“Es inviable”. Es la postura que una parte del Poder Ejecutivo ha dado a conocer sobre el proyecto minero Tía María de Southern Perú, valorizado en US$ 1,400 millones, y que se encuentra ubicado en la provincia de Islay, en Arequipa.

En los últimos días, la vicepresidenta Dina Boluarte y Pedro Francke, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), coincidieron al afirmar que el proyecto cuprífero, que aún no logra tener la licencia social de la población de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdivia, sería inviable por la resistencia social y el impacto ambiental que generaría.

Cabe indicar que en el 2019, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) otorgó la licencia de construcción a Tía María que incluía observaciones, entre otros, por la falta de un estudio hidrológico. El trámite administrativo avanzó ante el vencimiento de la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en el 2014.

Hablan los dirigentes

A 11 años de la primera consulta social sobre la realización de Tía María, en el que se estima producir aproximadamente 10,000 toneladas de mineral por día, 7,000 agricultores que integran la Junta de Usuarios del Valle de Tambo “se mantienen opositores al proyecto”, indica su presidente, Jesús Cornejo.

Sus principales motivos -argumenta- es la cercanía (800 metros) entre el proyecto minero y el río Tambo, el principal afluente para su actividad agrícola. Asimismo, afirma que el 90% del distrito estaría concesionada a inversiones mineras, incluida La Tapada, lo que limitaría la ampliación de la frontera agrícola.

Cornejo, que se desempeña como agricultor, y quien dejaría en noviembre próximo el cargo tras las elecciones internas de la Junta de Usuarios, es también hermano del alcalde del distrito de Cocachacra, Julio Cornejo, quien dijo que se ha solicitado ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la visita del presidente Pedro Castillo al lugar para que “reafirme que el proyecto no va como se comprometió durante la campaña electoral”.

Aunque no niega que hayan grupos más pequeños que apoyan el proyecto, indicó que “la gran parte de la población quiere la cancelación de la licencia de construcción”. Consultado sobre su postura, indicó que su gestión impulsa la actividad agrícola.

“Fuimos el primer valle en iniciar un proceso de mecanización agrícola e introducir tecnología al campo. Por hectárea producimos 45,000 kilos de papa, y nuestras 12,000 hectáreas instaladas se dividen en producción también de ajo, cebolla, caña de azúcar, zapallo y arroz”. Según su punto de vista. “la minería no garantiza que se salga de la pobreza”.

Marilú Marroquín, presidenta de la Junta de Usuarios de Riego de Ensenada-Mejía-Mollendo desde el 2017, y que reúne a 700 agricultores que ocupan 2,500 hectáreas de terrenos agrícolas, también afirmó que sus integrantes han pedido la cancelación del proyecto.

“Más allá de que no le demos la licencia social, el proyecto no puede ir porque obtuvo la licencia de construcción sin que tenga asegurado un componente importante que era el agua. A eso, se suma que han perdido la concesión de Vania (en agosto de este año); entonces, el proyecto ni la planta de procesamiento sin agua asegurada pueden ir”, explicó.

Consultado sobre cómo iban a promover el desarrollo económico del lugar si el proyecto minero se cancelaba; Marroquín -quien se lanzó como candidata distrital en el 2018 por Perú Libertario-, respondió que se está solicitando al Congreso de la República la aprobación de una ley que declare de utilidad y necesidad la conservación de las lomas de la provincia de Islay por contener sistemas frágiles. Asimismo, han exhortado a que se garantice la ejecución de una presa que asegure el recurso hídrico en el valle.

Por su parte, Miguel Meza, quien se presentó como pintor, agricultor y vocero del colectivo en Defensa del Valle del Tambo desde el 2018 -tras desactivarse el Frente de Defensa por denuncias interpuestas por el Ministerio Público tras el conflicto del 2015-, también es otro opositor al proyecto aunque indicó que “el pueblo debe ser nuevamente consultado si preferimos vivir de la agricultura o minería para zanjar el conflicto”.

Aunque también indicó que el pueblo no le daría la licencia tras los procesos que se han seguido contra dirigentes que protestaron entre el 2011 y 2015.

Proyecto es viable, dice Southern

Pese a que perdió la concesión de Vania, el vicepresidente de Finanzas de Southern Copper, Raúl Jacob dijo que “han tomado acciones para que no sea un impedimento para el inicio del proyecto minero”. En ese sentido, afirmó que Tía María debe continuar pues cuenta con “todos los permisos necesarios y la parte social muestra un gran avance”.

También informó que el equipo local que tiene la empresa en Arequipa “trabaja directamente con la población” y, durante el contexto de pandemia, indicó que se realizaron más de 7,000 atenciones con su patrulla antiCOVID, además de haber organizado programas virtuales a los que se conectaron más de 210,000 personas, y 24 proyectos por convocatoria que han favorecido a 1,412 personas.

“Hay 15 asociaciones agropecuarias que han iniciado el diplomado de Agronegocios con Esan y Agroideas”, añadió.

Respecto a la preocupación de la población sobre el uso de agua, reafirmó que en el EIA se tiene contemplado el uso de agua de mar desalinizada, “sin tomar una gota de agua del río Tambo para nuestras operaciones. Lo que sucede es que quienes se oponen al desarrollo de la minería han posicionado una versión del tema que no es cierta y ello genera dudas en algunas personas”.

Añadió que se avanza en la construcción de una carretera que entrará al desierto desde el Sur de Mollendo y evitará un movimiento constante de camiones y personal en el valle durante su construcción, a lo que se sumará la construcción de un ferrocarril de 32 kilómetros para que durante la operación de Tía María se muevan los materiales y la producción sin afectar el tráfico carretero local.