El Congreso de la Nación podría tratar en breve –en las sesiones extraordinarios de enero y febrero– un proyecto de ley que impulsa el Gobierno y que podría prohibir la fabricación de autos convencionales dentro de sólo 20 años.

Se trata de la Ley de Movilidad Sustentable, una norma que aún no tiene estado parlamentario, pero que impulsaron el ministro Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo, y que apoya el presidente Alberto Fernández. El proyecto propone que desde 2041 no se podrán comercializar en Argentina vehículos nuevos con motor de combustión interna y promete incentivos y beneficios tanto para fabricantes como para compradores de vehículos de todo tipo que se hagan bajo la idea de movilidad sustentable y que usen energías limpias.

La inminencia del tratamiento generó preocupación en varios sectores que podrían verse impactados con su aprobación. Por ejemplo, las petroleras, productores de biocombustibles y las terminales automotrices, que si bien apoyaron en parte la iniciativa ahora reclaman un tratamiento más de fondo sobre el tema y advierte que la idea sólo quede en la prohibición de un tipo de vehículos.

En el sector creen que podría frenar inversiones de un sector muy activo y de peso dentro de las exportaciones locales. Según trascendió, la iniciativa es parte de un “paquete” que el Ejecutivo impulsa para el verano y que incluye las leyes de Industria Automotriz, de Inversiones Hidrocarburíferas, fomento al desarrollo agroindustrial, de la ley de cannabis y el Compre Argentino.

“El gobierno impulsa un proyecto de ley que desincentiva desde ahora el desarrollo productivo de la industria petrolera argentina para prohibir a partir de 2041 la comercialización de todo vehículo 0km que utilice nafta o gasoil. Paradójicamente, el Ejecutivo quiere que ese proyecto se trate en las inminentes sesiones extraordinarias del Congreso junto a otro de promoción a la industria de hidrocarburos para generar un nuevo marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo. Parece que hay petróleo malo y petróleo bueno”, describió Emmanuel Amorín, docente del Seminario Energía, Civilización y Poder de la UBA.

El especialista cree que se trata de “un proyecto para un país rico, no para una Argentina con más del 40% de su población por debajo de la línea de pobreza” y que prohibir la venta de vehículos a combustión interna dentro de 20 años choca con la idea de impulsar Vaca Muerta con el objetivo de generar divisas para un país que las necesita imperiosamente.

“¿Quién puede oponerse a una idea que pretenda desarrollar la movilidad sustentable de la población? Pero se trata de un proyecto regresivo, donde el Estado deberá destinar cuantiosos subsidios para quienes tengan la posibilidad de comprarse un auto o camioneta, que no son precisamente todos los habitantes de nuestro país. El proyecto no calcula ningún costo fiscal, pero advierte que lo tendrá”, describió Amorín.

“El proyecto de ley es muy claro en cuanto a la promoción del uso de vehículos propulsados por motores eléctricos, pero no tiene en cuenta la cuestión tarifaria de la energía eléctrica ni analiza la infraestructura necesaria”, agregó.

El docente de la UBA calculó que Argentina tiene un parque automotor de unos 12 millones de vehículos: con una conducción media anual de 20.000 km por unidad, se totalizan 240.000 millones de kilómetros conducidos por año. Por otro lado, cada vehículo eléctrico consume unos 20 kwh cada 100 km, lo que arroja un estimado de consumo anual de 48.000 millones de kwh. 

“Es un 35% del consumo actual de energía eléctrica de nuestro país. ¿Alguien tiene alguna duda de que esto va a tensar -si no colapsar- el sistema eléctrico argentino? Las redes de distribución eléctrica del área metropolitana de Buenos Aires están al límite en cada verano”, explicó.

Según un ejecutivo de una automotriz que habló con el portal especializado Econojournal, hay riesgo de que el proyecto se convierta “en un cascarón vacío y que sólo quede el prohibicionismo de los autos a combustión”.

“Para avanzar con una iniciativa así, habría que trabajar en conjunto con automotrices, empresas de energía, de infraestructura, distintas carteras de gobierno. No alcanza sólo con escribir una meta recontra ambiciosa (prohibir la venta de autos a combustión en 20 años) para transformar la realidad”, dijo el empresario en off the record.

Finalmente, Amorín destacó que Argentina no debe seguir la agenda energética de los países desarrollados, sino que debe construir su propio camino de transición energética a partir de sus recursos y sus necesidades económicas y sociales.

“En un país con índices de pobreza tan altos como el nuestro es casi una provocación gastar recursos fiscales para cumplir con la agenda de los países ricos. Prohibir la venta de vehículos que utilizan nafta y gasoil tiene aparejado otro inconveniente muy grande para las cuentas del Estado: casi el 50% de su precio son impuestos, por lo cual, además del costo fiscal de subsidiar a los vehículos eléctricos, habrá que calcular el costo fiscal de los recursos no percibidos”, cerró el experto.