Sebastián Piñera ha salido personalmente a discutir el resultado de la última filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en sus siglas en inglés), que prueban la venta, en 2010, del proyecto minero Dominga a su mejor amigo. La operación, por 152 millones de dólares, se realizó mediante una empresa offshore abierta en las Islas Vírgenes Británicas.

Un remezón político y judicial provocó el capítulo chileno del reportaje “Pandora Papers”, el cual atribuye a la familia Piñera-Morel haber sido la mayor accionista del proyecto minero-portuario Dominga, que habría vendido al empresario Carlos Alberto Délano, amigo cercano del hoy Presidente de la República, en un paraíso fiscal y con el compromiso de que el área geográfica donde se emplaza no sería declarada zona protegida.

Es en las Islas Vírgenes Británicas donde estuvo alojada desde 1997 Bancard International Investment , la más activa de las sociedades offshore que creó el entonces senador de Renovación Nacional. Su existencia se conoció recién a fines de 2016, gracias a un reportaje de radio Biobío, mientras que en mayo de 2017 CIPER revelaría que además existía una sociedad llamada Bancard International Development Inc. en el mismo paraíso fiscal.

La hipótesis de ese reportaje era que el entonces candidato presidencial se estaba desentendiendo de parte de sus negocios al atribuirlos a sus hijos, pero que la línea divisoria no era tan clara. En realidad, él les había ido traspasando su fortuna a lo largo de los años y eran parte del mismo grupo económico, indicó CIPER, uno de los medios parte del consorcio ICIJ a cargo de la investigación.

En una declaración en La Moneda, el mandatario señaló que los hechos conocidos no son nuevos y que la justicia determinó en 2017 que la venta del proyecto minero se ajustaba a la normativa.

"Me parece inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad y delito y además, estableciendo la nula participación de este Presidente", sostuvo.

Además, Piñera añadió que la decisión de vender minera Dominga "no me fue consultado ni informado, precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés".

Acompañado del ministro vocero, Jaime Bellolio, Piñera indicó que "no es cierto que haya una información nueva, esa información está contenida en el proceso y además conocida en la prensa (...) Pero además quiero decir algo muy claro, lo voy a decir en forma muy de fondo, como Presidente de la República jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común por sobre cualquier otro interés".

Agregó que "como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2009, hace ya más de doce años y antes de asumir mi primera Presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de la empresas familiares".

El mandatario aseguró que voluntariamente "constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros. En forma igualmente voluntaria también lo hicieron mi mujer y mis hijos, como una muestra de transparencia".

Planteo que "a partir de esa fecha no tuve ningún conocimiento e información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y de una administración profesional".

Piñera en su intervención afirmó que "ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión en el extranjero", agregando que "el hecho de ser Presidente me ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios, pero también me ha significado la tremenda satisfacción de saber de que hemos trabajado con total entrega y compromiso en tiempos muy difíciles para mejorar la calidad de vida de mis compatriotas".

Asimismo, rechazó la presentación de una acusación constitucional en su contra que estudia la oposición respecto al caso. "Es verdad que la política chilena está viviendo un clima de mucha descalificación y poco respeto por la verdad. Sin embargo, me parece absolutamente inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito, y además estableciendo la nula participación de este presidente".

Pese a ello, desde el mismo domingo que se conoció la noticia, en la oposición se comenzó a gestar la idea de una acusación constitucional en contra del jefe de Estado.

El primero en plantearlo fue el subjefe de bancada de los diputados de la DC, Gabriel Silber. A él se fueron sumando durante la jornada de ayer varios de sus pares. De ahí que se analizara el tema en una cita que se produjo pasadas las 17:00 horas en el Congreso.

En la reunión participaron representantes de todas las fuerzas opositoras y se estudió la viabilidad de la acusación junto con las declaraciones que sobre el tema realizaron el Gobierno y el propio Piñera. Casi una hora duró el encuentro, tras el cual el subjefe de la bancada PS, diputado Jaime Naranjo, calificó de "extraordinariamente graves y delicados" los hechos conocidos, por lo que "ameritan que la oposición ponga sus equipos jurídicos a disposición para iniciar el estudio de una acusación constitucional al Presidente de la República ”.

Y agregó que recopilarán los antecedentes que fundarán el instrumento, aunque recalcó que hay “voluntad” para presentarlo. Pese a que el jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, señaló que aún “no es una decisión tomada”.

El subjefe de la bancada DC, Gabriel Silber, admitió que en el sector existe lo que calificó como un “disenso técnico procesal”, pero no del mérito de la acusación. Y para avanzar en ella es que quieren ponderar los hechos que abarcan la declaración de zona protegida en la que se emplaza el proyecto, para hacerla viable jurídicamente.

En todo caso, en su declaración, Piñera también se refirió a la eventual acusación, señalando que “me parece inaceptable que se use una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país ”, descartando la existencia de cualquier irregularidad y delito”, enfatizando que se estableció su “nula participación”, informó DF.