El proyecto prevé estimular la inversión privada para desarrollar la fase primaria de litio, la industrialización y la fabricación de baterías de litio y de vehículos eléctricos
El proyecto de ley de movilidad sustentable que el gobierno nacional prevé remitir al Congreso en el corto plazo permitiría asegurar inversiones por al menos US$ 900 millones, en los próximos cinco años y en distintos sectores industriales, de acuerdo a estimaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo.
El 1 de marzo el presidente Alberto Fernández anticipó el envío al parlamento del proyecto que prevé un conjunto de incentivos y beneficios para estimular la inversión privada para desarrollar la fase primaria de litio, la industrialización y la fabricación de baterías de litio y de vehículos eléctricos.
Este futuro régimen de electromovilidad ofrecerá incentivos fiscales y tributarios para promover la inversión, como también para la adquisición de vehículos eléctricos con el requisito central que tengan componentes de fabricación en el país para potenciar la cadena de valor en el país y la región.
Fuentes oficiales indicaron que el proyecto de ley «será elevado al congreso en el corto plazo» y aseguraron que «todos los actores relevantes del sector minero están atentos a este avance y el resultado del debate», ya que hay en juego «proyectos de inversión del orden de US$ 900 millones para los próximos 5 a 7 años».
Con la ley de promoción del uso de la movilidad sustentable en plena vigencia, «se espera una importante ola de inversiones nacionales y extranjeras en el sector de terminales automotrices», tanto en las existentes como en nuevas ya que todas a nivel global tienen proyectos en marcha de modelos con motorizaciones eléctricas.
Pero también se esperan inversiones por parte de las empresas que se pueden denominar electroautopartistas y fabricantes de equipamiento auxiliar, como son los cargadores, en micromovilidad, que representa un sector novedoso y muy interesante para inversiones medianas y pequeñas.
También habrá lugar, según se asegura en despachos oficiales, para los retrofits (modernización de equipos y maquinarias) y conversiones a nuevas tecnologías, y también otras iniciativas vinculadas a las celdas de combustible o GLP.
Perspectiva de industrialización
Toda esta perspectiva de industrialización está basada en la capacidad de la Argentina de recursos naturales, de la experiencia de una industria química relevante en América Latina, la trayectoria automotriz con una cadena autopartista avanzada, y una red de ciencia y tecnología con capacidad de hacer aportes importantes.
También se destacó que desde que el gobierno nacional hizo público su visión estratégica de desarrollar la industrialización de sus recursos naturales como el litio, varios inversores manifestaron su interés de visualizar al mercado sudamericano como fuente de esta transición tecnológica a la electromovilidad.
En el país se extrae litio desde 1997, y desde entonces hubo preocupación para que esa actividad no quede en el ámbito de actividad minera primaria, es decir solamente extractiva, si bien hay un proceso industrial al pie de mina que lleva a convertir la salmuera del salar en algún compuesto de grado industrial.
El sector destaca que del salar al vehículo el camino industrial y tecnológico del litio es muy complejo y requiere conocimientos, técnicas, capital y recursos técnicos y humanos, muchos de los cuales Argentina tiene, pero no en la cantidad suficiente.
Por eso, en el gobierno se destaca que el objetivo es «crear en Sudamérica el primer enclave productivo integral, que sirva como plataforma para el país y para exportar a los países vecinos, que ya están avanzando en integrar vehículos con baterías de litio a su parque».
«La apuesta es que Argentina sea el primer fabricante continental de este complejo, lo que constituirá una oportunidad única», auguraron, en referencia a una cadena de industrialización que incluye, pero va más allá del anhelo de fabricar las baterías de litio en el país.
Es que la Argentina, posee los segundos recursos de litio identificados más grandes del mundo (solo detrás de Bolivia) y la tercera cantidad más grande de reservas de litio comercialmente viables detrás de Chile y Australia.
Para alentar esa posibilidad, el Ministerio de Desarrollo Productivo firmó recientemente el Memorándum de Entendimiento con la provincia de Jujuy y la empresa china Ganfeng Lithium para explorar oportunidades de inversión en la minería de litio y para instalar una fábrica de baterías de litio para movilidad sustentable en el norte del país.
Entre los muchos proyectos que se encuentran en distintas etapas de desarrollo, los dos que están en producción son los de Salar de Olaroz, en Jujuy, y Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, que se encuentran en proceso de ampliación
Ambas, en 2020 exportaron 31.500 toneladas LCE (37.500 t/a de capacidad), por un total de US$ 134 millones, una cifra que por el efecto de la pandemia sobre la demanda global y los precios fue inferior a los US$184 millones de 2019.
El impulso del sector en las distintas provincias se realiza de manera coordinada a partir de la constitución de la Mesa Nacional del Litio a la que se sientan el Ministerio de Desarrollo Productivo, con las provincias de Jujuy, Catamarca y Salta.
Allí se impulsa un trabajo conjunto para que las provincias unifiquen la normativa para la explotación del mineral y la industrialización, con una mirada sustentable, ambiental y federal, así como también se alienta el desarrollo de la cadena de valor, en línea con el Programa de Desarrollo de Proveedores de la Secretaría de Industria.