El presidente y CEO de PetroTal, Manuel Zúñiga-Pflücker, expresó su preocupación por el posible cierre del yacimiento en el Lote 95 que operan en Loreto, situación que significaría la pérdida de empleo de las personas que trabajan en ese lugar, así como de alrededor de 500 millones de soles de inversión que se tiene estimado como inversión para el otro año.

"PetroTal ha venido invirtiendo fuertemente en el lote 95. Este año estamos llegando a los 400 millones de soles de inversión, estamos proponiendo a nuestro directorio aumentar esto encima de los 500 millones para el próximo año y ahora con esta situación social posiblemente no lo van a aprobar y hay que solucionarlo de inmediato", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el empresario comentó que han promovido tres iniciativas, una de esta es el cambio de la distribución del canon minero en Loreto, el cual no se ha cambiado desde hace más de 20 años, además de la promoción de un fondo social del 2,5 % del valor de la producción, con todas las garantías y transparencia para el manejo de este monto.

"El Lote 95 recién viene produciendo hace tres años, es un lote nuevo, maneja impecablemente todas las operaciones, pero tienes lotes, como el 8 y el 192, que han producido más de mil millones de barriles (pero) las comunidades son una desgracia. Es porque nunca se le ha dado los recursos y nunca se ha empoderado a las comunidades para que ellos controlen su destino, entonces siempre tienen que estar mendigándole al Estado para que hagan algo", apuntó.

PetroTal pide reunión a presidente Pedro Castillo

La empresa PetroTal solicitó una reunión al presidente de la República, Pedro Castillo, para plantear medidas de urgencia ante una serie de manifestaciones, las cuales consideraron que afectan las labores de explotación de petróleo en el Lote 95 y que generarían una inminente paralización de sus operaciones.

Mediante un comunicado, la empresa pidió la intervención del Ejecutivo en las manifestaciones contra su producción en el Lote 95, el cual podría verse afectado si incrementan las amenazas de los manifestantes.

Señalaron que afrontan manifestaciones en el Lote 95 desde hace semanas, las cuales atribuyen a la insatisfacción de las comunidades, que exigen beneficiarse con la explotación del crudo.

"(Consideramos) fundamental la intervención del mandatario debido a la inminencia de la paralización de las operaciones por las amenazas que se ciernen por turbas armadas que reclaman beneficios a favor de la población", indicaron.

En esa línea, comentaron que han tenido que comunicar al mercado de valores el inicio de un proceso de paralización total, si es que las protestas no se detienen.

"En los últimos días la empresa se ha visto en la necesidad de comunicar al mercado de valores el inicio del proceso de una parada total de la producción, en caso de que la mencionada protesta no se levante a la brevedad", indicaron.

INACCIÓN DEL GOBIERNO FRENA INDUSTRIA

ANI LU TORRES/GESTIÓN

Las instalaciones de los lotes petroleros 95 y 67 en Loreto, principales productores de crudo con 30,000 barriles al día en conjunto, llevan tomadas entre 45 y 50 días. 

Además, los lotes 8 y 192 (este último sin operar) están atravesando la misma situación; así como las estaciones de bombeo N° 5 -con lo cual la operación del Oleoducto Norperuano (ONP) quedó paralizada- y la N° 1; por hasta siete federaciones de comunidades indígenas que reclaman la atención de su agenda de hidrocarburos por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

De acuerdo al presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, sólo con el conflicto en torno a los lotes 95 -operado por PetroTal- y 67 -operado por Perenco- se estarían dejando de vender cerca de US$ 20 millones al día en crudo, así como afectando cientos de puestos de trabajo.

“Sin contar que en los últimos años se han perdido 30,000 empleos en la Amazonía por el cierre de operaciones petroleras”, comentó Cantuarias.

A mediados de noviembre, la Sociedad Peruana de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también estimó que Petroperú había dejado de percibir US$ 4 millones. Además, la empresa estatal anunció la evacuación de su personal de la Estación N° 1 ante la posibilidad de que el conflicto escale, como lo advirtió en su momento la Defensoría del Pueblo.

Lo más preocupante -según el análisis de Pedro Chira, vicepresidente de la Asociación Peruana de Profesionales de Hidrocarburos y Energía (APHE), es que la falta de atención oportuna a los conflictos sociales en los últimos diez años, por parte del Estado, ahora ponga en riesgo la seguridad energética en Perú, pues tras casi dos meses del denominado ‘paro amazónico’, se estaría acabando la capacidad de almacenamiento de las empresas petroleras, por lo que tendrían que parar operaciones en momentos en que el alza del precio internacional del crudo afecta el precio de combustibles en el país.

Justamente, PetroTal informó el último 25 de noviembre que evaluaba la paralización de sus operaciones en el Lote 95 si el paro no se levantaba en los próximos días.

“Los conflictos sociales de los últimos años son responsables en un 60% de que no se de la continuidad de inversiones en hidrocarburos que necesitamos en la selva, y la falta de decisión política para resolverlos y mantener un clima de paz. El resto está relacionado a los pasivos ambientales y la falta de la presencia del Estado para atender la demanda social”, sostuvo Chira.

Impacto en el oleoducto

El Oleoducto Norperuano (ONP) es vital para llevar el crudo pesado de la selva, próximamente, a la nueva Refinería de Talara que comenzaría operaciones en abril. De no garantizarse su seguridad y mantenimiento, el proyecto valorizado en más de US$ 6,000 millones no podrá operar.

Según Chira, el costo de mantenimiento del ONP bordeaba, en el 2019, los US$ 400,000 al año. Este presupuesto se usaba para medir la geometría interna de los tubos, detecciones de fisuras, ubicación y monitoreo de los puntos críticos -cerca a los ríos, por ejemplo-, entre otros.

Pero con las paralizaciones y posibles ataques, el costo de mantenerlo sería mayor, por lo tanto, el costo del transporte de crudo que hoy se calcula en aproximadamente US$ 8 el barril, también subiría, en tanto, se reduciría el volumen transportado.

Así, si antes de los años ochenta el ONP transportaba cerca de 125,000 barriles al día -pese a que su diseño original era para transportar 200,000 barriles- “las últimas cifras es que bordeaba los 45,000 barriles por día del ramal norte y ramal 1″, dijo Chira.

Por ello, en el 2018 Petroperú comenzó a invertir S/ 180 millones para modernizar el oleoducto con una meta de trasladar 95,000 barriles al día, sin embargo, ante la falta de inversiones en el sector, sería más lejano alcanzar este propósito.

Diálogo dividido

El último viernes, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunciaba el inicio de una nueva etapa en la atención y solución de las demandas y necesidades de las comunidades indígenas del ámbito petrolero de Loreto, a través de Diálogos por el Desarrollo con las Comunidades Indígenas, en el que participaron representantes de Siete Pueblos, Trompeteros, Puinahua y Saramuro, de Loreto.

La SPH saludó este avance del diálogo y de recuperación de confianza con las comunidades. Cantuarias señaló que estimaban que en los próximos días se levantaría el paro, lo que permitiría que Petroperú realice los trabajo de mantenimiento correspondientes.

Sin embargo, las siete federaciones que participan del paro, y que integran la plataforma de pueblos afectados por la actividad petrolera, manifestaron que el diálogo con la PCM aún sigue pendiente y que están a la espera que a inicios de diciembre se concrete la llegada de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, a Loreto.

“El 8 de noviembre estuvieron representantes del Minem en Loreto y se comprometieron a que el 12 de noviembre saldría un decreto de urgencia aprobando proyectos de cierre de brechas inmediatos; hasta el 19 de noviembre debió salir el decreto de urgencia aprobando el fideicomiso indígena que hemos pedido y que, posteriormente tendríamos una reunión para atender la agenda en hidrocarburos, que consiste en renegociar los contratos petroleros y un fondo social en base al 2.5% de los barriles fiscalizados, así como la homologación del canon petrolero con la distribución que se hace en el norte del país, pero nada se ha cumplido”, señaló José Fachín, representante de la plataforma.

Indicó que lo único que buscan es que, a través de un análisis técnico, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el MINEM, expliquen si sus demandas son viables o no, pues respecto al fondo social del 2.5%.