hoy, siendo muy relevante, esperamos que pueda ser mejorada de manera sustantiva en la discusión futura con participación de todos los actores antes de su ingreso al plenario", dijo el directivo.
En esta línea, planteó que es "básico y relevante" para otorgar certeza jurídica que se identifique "de manera clara y precisa" quiénes son los beneficiarios partícipes del proceso, que se "exijan" los antecedentes necesarios.
"Porque si partimos de un vacío o una incerteza, toda esta conversación puede llegar a ser insalvable" , manifestó, mostrando su disposición a un diálogo con las contrapartes de los pueblos originarios
LOS GRISES DE LA CONVENCIÓN
Segun inormó La Tercera, Juan José Martín, uno de los dos coordinadores de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención, tampoco se muestra convencido por el contenido de esta norma transitoria.
“Comparto el fondo de revisar las distintas entregas de autorizaciones y concesiones sobre bienes naturales, que no solamente han claramente vulnerado los intereses de los pueblos originarios sino que los intereses en general de toda la población del paísn en la mayoría de los casos a favor de ciertos grupos económicos. Sin embargo, creo que la forma de hacerlo no es a través de una nulidad inmediata de todos estos permisos y concesiones”, indica el convencional que se abstuvo en la votación.
En una línea similar, María Trinidad Castillo, del Colectivo Socialista, señala que cree “absolutamente en el derecho de los pueblos indígenas a acceder a la restitución de sus tierras, nos parece que el Estado debe saldar la deuda que tiene con ellos en la medida de lo posible, pero había dos aspectos problemáticos del segundo artículo que nos hacía imposible votarlo a favor”.
La constituyente detalla que “el primero de ellos es que establece propiedad sobre al agua y otros vienes comunes, lo que contraviene todas las normas que estamos discutiendo y presentando incluso en materia de bienes comunes. Nosotros establecemos, por ejemplo, que la propiedad del agua va a ser solo del Estado, lo que si bien admite que las comunidades indígenas puedan tener regímenes de administración particulares pero en ningún caso propiedad”.
En segundo lugar, destaca el tema de las concesiones. “La disposición que se aprobó hoy declara la nulidad instantánea de todas las concesiones que existan sobre territorios indígenas y no establece bien la delimitación de estos. No se entiende si es lo que el articulado permanente declara como territorio indígena o lo que la ley actual declara como territorio indígena (...) Entonces estás declarando nulidad absoluta sobre concesiones que ni siquiera sabes cuáles son y así la posibilidad de que eso se judicialice y de ganarte demandas en cortes internacionales es muy alta”.
Desde una evaluación jurídica, Gonzalo Escalona, senior manager de sustentabilidad y cambio climático de Deloitte Chile, ofrece un punto de vista diferente al que plantean tanto los gremios como los convencionales consultados, indicando que la nulidad en cuestión “se ampara en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, en vigor en Chile desde septiembre de 2009 y que especifica que ‘los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos, conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres’”.
Respecto de las implicaciones y el impacto de la votación a favor y sus alcances, Escalona destaca que “históricamente se puede utilizar como ejemplo el proceso de Reforma Agraria llevado en Chile en el siglo XX, ya que votar a favor de la nulidad significaría una de las transformaciones más radicales en el mundo indígena, comunidades que habitan el territorio nacional y una oportunidad única para combatir el cambio climático considerando los aportes ancestrales de los pueblos indígenas”.
Ahora, dicha propuesta deberá ser analizada en particular en la comisión para luego, en caso de ser aprobada, ser votada en el Pleno de la Convención.
