Junto al anuncio de rempadronamiento y nuevos anuncios para asegurar y mejorar la provisión de gas, Argentina acelera la segmentación de tarifas que ajustaría la aplicación de subsidios.

En las últimas semanas, el Gobierno comenzó a acelerar sus planes para implementar las primeras medidas de segmentación de las tarifas de la energía -para los servicios de electricidad y gas- a partir de 2022. Los cambios comenzarían en una primera etapa para los sectores de más altos ingresos, que son los que estiman que pueden pagar el valor real de la tarifa plena.

Según detalló Dario Martínez en el programa radial Ajuste Semanal que conduce Santiago Spaltro y Fernando Castro por AM 1420,  en 2022 habrá segmentación de tarifas: "la energía en la Argentina está subsidiada de manera plana a todas las provincias. Y va a seguir estando subsidiada pero de manera más inteligente y más eficiente".

Y destacó que una de las dificultades para implementar tarifas segmentadas es determinar que el titular del servicio que va a recibir el subsidio coincida con la persona que vive en ese domicilio. Esto incluye los casos de inquilinos, personas fallecidas, los que no realizaron cambio de domicilio entre otros. “Tenemos que armar primero el núcleo familiar de cada titular”. Es por eso que se está realizando una fuerte campaña de rempadronamiento.

"Tenemos que armar primero el núcleo familiar de cada titular”, detalló Darío Martínez, secretario de Energía

Según estimaciones de la consultora Ecolatina, en promedio, los usuarios de energía eléctrica hoy pagan aproximadamente el 35% del valor del costo de la energía, mientras que para el caso del gas el porcentaje es del 65% (más alto en el invierno). “El subsidio hoy es para todos igual y las tarifas vienen muy retrasadas con una inflación del 50% hubo subas del 6% para electricidad y 9% para el gas en el año . En valor real, bajó más del 40% lo que pagamos por la energía, pero hay un contexto de 40% de pobres y caída general del poder adquisitivo”, dijo a Infobae Daniel Dreizzen, economista de la consultora y ex secretario de Planeamiento Energético.

“Para los subsidios hay dos caminos. Que la energía sea ‘barata’ y buscar al que puede pagar más. O que la energía tenga su valor real y subsidiar solo al que lo necesita. En muchos casos, los subsidios se pagan después vía impuestos cuando solo el 60% de la población es la que recibe gas natural y el resto tiene que pagar una garrafa”, agregó Dreizzen.

"Para los subsidios hay dos caminos. Que la energía sea ‘barata’ y buscar al que puede pagar más. O que la energía tenga su valor real y subsidiar solo al que lo necesita", dijo a Infobae el economista Daniel Dreizzen (Europa Press)

ANÁLISIS DE EXPERTOS

Según los datos de Ecolatina, los subsidios generales para la energía rondarán este año los USD 10.000 millones, un 3% del PBI, un nivel cercano a 2016. Esto incluye varios tipos de ayudas o compensaciones. En el caso de la energía eléctrica -que abarca 70% de total- se cuenta la diferencia entre lo que paga la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a los productores (más caro) y el precio que pagan las distribuidoras de acuerdo a los distintos contratos. Y para el gas, abarca la importación (desde Bolivia o a través de barcos regasificadores) durante los meses de invierno, donde el consumo residencial crece entre 5 y 6 veces.

“La segmentación por ingresos es compleja. Hay otras formas como subsidiar a los sectores más humildes que lo necesitan a través de una tarifa social o aumentos en los planes como AUH. La dificultad es con la clase media. La clase alta podría pagar, la clase baja puede recibir un subsidio, pero con la clase media es más difícil. Usar las tarifas para alivianar el bolsillo termina generando distorsiones en el mercado de la energía”, agregó Dreizzen.

La especialista Cecilia Laclau, presidenta de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) contó a Infobae que la intención de segmentar la tarifa de servicios públicos demuestra una lógica: es necesario incrementar las tarifas y que este incremento no salga, al menos totalmente, por subsidios.

Sin embargo, advirtió que la segmentación por ingresos es muy compleja. “Toda segmentación tiene sus imperfecciones, pero esta pareciera ser una de las más permeables a esos errores: nuestra economía tiene un gran porcentaje informal y, además, si se tomara por zona, vivir en un área residencial de clase media no implica ser de clase media, el ejemplo de los jubilados es el más claro. Entonces, siempre es mejor entrecruzar datos ya no para ver a quién aumentamos más o a quién aumentamos menos sino para la implementación de una tarifa social amplia. En este momento hay un enorme porcentaje de la población bajo la línea de la pobreza y, también, muchos jubilados que han perdido mucho poder adquisitivo”, destacó.

“En el marco de un país que está pasando por un proceso inflacionario de gran magnitud, creemos que las tarifas deben aumentarse protegiendo a los que menos tienen, sin lugar a dudas. La tarifa social apunta a eso, quizás es momento de perfeccionar sus mecanismos para diferenciar a la gente que lo necesita, incluyendo aquí a quienes no tienen el servicio de gas natural por red o el de agua corriente y a los jubilados que ganan hasta un determinado monto, y avanzar hacia un esquema de incrementos que no sea abrupto pero que sí contribuya a que las empresas (públicas, privadas, mixtas y cooperativas) puedan recomponer sus ingresos y hacer frente tanto al pago de salarios de sus trabajadores (con los aumentos que también ello requiere) como a las inversiones necesarias para brindar un servicio de calidad”, agregó Laclau.

GASODUCTO NÉSTOR KIRCHNER

 "Queremos terminar el Gasoducto Néstor Kirchner desde Vaca Muerta para el invierno de 2023", dijo el secretario de Energía de la Nación en el programa Ajuste semanal.

"Intentamos dejar de importar gas licuado en 2023, que se podrá sustituir con gas argentino a precios más bajos. Y también vamos a poder exportar gas a Chile y algo al sur de Brasil", señaló el funcionario.

"Uno lamenta que el Gobierno anterior no haya hecho este gasoducto a Vaca Muerta. En el momento que tomó deuda, hubiese estado bueno que fuera para este tipo de obras. Uno se pregunta por qué cuando se endeudó a la Argentina no se utilizó para esto", criticó Martínez en AM 1420. "No es la política de nuestro Gobierno liberar la tarifa del transporte de gas natural", sostuvo.

Y acerca del precio de la nafta, Martínez anticipó: "Ya está iniciado el decreto para postergar la actualización del impuesto a los combustibles. Creemos que hasta que no esté sancionada la nueva Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas lo mejor es dejarlo como está, para que no haya impacto en surtidores".

Tarifas de gas: una reunión secreta y la hoja de ruta del aumento que viene

ANTONIO ROSSI/LETRA P

Como la grieta registrada que separa las posiciones políticas, las impresiones que dejó la reunión entre quienes timonean las empresas gasíferas estuvieron divididas. En algunos casos creyeron ver un promisorio cambio de rumbo hacia un escenario de mayor pragmatismo. En cambio, en otros se fueron con la idea de que se trata de una nueva ronda de promesas para ganar algo de tiempo y calmar transitoriamente las aguas.

 Cuando aún resonaban los ecos de las elecciones legislativas y avanzaba la insólita interpretación de que el oficialismo había salido victorioso, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, se juntó la semana pasada con las distribuidoras y transportadoras de gas para analizar el panorama que se viene en los próximos meses y trazar la hoja de ruta que prevé seguir el Gobierno para definir los futuros aumentos de tarifas.

 La reunión, de carácter reservado, se realizó en un lugar “neutral” del Gran Buenos Aires y alejado de las oficinas del ente y de la sede institucional de las gasíferas. Asistieron Bernal y el gerente general del Enargas, Osvaldo Pitrau, y los principales ejecutivos de Metrogas, Naturgy, Gasnor, Litoral Gas, Gasnea, Gas Cuyana, Gas del Centro, Camuzzi Pampeana, Camuzzi del Sur, TGN y TGS.

 

 

Si bien no pudieron obtener mayores precisiones sobre las dos cuestiones políticas clave que desvelan al sector empresario por estas horas, como son el contenido del acuerdo con el FMI y la postura que adoptará la vicepresidenta Cristina Kirchner, quienes comandan las gasíferas recibieron varias señales concretas de Bernal sobre los pasos que se vienen a partir de 2022. 

El calendario esbozado por el interventor gasífero y segundo vocal del Instituto Patria contempla la puesta en marcha de un plan de blanqueo de titularidad del servicio en enero, la convocatoria a audiencias públicas, en febrero, y la entrada en vigencia de nuevas tarifas, en abril. 

Con el fin de avanzar con la varias veces prometida “segmentación tarifaria” que permitiría reducir el lastre creciente que representa el pago de subsidios, el Enargas se apresta a lanzar un operativo de “actualización masiva” para que usuarios y usuarias residenciales se pongan al día con la titularidad de los servicios. 

El mecanismo va en línea con el dispuesto por la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que comanda la camporista Soledad Manín para quienes son clientes de Edenor y Edesur. Arrancaría en los primeros días de enero y se extendería por un plazo de dos meses. El área técnica del Enargas ya adelantó parte del trabajo e identificó a todas las personas fallecidas que aún figuran como titulares del servicio.

Con respecto a las audiencias públicas para tratar previamente los alcances de los aumentos de tarifas en juego, funcionarios del ente regulador indicaron que, en principio, se estarían convocando para la primera quincena de febrero. Salvo un cambio de último momento, las audiencias para distribuidoras y transportadoras se concentrarían, al igual que las realizadas en marzo de este año, todas en un solo llamado y se desarrollarían de manera virtual. 

En cuanto a los incrementos tarifarios que aprobaría la administración de Alberto Fernández, el interventor del Enargas les marcó a los empresarios tres puntos salientes: corresponderán solamente a los “valores agregados” de distribución y transporte, correrán a partir de abril y, según los porcentajes finales que se aprueben, las subas se podrían aplicar en dos veces en lo que reste del año.

La afirmación de Bernal de que se focalizará únicamente en los aumentos destinados a mejorar los ingresos de distribuidoras y transportadoras promete reflotar la disputa interna planteada a principios de este año por la actualización del valor del gas entre la conducción del Enargas y el tándem conformado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez.

El intento de Guzmán de trasladar a los usuarios y usuarias un aumento del 26% al 35% en el precio del gas para recortar los subsidios chocó con la resistencia del Instituto Patria y de Bernal, quien se negó públicamente a autorizar el ajuste tarifario que estaba destinado a las productoras de gas.

 

 

Con respecto a los futuros aumentos, las gasíferas plantearon que, como mínimo, deberían seguir la inflación y los mayores costos acumulados desde el último ajuste aplicado en junio. Si bien no mencionó porcentajes, Bernal dio a entender que el Gobierno no tiene en mente una actualización tarifaria elevada. 

De todos modos, la confirmación de que las tarifas van a aumentar en abril dejó a las gasíferas más aliviadas y con una preocupación menos sobre la voluntad oficial de cumplir con los convenios firmados. 

Para poder cobrar el incremento final del 7 % promedio que les autorizaron este año, las distribuidoras tuvieron que firmar un “acuerdo transitorio de renegociación” con el titular del ente y el ministro Guzmán, donde se estableció que suspendían las acciones judiciales en curso contra el Gobierno y seguían prestando el servicio “en condiciones de calidad y seguridad” sin distribuir dividendos. A cambio de eso, el Enargas les quitó la obligación de ejecutar nuevas inversiones para extender las redes y se comprometió a recalcular las tarifas transitorias para el cuarto mes de 2022. 

A diferencia de lo que ocurrió este año, las transportadoras —según las promesas de Bernal— van a poder a contar ahora con un aumento tarifario que mejore sus ingresos regulados. Tras haber reclamado en marzo ajustes que oscilaban entre el 58 y 70%, tanto TGN (controlada por Techint y el Grupo Eurnekian), como TGS (manejada por Marcelo Mindlin y el grupo GIP de las familias Sielecki y Safra) se quedaron con las manos vacías. El Enargas les negó una actualización de sus tarifas reguladas con el argumento de que no eran deficitarias, habían distribuido dividendos en los últimos tres años y tenían en sus cajas fondos suficientes para afrontar los pasivos y deudas comerciales sin complicaciones operativas.