ANI LU TORRES

A octubre de este año, la Defensoría de Pueblo en Perú tiene identificados 198 conflictos sociales latentes, de ellos, 129 son de tipo socioambiental: 84 vinculados a la minería y 25 a hidrocarburos. La entidad, además, ha detectado que hay diez conflictos escalando y tres en situación de crisis y violencia.

A ello se ha sumado una exhortación de la Defensoría para que el actual gobierno ponga atención a algunos conflictos con riesgo a escalar: Las Bambas (Apurímac), el conflicto minero en Ayacucho y en Espinar (Cusco) con la minera Hudbay.

Pero no serían los únicos, hay cuatro nuevos conflictos socioambientales que han ingresado al reporte: es el caso de la comunidad campesina de Huancavelica San Pedro de Ocobamba que demanda que la empresa minera Sierra Antapite cumpla sus compromisos sociales.

También el de la comunidad de Quichas, en Lima, que solicita a la minera Raura nuevos acuerdos; las comunidades nativas del río Cucaray que se sumaron al paro amazónico en Loreto; y el de la comunidad campesina Salinas-Moche que exige la paralización de la minera Inkabor de las tierras de propiedad comunal.

Para el exministro de Energía y Minas, Luis Miguel Inchaustegui, la prevención y el paso al diálogo serán siempre las mejores herramientas para evitar los conflictos sociales o sus posibles escaladas. No obstante, por desconocimiento o desinterés de los gobiernos de turno o a propósito, nunca se usaron estos mecanismos oportunamente.

¿Intereses detrás?

En opinión de José Luis Gil, ex director de Inteligencia del Ministerio del Interior (Mininter), más del 50% de los conflictos sociales en el país, que se expresan con bloqueos de vías de comunicación, tomas de instalaciones y daños a la propiedad privada, tienen operadores políticos e ideológicos que incluirían a integrantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), así como también a ONG “interesadas en deshacerse de la minería en el Perú”.

“Ha quedado demostrado que muchos conflictos tienen motivaciones ideológicas o políticas y esto porque de forma permanente existió ausencia de la verdad respecto a la actividad minera; entonces, organizaciones como Grufides, en el que ha participado la premier Mirtha Vásquez, han promovido entre las comunidades un discurso de cierre de minas desde hace muchos años y ahora están en el poder”, declaró.

Para Gil el actual gobierno no tendría interés en resolver el conflicto pues así se cerraría filas a la minería. Haber llegado a esta situación también sería responsabilidad de las propias empresas mineras que, en su momento, por su conducta y falta de relacionamiento inicial con las comunidades permitieron -dijo- que se extendiera un mensaje antiminero.

Cabe advertir que es en el Sur del país (Cusco, Ayacucho, Puno, Madre de Dios) donde se concentra el mayor número de conflictos sociales, con 42 casos. Le sigue la región de Loreto, con 29 casos relacionados al problema ambiental de la actividad petrolera.

¿Terceros en el conflicto?

El exministro Inchaustegui, que en el 2020 participó en los diálogos en el marco del conflicto social en Loreto, sostuvo que en algunos conflictos siempre figuran organizaciones que buscan generar el problema para luego “cosechar algún beneficio y proponer la solución”. No obstante, opina que dichos actores no serían determinantes a la larga “porque la gente no se deja engañar”.

“En algunos conflictos sí puede haber participación de terceros ajenos a la protesta social. Pero no soy de la idea de que existen organizaciones o líderes que están conectados en todo el país para afectar la minería, y en el hipotético caso, no tendrían éxito porque hay empresas mineras que sí han logrado trabajar preventivamente y logran respaldo de la población”, opinó.

Por ello, indicó que es clave que los gobiernos identifiquen bien y previamente a los interlocutores de las comunidades.

En esa línea también opinó Roger Merino, investigador y profesor de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, quien dijo que lo que debe hacer el Estado es implementar lo que dice la Ley de Consulta Previa: un registro de movimientos o federaciones sociales y quiénes son sus representantes. “Eso debería ser fundamental y no está en la agenda”, añade.

“En teoría, este gobierno sería el más preparado porque quienes forman parte del gobierno y quienes han llegado ahí son los propios actores sociales del conflicto. Pero no lo están haciendo por varias razones, una de ellas es que el gobierno necesita de todas formas promover la inversión minera y la necesita urgentemente, porque hablamos de un contexto de reactivación, pero hay grupos que esperan mucho de ellos y por eso ahora se ven mensajes contradictorios”, anotó Merino.

Al respecto, Inchaustegui anotó que el actual gobierno debería seguir implementando los comités de gestión de conflictos regionales que, en el 2020, permitieron, por ejemplo, prevenir conflictos sociales en Moquegua y Tacna por una diferencia en el canon minero.