CANDELA INI

El fiscal Patricio García Elorrio continuó esta tarde con la acusación a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y al extitular del a AFIP, Ricardo Echegaray en el juicio oral por el caso Oil Combustibles, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de planes de facilidades de pago especiales del impuesto a la transferencia de combustible líquido (ITC) de la AFIP a la firma durante la gestión de Echegaray al frente de la AFIP. 

De ese modo, anticipó que pedirá condenas para los acusados.

En la audiencia anterior, García Elorrio sostuvo que hay prueba suficiente y valorada de acuerdo con las reglas de la lógica para alcanzar la certeza sobre la materialidad de los hechos y la participación de los acusados.

El fiscal formuló una reseña de algunas declaraciones testimoniales ocurridas en el marco de este juicio oral, todas en torno a los balances de la firma Oil Combustibles y a su situación fiscal a lo largo de diferentes períodos.

Una de las testimoniales aludidas por García Elorrio había sostenido que las empresas del Grupo Indalo se financiaban con dinero proveniente de Oil Combustibles, y que, a su vez esta, empresa se financiaba con el Estado Nacional. También se hizo mención en el alegato a una serie de resoluciones de la AFIP y a las auditorías de la consultora Deloitte en torno a la situación de la empresa.

Otro de los testimonios retomados fue el de Jorge Schiaffini, un funcionario de la AFIP que elaboró uno de los informes de situación fiscal de Oil Combustibles. García Elorrio repasó los dichos de aquella declaración testimonial.

También aludió a la testimonial del abogado Emilio Candina (un exfuncionario de la AFIP que había ratificado denuncia contra López, De Sousa y Echegaray), quien señaló que a medida que aumentaba el pasivo de Oil, aumentaba la cantidad de transferencias financieras a otros integrantes del Grupo Indalo, aumentando así el patrimonio neto de esas empresas.

Según esa declaración, los planes de facilidad de pago que le fueron concedidos al Grupo Indalo fueron utilizados como forma de apalancamiento financiero.

Según Candina -retomó el fiscal- se habría logrado evidenciar que, con el progresivo endeudamiento de los impuestos a los combustibles líquidos y las eventuales irregularidades, la firma Oil había sido una fuente de financiamiento de otras empresas del grupo, y que esto había quedado plasmado en un informe.

En este tramo del caso, Cristóbal López, De Sousa y Echegaray son acusados de defraudar al Estado mediante la implementación irregular de planes de pago para el impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) a la empresa Oil Combustibles.

De Sousa tiene como abogado al reconocido penalista Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes se ocupan de los frentes judiciales de Cristina Kirchner. López es representado por Fabián Lertora, y Echegaray designó a León Arslanian y Martín Arias Duval.

La AFIP desistió de su rol de querellante en esta causa, y el único acusador que hay es el Ministerio Público Fiscal. Se espera que García Elorrio dé a conocer el pedido de condenas para los acusados en la próxima audiencia aunque, dijeron fuentes judiciales, por cuestiones de tiempo podría necesitar otra audiencia para finalizar con la valoración de la prueba.

Después de ese pedido de penas, Echegaray, De Sousa y López podrán defenderse, y luego se pasará a un cuarto intermedio para que los jueces comiencen a deliberar. La decisión final estará en manos de los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Feliciano Ríos.

Los acusados y sus defensores buscaron -a lo largo de este proceso- desprestigiar a los testigos que ratificaron las acusaciones en el expediente. Entre otros argumentos esgrimidos señalaron a otras empresas que recibieron planes de facilidades de pago especiales por parte del ente recaudador y justificaron tanto el accionar de la AFIP durante la gestión de Echegaray como la conducta del Grupo Indalo.

El futuro de la deuda

En paralelo con esta causa penal, mientras la AFIP desistía de avanzar contra ellos, López y De Sousa dieron otro paso en los tribunales comerciales, donde ya tienen levantada la quiebra de Oil Combustibles. Hace dos semanas, comunicaron que consolidaron su deuda fiscal con dos planes de pagos que suman más de $12.700 millones y que deberán devolver durante los próximos años, en 97 cuotas con una tasa de interés fijada por debajo de la inflación.

López y De Sousa detallaron que el primero de los planes de pago -basado en la moratoria que impulsó el gobierno de Alberto Fernández y que incluyó a empresas quebradas y el impuesto a la transferencia a los combustibles-, superará los $12.000 millones y será a ocho años. El segundo plan, en tanto, ascenderá a $628 millones, a pagar en cuatro años. La oposición en el Congreso advirtió que las moratorias dispuestas por el Gobierno fueron “trajes a medida” de López.