El Gobierno instruyó a Edenor y Edesur, las dos distribuidoras del servicio eléctrico de Buenos Aires y el conurbano, para que re-empadronen a más de 1,5 millón de usuarios residenciales. Los hogares que no confirmen la titularidad del servicio podrán sufrir el corte en su suministro, según comunicó el ente regulador del servicio (ENRE).

"Los suministros eléctricos a regularizar son un 37% del total de las personas usuarias residenciales del área de concesión", informó el ENRE.

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Más de 1,5 millón de hogares poseen como titulares del servicio eléctrico a personas fallecidas o que presentan inconsistencias con "los datos registrados, tales como omisiones o errores en los números del DNI", según el ENRE.

También se incluye "el caso de personas que se declaran titulares de una pluralidad de servicios", según los reguladores. "Cabe recordar que, en ese sentido, se considera titular de suministro a quien efectivamente usa, junto a su grupo conviviente si fuera el caso, el servicio de electricidad en el domicilio en cuestión", puntualizó la instrucción del Enre a Edenor y Edesur.

"Los domicilios cuya titularidad continúe con inconsistencias serán susceptibles de cortes", informó el regulador.

Tanto Edenor como Edesur tienen que habilitar mecanismos sencillos, incluyendo herramientas digitales, que puedan facilitar y agilizar la gestión. 

Edesur y Edenor deben realizar este proceso entre noviembre y diciembre de este año a "las personas usuarias comprendidas en este universo para que, en el plazo de 10 días hábiles, realicen el reempadronamiento", Según el reglamento de suministro, "los domicilios cuya titularidad continúe con inconsistencias serán susceptibles de cortes", recuerda el Enre.

Aunque el Gobierno no explicó las razones de esta decisión, todo indica que guarda cierta relación con la reducción de subsidios. En el Gobierno quieren eliminar las subvenciones a los sectores de mayores ingresos. Se habla de personas con ingresos equivalentes a 10 canastas básicas.

Para que esa quita de subsidios sea eficiente, las empresas -y el regulador- deben tener un padrón en que cada titular sea residente de la vivienda en cuestión.

Este proceso obligará a los inquilinos a tener que gestionar su titularidad del servicio frente a las empresas. En caso que no lo hagan, Edesur y Edenor les pueden llegar a cortar el servicio. Pero también puede pasar que solo pierdan el subsidio del Gobierno nacional en las boletas.

En las empresas desconocen si esta premura por identificar a los usuarios guarda alguna relación con una eventual quita de subsidios. El Gobierno trabaja en una segmentación de esas subvenciones. Los sectores de mayores ingresos no recibirían ningún subsidio, los de ingresos medios pagarían aumentos de tarifas al ritmo de la inflación (aunque seguirían subsidiadas), mientras que los de menores ingresos seguirían alcanzadas por tarifa social o mecanismos similares.

El plan de segmentación es alentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Los sectores más kirchneristas no lo venían empujando. Pero la decisión tomada por el Enre puede estar mostrando algún giro.

Soledad Manín es la interventora a cargo del organismo regulador. Antes fue parte del equipo de Federico Basualdo, que antes también fue interventor en el Enre, pero luego ascendió a subsecretario de Energía Eléctrica. Manín y Basualdo suelen tomar decisiones coordinadas, según fuentes oficiales y empresas.

La identificación de la titularidad de los hogares es "fundamental" para construir un registro informativo que permita establecer qué personas tienen que seguir estando subsidiadas, según legisladores del Frente de Todos.

En el oficialismo hicieron campaña con "Si a tarifas accesibles" y blandieron los aumentos de este año (6% en gas y 9% en luz para Buenos Aires) como uno de los logros de su política de gobierno.

La medida parece apuntar a preparar el terreno para alguna corrección tarifaria.

Durante el verano, el costo de generación eléctrica es más elevado, pero el Gobierno ya les avisó a las empresas que no le pueden trasladar esos mayores costos a los clientes en las facturas. El Estado, a través de Cammesa, se hará cargo.

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