ANDRÉS SANGUINETTI

Apesar de haber recibido un aumento del 9% para las tarifas que cobran a sus clientes, las distribuidoras de electricidad siguen acumulando problemas financieros y no logran revertir el escenario de fuertes pérdidas que vienen soportando desde hace ya varios años.

El caso de Edesur sirve para graficar la grave situación que atraviesan las empresas dedicadas a la provisión de luz a más de seis millones de personas en el ámbito de la Capital Federal y gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Las razones que justifican semejante deterioro de las cuentas de Edesur suelen ser las mismas: tarifas congeladas, aumentos insuficientes, gastos creciente, inflación, devaluación y, en el último año, las medidas sanitarias y restricciones impuestas para combatir la pandemia del Covid-19.

La compañía acumula estados contables que, desde el 2010, reflejan nada más que tres períodos positivos y otros siete negativos.

Con una importante salvedad vinculada al balance del 2019, cuando informó ganancias por $12.600 millones pero que reflejó un asiento contable vinculado al intercambio de deudas cruzadas con el Estado nacional que le permitió evidenciar en ese balance un elevado nivel de rentabilidad.

Es más, en lo que va del año, la compañía propiedad del grupo italiano Enel acumula una perdida de $14.836 millones, lo cual representa un incremento del 180% contra los $ 5.326 millones que perdió en igual período del 2020, durante la pandemia del Covid-19.

Es decir, entre enero y septiembre pasado, Edesur acumula un rojo mensual de $ 1.648 millones, o $ 494 millones por día, que también representan una pérdida de $2,3 millones por hora.

Una bomba de tiempo que el gobierno no parece estar dispuesto a desactivar si se analizan las medidas tomadas hasta ahora mediante las cuales solamente se abrió el cepo tarifario para otorgar un retoque menor al 10% luego de dos años y medio de congelamiento, contra una inflación acumulada del 100% desde la última revisión tarifaria del 2018.

La empresa debe además financiar costos de obras y mantenimiento que no dejan de aumentar, así como los gastos de materiales, contratos con terceros y las subas salariales pactadas con el gremio del sector.

En este marco, los ingresos de Edesur durante los primeros nueve meses del 2021 cayeron un 20%, pasando de los $ 70.000 millones del año pasado a lo $ 55.776 millones del actual período.

De todos modos, Claudio Cunha, Country Manager de Enel en Argentina, enfatizó en el nivel de inversiones que la compañía mantiene y que se incrementaron en un 20% "lo cual permitió que en el invierno hayamos mejorado el tiempo medio de atención en un 25% para los cortes de baja tensión".

Sin embargo, el ejecutivo advirtió que la situación económica de la empresa "es insostenible y requiere una pronta solución por parte del gobierno".

Es que a pesar de la entrada en vigencia de la Resolución ENREN° 106/2021, que aprobó un aumento promedio del 9% en el cuadro tarifario de Edesur a partir de mayo pasado, las cuentas no cierran, la caja se achica, la deuda se incrementa y el escenario futuro se torna cada vez más incierto, en un marco de relaciones con las autoridades nacionales que no atraviesa por un buen momento y suma reclamos por parte de sectores kirchneristas para anular la concesión.

De hecho, la suba tarifaria dispuesta se tradujo en un incremento del valor agregado de distribución (VAD) del21,8%, que no resultó suficiente para revertir la caída de los ingresos, y en el traspaso a tarifa de las variaciones en el precio estacional que estaba pendiente.

Desde Edesur recuerdan asimismo, que la Resolución ENRE N° 263/2021 estableció nuevos cuadros tarifarios con aplicación a partir del 1° de agosto pasado que solo modifican el precio estacional estabilizado para los grandes usuarios con demandas mayores a 300 kW. Para la empresa, significó un aumento en la tarifa media del 3,1% sin producir cambios en el VAD.

En el caso del EBITDA acumula en los primeros nueve meses una ganancia de $820 millones mientras que el resultado operativo (EBIT) se vio afectado por la caída registrada en los ingresos y por mayores costos por depreciaciones producto de las mejoras en las inversiones realizadas que llegaron a los $12.131 millones contra los $ 9.435 millones del año pasado, lo cual representa un incremento del 29%.

Del mismo modo, la demanda acumulada de energía eléctrica en el área de concesión de Edesur aumentó 3,1% con respecto a igual período del 2020, alcanzando 15.520 GWh. Analizando la demanda por tipo de usuario, se evidencia que la residencial registró un incremento del 2,7%, mientras que los consumos intermedios (sector comercial), sufrieron una caída del 6,8% debido al fuerte impacto de la pandemia y el contexto macroeconómico.

A su vez, el consumo de las grandes demandas (Demanda No Residencial mayor o igual a 300 kW) ha presentado un notorio incremento del orden del 37% con respecto al mismo período del año anterior.

En cuanto a las ventas de energía llegaron a los 12.406 GWh y tuvieron un incremento del 3% con respecto a igual período del 2020 cuando fueron de 12.022 GWh, debido a que no estuvieron vigentes las mismas restricciones de confinamiento por pandemia del año pasado, situación que permitió una lenta recuperación del consumo, principalmente en el sector industrial.

La cantidad de clientes aumentó 1%, debido al crecimiento de los de tarifa T1 - pequeñas demandas de uso residencial, mientras que las pérdidas de energía acumuladas en los últimos 12 meses se mantuvieron en el 18,4%.

Historia repetida

Durante el primer semestre del año, Edesur ya había registrado nuevamente pérdidas récords por $12.375 millones que representaban un fuerte incremento del 22% con respecto a los $3.879 millones que también había perdido en el mismo semestre pero del 2020.

Resultados que también sirven para reflejar la fuerte crisis financiera que atraviesa la distribuidora que ofrece sus servicios a cerca de 2,5 millones de clientes de más de dos millones de hogares y abastece a comercios y a grandes empresas en un área de concesión de 3.300 km2 en la Zona Sur de Capital Federal y 12 partidos de la provincia de Buenos Aires.

De hecho, se convirtió en la empresa de servicios públicos que mayores pérdidas acumula desde el 2010 teniendo en cuenta que al resultado negativo del primer trimestre de este año se le deben sumar los balances negativos de los últimos 10 años que, en conjunto, acumulan $11.400 millones.

Si se comparan estas cifras y se recuerda el rojo de $12.375 millones entre enero y junio pasados, se puede sostener que en tan sólo seis meses, Edesur perdió más que en la última década. Incluso, a pesar de que el gobierno del presidente Alberto Fernández otorgó una suba de tarifas del 9% que se comenzó a aplicar a partir de mayo.

Ya en ese momento, Cunha, había efectuado un crudo escenario sobre la situación actual de la compañía, aclarando que el retoque tarifario no es suficiente para revertir la situación.

"Después de dos años de congelamiento de tarifas, el ajuste del 9% recibido resulta insuficiente para mantener la calidad de servicio que nuestros clientes y que el desarrollo de la economía del país necesitan", advirtió el ejecutivo.

De todos modos aclaró que "los accionistas de Edesur seguimos acompañando, pero necesitamos que se avance en una solución definitiva, ya sea vía subsidio o tarifa".

Sin embargo, el panorama de la compañía es incierto, teniendo en cuenta su complicada situación financiera y comercial que ha venido sufriendo en la última década y que es mayormente producto del congelamiento de los precios de la tarifa impuesto por los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

De hecho, el año pasado también vio retroceder sus ingresos en un 25%, producto del congelamiento tarifario vigente y de varias medidas impuestas por Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y otras relacionadas, durante la pandemia.

La compañía se encuentra acostumbrados a operar en un escenario de cepo de precios, con incrementos de costos y balances que, año tras año, describen la complicada situación financiera que le toca atravesar.

La distribuidora también sintió los efectos de la recesión y la crisis económica, ya que sus ingresos siguieron cayendo debido a una menor demanda de energía como resultado del contexto macroeconómico adverso.

De hecho, solamente en el 2018 y el 2015 repitió balances positivos, con ganancias por $3087 millones y $1330 millones, respectivamente. El resto de los estados financieros de los años que componen la última década fueron escritos en rojo.

En el 2010 perdió $52,7 millones; en el 2011 otros $461 millones, mientras que en el 2012 su rojo fue de $1066 millones. Un año después, pasó a pérdidas por $1160 millones; en el 2014 a $1358 millones.

Luego del resultado positivo del 2015, en el 2016 volvió a la senda negativa con una pérdida por $276 millones. El 2017 lo cerró también en rojo, con $1046 millones, para lograr nuevamente un resultado positivo en el 2018, al igual que el balance del 2019 con el ajuste contable explicado más arriba de esta nota.

El cierre de la década, lo da el estado de resultados del 2020, cuando retomó el sendero de complicaciones y cerró el año otra vez en rojo.

Como en los últimos 10 años, siguió sin distribuir dividendos y reinvirtiendo la totalidad de los recursos disponibles al punto que el año pasado usó $9.487 millones para ese objetivo y que, sumados a los más de u$s700 millones invertidos en los últimos cuatro años (2016-2019), le han permitido una mejora en la reducción de la duración promedio de los cortes en un 29%.

Más allá de los datos económicos, la relación de los ejecutivo de Edesur y del propio grupo Enel con el gobierno no es buena teniendo en cuenta que las autoridades nacionales optaron por mantener el congelamiento; frenaron el acuerdo de tarifas que el sector había alcanzado con el anterior gobierno y avanzan en dos investigaciones contra la empresa vinculadas a una denuncia hecha por un grupo de intendentes bonaerenses y a un incendio que generó un masivo corte de electricidad en enero pasado.

De hecho, sectores del oficialismo que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner impulsan la recisión del contrato de concesión y la estatización del servicio que en la actualidad opera en la zona sur porteña y 12 municipios bonaerenses (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente).